Pelegrín Castillo, a través de mi vida he podido convencerme de que no basta tener la razón, con relación a una realidad social, económica, política, o cultural; sino que es necesario que esa razón sea probada frente a los demás miembros de una sociedad determinada, convenciendo a los demás sobre la justeza de nuestras ideas.
Particularmente quien escribe estas modestas líneas está convencido de que usted es portador de la razón histórica, en torno a la necesidad de frenar el peligroso deterioro que registra la integridad moral y soberana del Estado Dominicano; en mí no se alberga la más mínima duda de que usted ha asumido el rol súper histórico de representar las aspiraciones e inquietudes de aquellos hombres y mujeres que se agrupan en torno a la idea de que hoy la República Dominicana reclama de una conducta encaminada de manera firme a la preservación de la dominicanidad y la dignidad de los dominicanos.
Desde que lo conocí, usted siempre anda con una propuesta sobre qué hacer para sacar adelante a la República Dominicana; eso me ha hecho pensar que usted puede ser un buen presidente para todos los dominicanos; con eso no digo que usted sea perfecto, pero sigo las ideas de José Martí, quien dijo refiriéndose a Bolívar, Hidalgo y San Martín: “Se les deben perdonar sus errores, porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz.” (Véase José Martí, Tres Héroes; La Edad de Oro)
Mi convencimiento, sobre la justeza de sus propósitos, no me lleva a dejar de reconocer que está compelido a enfrentar grandes obstáculos provenientes de fuerzas que harán todo lo posible, y lo imposible, por reducirlo a la más mínima expresión, con el pretendido afán de vender la imagen de que la idea de los que defienden a la República Dominicana, los nacionalistas, está expresada solamente en un grupito insignificante, social, política y electoralmente; sin embargo, no tiene otra alternativa que no sea la de hacer tremolar la bandera que representa la defensa de los más sanos intereses del terruño patrio.
Siempre ha habido dificultades contra los hombres, que en cada momento histórico de nuestro país, han abrazado los impolutos ideales de mantener en alto la dignidad de la dominicanidad y la creencia sagrada de que los dominicanos sí podemos marchar como un Estado independiente, libre y soberano; dificultades tuvo Juan Pablo Duarte y los demás trinitarios que lucharon con la firme convicción de que la República Dominicana podía marchar como un Estado soberano, sin necesidad de ser una colonia de ninguna potencia extranjera.
La defensa de los ideales de construir una República Dominicana soberana le costó a Juan Pablo Duarte, Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez ser declarados traidores a la patria y condenados al destierro perpetuo. ¡Qué ironía, los defensores de la patria ser declarados traidores! (Véase Resolución número 17 de la Junta Central Gubernativa del 22 de agosto de 1844).
La Junta Central Gubernativa presidida por Pedro Santana declara como traidores a quienes entendían que la República Dominicana para encaminarse como un Estado no tenía que pretender el protectorado, ni ser colonia de España, ni de Francia, o de cualquier otro poder extranjero; sin embargo, los antitrinitarios se autoproclamaron los protectores del nuevo Estado, para luego intentar entregarlo a Francia, o a España; como lo hizo Pedro Santana al anexionarlo a España, para ser rescatado por la gallardía patriótica de Gregorio Luperón.
Desde el mismo inicio del Estado dominicano ha habido quienes han entendido que nosotros no podemos bastarnos por si solos como nación independiente y soberana; pero también, quienes por el contrario, a su vez, han creído sólidamente en que los dominicanos tenemos la suficiente entereza para erguirnos como una entidad social, política y cultural sustentada en la autodeterminación y la grandeza de nuestro pueblo.
Foto del profesor Juan Manuel Rosario, autor de la presente carta pública, que envió al Coloso de Macorís. Com, para su publicación
No obstante, la corriente que desconfía en el potencial de la sociedad dominicana ha prevalecido en distintos momentos de nuestra historia; por lo que hoy está planteado el desafío histórico de trabajar de manera persistente y sin descanso en la creación y desarrollo de la corriente que ha sido maltratada desde el mismo inicio de la República: La Corriente Duartiana, que es la corriente del pueblo dominicano.
Hay que derrotar el espíritu de colonia y servilismo vergonzante que ha recobrado bríos preocupantes en la sociedad dominicana.
Usted, Pelegrín Castillo, ha asumido con vivo interés la tarea de contribuir en la creación de esa corriente que, hoy más que nunca, necesita el pueblo dominicano para poder preservarse como colectividad político-social.
Es indiscutible que la asunción de tal desafío le impone abrazar la actitud sustentada en una gran reciedumbre de espíritu y al mismo tiempo en una claridad de visión que imposibilite yerros de carácter histórico, involuntario o no.
