MÉXICO.– Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa han dejado el mundo de los desaparecidos y entrado oficialmente en el de los muertos. Desde ayer, las autoridades mexicanas les consideran fallecidos y sostienen, ya sin asomo de duda, que fueron detenidos, asesinados e incinerados. Y todo por una terrible confusión: los sicarios de Guerreros Unidos los tomaron por integrantes de un cartel rival, Los Rojos.

Esta conclusión, rechazada de plano por las familias, abre el camino al cierre de un caso que ha convulsionado al país como pocos en la historia reciente y cuya persistencia en las primeras planas, alimentada por las dudas sobre la investigación oficial, lo había transformado en un huésped incómodo para el Ejecutivo. Un foco de erosión y protesta ante el que el presidente, Enrique Peña Nieto , cuyo nivel de aceptación popular toca mínimos históricos, ha decidido pasar página: «Estoy convencido de que este instante, este momento de la historia de México, de pena, tragedia y dolor, no puede dejarnos atrapados; no podemos quedarnos ahí».

En este nuevo capítulo de la tragedia de Iguala ha jugado un papel fundamental la reciente detención de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo. Este sicario de Guerreros Unidos, líder de una célula de 10 maleantes, fue el hombre que, según confesión propia, recibió la instrucción de su jefe de liquidar a los estudiantes. El núcleo de su espeluznante declaración habla por sí mismo: «El Chucky [su jefe] me llamó por teléfono y me dijo que me iban a entregar dos paquetes con detenidos y que eran de Los Rojos [.] Eran entre 38 y 41, no los conté; algunos venían amarrados con mecate o esposados, y otros golpeados y ensangrentados [.]. Al llegar al basurero de Cocula, bajamos a los estudiantes de las camionetas. Me percaté de que algunos, los que estaban abajo, ya habían muerto, creo que por asfixia. Quedaban vivos unos 15 a 18 estudiantes [.]. Le encargué a El Pato que se hiciera cargo de todo, de entrevistarles y darles piso y que destruyera todo [.]. El Pato ya había acostado a cuatro detenidos y les disparó en la nuca».

«Al llegar al basurero de Cocula, bajamos a los estudiantes de las camionetas. Me percaté de que algunos, los que estaban abajo, ya habían muerto, creo que por asfixia. Quedaban vivos unos 15 a 18 estudiantes»

Con esta explosiva confesión en la mano, el Gobierno mexicano decidió salir en tromba y poner punto final a las especulaciones sobre la tragedia de Iguala. Para ello puso delante de las cámaras al procurador general, Jesús Murillo Karam, y al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón. Ambos dieron un intenso repaso a las investigaciones efectuadas: 487 informes periciales, 386 declaraciones, 99 detenidos, 95 teléfonos móviles investigados, 14 registros. De esta batería de pruebas destacaron los restos óseos (uno de ellos identificado por el ADN como perteneciente al normalista Alexander Mora Venancio), las trazas de la pira que supuestamente devoró los cadáveres, las confesiones de los sicarios y los agentes municipales, los reconocimientos de los supervivientes, así como las conexiones y ubicaciones de los teléfonos celulares esa noche. Todo ello les permitió ofrecer un cuadro final, «una verdad histórica» de lo ocurrido, y que, en esencia, corresponde con la reconstrucción oficial conocida desde noviembre pasado.

«Le encargué a El Pato que se hiciera cargo de todo, de entrevistarles y darles piso y que destruyera todo [.]. El Pato ya había acostado a cuatro detenidos y les disparó en la nuca».

El relato se inicia la tarde del 26 de septiembre, cuando los normalistas entraron en Iguala (Guerrero) con la intención de recaudar fondos para sus actividades y de tomar a la fuerza cuatro autobuses para asistir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México. Su llegada a una localidad sometida al imperio del cartel de Guerreros Unidos no pasó inadvertida. Los halcones alertaron a sus jefes, entre ellos, al propio alcalde y su esposa, dos importantes integrantes de la organización criminal. La orden de pararles devino en locura. La Policía Municipal de Iguala, una terminal del narco, inició una feroz persecución que dejó sobre el asfalto seis muertos y permitió la captura de 43 aterrados estudiantes. Para borrar huellas, se les puso en manos de los agentes del vecino municipio de Cocula, igualmente corruptos. Los sicarios estaban convencidos de que entre los estudiantes había miembros del cartel rival, Los Rojos. Y de la captura se pasó al exterminio. Los normalistas fueron entregados a los sicarios en el paraje de Lomas del Coyote. Subidos en dos camionetas, fueron trasladados hasta un recóndito basurero de Cocula. Apilados como bestias, uno encima del otro, la mayoría llegó muerta por asfixia. A los supervivientes, una vez en el vertedero, les mataron de un tiro en la nuca. Sus cadáveres fueron incinerados en una inmensa pira y los restos, siempre según esta versión, arrojados en bolsas de basura al río San Juan.

Pese a la abundancia de testimonios aportados, la intención gubernamental de pasar página va a ser difícil del cumplir. El propio procurador general reconoció que mientras no se detenga a todos los implicados la investigación seguirá abierta. Entre los prófugos se encuentran los jefes policiales de Iguala y Cocula y también los lugartenientes de Guerreros Unidos que dieron la orden de matar a los estudiantes. Sus testimonios son claves para despejar las últimas dudas. Entre ellas, la fundamental: por qué los sicarios tomaron a los estudiantes por un cartel rival. Murillo Karam señaló que no hay ninguna prueba que indiqué que hubiera infiltrados del narco entre los estudiantes. Y si esto es así, ¿qué ocasionó esa terrible confusión?

Tampoco le resultará fácil al Gobierno, en pleno año electoral, restaurar la confianza. Las familias de los fallecidos se han distanciado de las tesis oficiales. Para muchos de ellos, el Ejecutivo carece de credibilidad y se niega a llegar al final de la trama. «Repudiamos la forma de actuar el Gobierno, pretenden cerrar de forma descarada el caso y no les importa el daño que causen a las familias. No bastan las declaraciones de los asesinos, queremos una demostración científica. Los padres seguimos en la lucha», señaló el portavoz de las familias, Felipe de la Cruz. «Falta de mascada información no podemos permitir que este caso se cierre de un día para otro», afirmó el representante de los normalistas, David Flores.

Bajo esta borrasca, algunos medios que han llegado a apuntar a la responsabilidad del Ejército y de la Policía Federal en la matanza. Una imputación que desmienten las autoridades mexicanas. Pero la hoguera difícilmente se apagará. Las protestas por la tragedia de Iguala siguen convocando a miles de personas y, en un país que se ha visto sacudido en pocos meses por una sucesión de escándalos en las más altas esferas, cualquier chispa puede ahondar la crisis.