Escrito por: Pilar Moreno

SANTO DOMINGO.– Los consejos de administración de las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado se han convertido en una pesada carga para el erario, debido a los escandalosos salarios y beneficios marginales que devengan sus miembros, en puestos que hasta hace unos años eran honoríficos.

Más de 50 instituciones estatales tienen consejos de administración cuyos miembros se reúnen a “trabajar” una o dos veces al mes, pero que cobran salarios que, en algunos casos, superan los $600,000 mensuales.

Adicionalmente, reciben recursos por concepto de dietas, gastos de representación, seguro médico internacional, seguro de vida, tarjetas de crédito abiertas, asignación de vehículos, choferes, combustibles, gastos escolares y doble sueldo navideño.

Sumados los salarios y los beneficios marginales, las entradas netas mensuales de algunos miembros de esos organismos pueden elevarse a más del millón de pesos, lo que constituye una aberración en un país donde el salario mínimo de un trabajador público es de 5,117 pesos.

“Son privilegios irritantes que deben extirparse”, se dolió Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT)

En la mayoría de los casos, esos puestos son usados por los gobiernos para pagar favores políticos a periodistas, altos dirigentes del partido oficial y allegados de los presidentes de turno, y muchas veces no tienen los conocimientos imprescindibles para tomar decisiones en esos organismos.

Como sucede en el cuerpo diplomático y consular dominicano, algunos miembros de los consejos de administración nunca pasan por la institución o no residen en el territorio dominicano.

ALGUNOS EJEMPLOS

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) tiene un Consejo Directivo integrado por seis personas. El presidente, Gedeón Santos, gana $515,506 mensuales y los restantes miembros RD$450,000, más los beneficios marginales.
Félix Jiménez, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo tiene un salario mensual de $644,000.

Las empresas del sector eléctrico tienen siete consejos de administración, de siete miembros cada uno.

Algunos consideran una exageración que haya un Consejo de Administración para cada una de las siete empresas que conforman el sistema eléctrico reformado, los cuales suman 49 miembros, cuyos salarios oscilan entre $180,000 y $207,000, con excepción de la Superintencia de Electricidad.

Datos extraoficiales obtenidos a través de personal de esa entidad indican que el presidente del consejo de la Superintendencia de Electricidad, Eduardo Quiñones Batista, devenga un salario de $430,408.

En el sector eléctrico po seen consejos de administración la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las empresas distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste.

También, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), que representan al Estado en las empresas de generación Haina e Itabo.

Esos organismos tienen una empleomanía integrada por asesores legales, choferes, secretarias y otro personal auxiliar con sueldos igualmente altos que incrementa sus gastos.

Las funciones de sus miembros se limitan a aprobar la contratación de servicios, los nombramientos del personal de alta jerarquía, los planes de nuevas inversiones y los cambios de estrategias en la administración de la institución.

Algunos presidentes y miembros de consejos de administración ocupan otros puestos en el Gobierno, por los que cobran sueldos mensuales adicionales que pasan a engrosar sus cuentas de banco.

Según datos de la página Web de la CDEEE, el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Lidio Cadet devenga un salario mensual de $180,000 como miembro en el consejo de esa empresa, pero fue nombrado recientemente como director de programas especiales de la Presidencia.

En algunos casos, esos funcionarios son miembros de más de un consejo de administración.

Juan Temístocles Montás, ministro de Economía, Planificacion y Desarrollo es miembro del consejo de administración del Indotel y de varias instituciones estatales.

El ministro de Hacienda, Simón Lizardo, comparte esas funciones con la de presidente del Consejo de Directores del Banco de Reservas y miembro de la Junta Monetaria.

“Eso es inconcebible en un país tan pobre”, se quejó Cándido Mercedes, coordinador general del movimiento cívico Participación Ciudadana.

En agosto del 2013 fue promulgada la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, pero como la mayoría de las legislaciones nacionales, sus mandatos cayeron en “saco roto”.

El artículo 27 de esa legislación establece que “Los cargos del sector público dentro de cuyas funciones esté las de presidir o formar parte de algún consejo, junta, comisiones, órganos decisorios, asesores o consultivos, no requieren remuneración especial adicional, incentivos o gastos de representación, accesorios o diferentes a los prescritos en esta Ley”.

“Queda expresamente prohibida la recepción de pago de cualquier índole por el desempeño de estas funciones”, señala.
El artículo 24 de la misma legislación establece que “Los funcionarios públicos no podrán percibir ninguna remuneración con cargo del Estado, distinta a la propia de su puesto de trabajo”.

El acápite b precisa que “No podrán ejercer otras funciones que conlleven el pago de prestaciones o remuneraciones provenientes de otras fuentes, excepto las docentes”.

Trajano Potentini cuestionó el irrespeto de las instituciones públicas a la Ley 105-13 y consideró que su completa ejecución terminaría con el “desorden” en el régimen salarial dominicano.

“No ha habido forma de que se aplique la Ley de Salarios y se corrija ese desorden, que provoca que algunos servidores públicos ganen salarios más altos que el presidente de Estados Unidos, como una serie de beneficios marginales que molestan”, dijo.

“Hay una gran asimetría en términos salariales en en República Dominicana”, advirtió.
Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País (Alpaís), consideró que la inclusión de funcionarios gubernamentales en los consejos de administración de otras instituciones del Estado “es otro mecanismo más de corrupción con visos de legalidad”.

Indicó que los funcionarios podrían desempeñar funciones en los consejos de administración a cambio de una dieta para almorzar, porque los vehículos, el combustible y los choferes que usan para asistir a las reuniones van por cuenta de la institución a la que pertenecen.

“La pertenencia a esos consejos es parte de sus funciones públicas”, añadió el exfiscal del Distrito Nacional.

Empero, esas designaciones son “parte de la piñata que el partido gobernante ha venido haciendo con los recursos públicos, creando el espacio para que muchos de sus miembros reciban ‘legalmente’ cuantiosas sumas de dinero ilícito”, dijo.

Guillermo Moreno aseguró que, de llegar al poder, eliminará los salarios indebidos que por esa vía obtienen los funcionarios.

Cándido Mercedes, coordinador general del movimiento cívico Participación Ciudadana, consideró que esa práctica es una evidencia del “desorden social e institucional” y el “clientelismo político” que impera en República Dominicana, en los últimos 10 años.

“Estamos perdiendo el principio del Derecho”, dijo tras cuestionar que el 62.7 por ciento de los empleados públicos del país ganen menos de $15,000 y el 45.4 por ciento menos de $10,000.