Santana abandona a Azua después de haber derrotado a los haitianos, y tal decisión permitió que las tropas haitianas retomaran esa plaza tan importante para la existencia de la Republica ¿yerro histórico o conveniencias personales?; generando preocupación dentro de los trinitarios tal actitud. Siempre me he preguntado ¿Que hubiese sucedido si cuando algunos miembros de los trinitarios que solicitaron al general de brigada José Joaquín Puello que detuviera las tropas de Santana, cuando éstas se aproximaban a la ciudad capital desde el sur, en el 1844,dicho general hubiera atendido a tal petición.? (Sobre esto véase Resolución Ibídem).
¿Hubiese predominado la corriente Duartiana a partir de ese momento en los destinos del país? ¿Se hubiese llevado a efecto el fusilamiento, por órdenes de Pedro Santana, de María Trinidad Sánchez, o el fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez,o del propio general José Joaquín Puello y de Antonio Duvergé? ¿Se puede considerar la decisión del General José Joaquín Puello como un yerro histórico?
No pretendo juzgar a ninguno de esos hombres que vivieron su época histórica, sus propias circunstancias; sólo me hago preguntas de cómo habría sido la historia de haberse actuado de una manera diferente.Sé que la República Dominicana está viviendo momentos súper estelares y también sé que usted sabe la magnitud del compromiso que ha asumido.
Pienso que uno de los errores que se debe evitar a toda costa es el de repetir la cultura enquistada en la psicología del pueblo dominicano, basada en ser extremadamente severo cuando se trata de criticar o enfrentar los errores y las actitudes equivocadas que provienen de un adversario, pero extremadamente benévolos si los mismos errores o equivocaciones proceden de nuestros aliados o amigos personales.
Es grande la tarea que tiene por delante; la República Dominicana ha sido y está siendo víctima de una conspiración en contubernio con la clase política expresada tanto en el partido de gobierno como en los partidos mayoritarios de la oposición.Esa conspiración se puso de manifiesto de manera cruda a partir de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la llamada Ley Especial de Naturalización, la 169-14.
Los que apuestan a la destrucción del Estado dominicano se han valido de todas artimañas para logar tan deleznable propósito. Incluso llegaron al extremo de poner a circular a través del internet la Ley de Migración 95 del año 1939 con adulteraciones serias para confundir a la sociedad dominicana en el debate que se estaba llevando a cabo; esa adulteración consistía en lo siguiente: En el artículo 10 de la referida ley incluyeron, en el acápite C, lo siguiente: “Las personas nacidas en la República Dominicana son consideradas nacionales de la República Dominicana, sean o no nacionales de otros países. Consecuentemente, deben usar documentos requeridos a los nacionales de la República Dominicana.”
¡Qué barbaridad! La auténtica Ley 95 del año 1939 no se refiere a eso por ningún lado; solo se pretendía engañar a la opinión pública, inclusive engañar a las autoridades judiciales, ejecutivas y legislativas de la República Dominicana con el claro propósito de abrirle paso a la destrucción del Estado Dominicano.
La situación llegó a un grado tal que algunos articulistas autodenominados técnicos especialistas citaron a ese artículo como un ejemplo de que el Tribunal Constitucional se había equivocado. (Véase Articulo 10 Ley de Migración del 17 de abril de 1939, Gaceta Oficial número 5299, comparar con el capítulo 10 de ley adulterada).
Suponiendo que ese párrafo fuera incluido a través de una modificación, que no es el caso, el mismo no es aceptable porque un decreto no puede incluir elementos que son de la exclusiva competencia de la Constitución Dominicana, como es el caso de la nacionalidad.
Es por ello que me siento convencido de que la magnitud de la conspiración es mucho más grande de lo que entienden los mismos defensores de los intereses de la República Dominicana.
Igual situación se observó con relación al concepto de tránsito; hubo inventos de todo tipo, se definió ese concepto de la manera que les pareció a los supuestos técnicos que formaron fila contra los intereses de la República Dominicana, cayendo en la deshonestidad profesional de hablar de cosas que no saben, o distorsionando la realidad para acomodarla a sus argumentos mezquinos.
El concepto de extranjero en tránsito en la República Dominicana lo conoce la legislación migratoria con bastante claridad cuando fue establecido en la resolución 2004 en la época del presidente de la República Fernando Arturo de Meriño del 25 de mayo de 1882. En esa resolución, que obligaba a los extranjeros a registrarse en un registro de extranjeros, al referirse a los extranjeros en el numeral 2 del artículo 2 establece: “En caso de que el declarante no tuviera domicilio ni pensare domiciliarse en la República Dominicana hará su declaración de tránsito.” (Véase resolución 2004,1882)
A lo que se refiere esa resolución es que a todos los extranjeros que ingresaran al territorio de la República tenían que registrarse o como domiciliado o como de tránsito; o sea que todo extranjero establecido en la República Dominicana tenía una de dos condiciones: o estaba domiciliado o estaba de tránsito; lo que quiere decir que ese concepto de tránsito fue el que recogió la Constitución, al que se refiere la Sentencia 168-13.
Tanto el domiciliado como el de tránsito estaba legal en el territorio de la República, pero con estatus migratorio diferente, el domiciliado tenia estatus de presencia permanente en el territorio de la República; mientras que el de tránsito tenía permanencia temporal. (Véase resolución Ibídem)
Si los hijos de un extranjero legal en tránsito no adquirían la nacionalidad dominicana al nacer en el territorio de la República, ¿por qué el hijo de un extranjero que se encontraba en el territorio dominicano contra las leyes dominicanas y la Constitución sí podía adquirir la nacionalidad dominicana, conforme a los argumentos de los detractores de la Sentencia 168-13? ¿La persona que naciera en el país hija de un extranjero legal no adquiría la nacionalidad dominicana y el hijo del ilegal si? ¡Absurdo jurídico!
Cualquier persona podrá alegar que esto último es un argumento simplista; porque quien no tiene sentido jurídico cree que leer derecho es como leer literatura o un manual de sociología, o biología, o ciencias políticas,…, y no es así; el desinformado jurídico analiza los problemas del derecho desde la perspectiva de la lógica coloquial, de esa lógica que se sustenta en el razonamiento de los conversatorios de quien aborda el sentido de las leyes desde los criterios brotados de sus especulaciones personales, y no jurídicos.
La lucha por la defensa de la integridad de la dominicanidad, como dijimos, viene de lejos y requiere de un inmenso esfuerzo de crear y desarrollar una estructura social y política orientada con los ideales de Duarte para que algún día la misma se convierta en la expresión dominante de la vida política y social dominicana.
En el año 1854 en la República Dominicana se suscitó un gran debate sobre quiénes debían ser dominicanos y quiénes no, conforme a nuestra Constitución; en la modificación constitucional de ese año un legislador propuso que en la Constitución se introdujera en su artículo 6 una parte que se refería a los extranjeros que naciesen en el territorio de la República, a lo que Alejandro Angulo Guridi respondió desde la pluma del periodismo diciendo que nadie que naciere en un territorio determinado podía ser considerado como extranjero en ese territorio; grave error conceptual de Guridi; además, el legislador en cuestión pretendía establecer que no todo el que naciera en el territorio de la República adquiriría la condición de dominicano. Fue un debate interesantísimo que reafirma que la lucha por la dominicanidad viene de lejos. (Véase Editorial del Orden 11,18 y 25 de marzo de 1854).
El gran reto de usted, Pelegrín Castillo, es indiscutible. Va a tener que enfrentar con valentía el andamiaje anti dominicano que se ha articulado durante décadas; se ha venido trabajando de manera persistente para hacer creer al dominicano que él no tiene derecho a defender la dominicanidad, su país, su soberanía. Esa estrategia de bajar la autoestima del dominicano se acrecentó a partir del año 1937, haciendo sentir culpable a la población dominicana; para ello se ha hablado de hechos sobre los que no se presentan datos científicamente confiables.
En esa estrategia de alienar la conciencia del pueblo dominicano se ha desarrollado un cuerpo de “historiadores e intelectuales dominicanos” que se apegan más a la lógica de los historiadores haitianos como Beaubrun Ardouin, Jean Price Mars…, que a las fuentes dominicanas: documentos históricos, historiadores como José Gabriel García…; hay un afán más en demostrar que los dominicanos somos “culpables” de algo que no hemos hecho, que en explicar la verdadera historia; es como si tuviéramos las quintas columnas intelectuales encargadas de sepultar la existencia de la República Dominicana.
Se ha pretendido avasallar y transformar nuestra esencia cultural; se nos acusa de racistas por hechos y vocablos que nada tienen que ver con el racismo dentro de la cultura dominicana; que un dominicano le diga a una mujer: “Qué hermosa negra”, eso no es racismo en la República Dominicana ; que una mujer diga: “Me gusta ese negro” eso no es racismo en la cultura dominicana; que un hombre diga: “Me gusta esa india, o esa mulata, o esa rubia” refiriéndose a una mujer, eso no es racismo en la cultura dominicana. El dominicano en sentido general no ve como despectivo el ser negro o el ser mulato, o el ser blanco.
Quizás en la República Dominicana se da lo que decía Tomás Blanco, con relación al racismo, cuando manifestó en la década del 30: “En Puerto Rico no sabemos todavía muy bien lo que es el prejuicio racial. Vagamente-con vaguedad y vagancias mentales- tendemos a confundirlo hasta con las llamadas “convivencias” o convenciones sociales, que no se basan precisamente en el color de la piel ni en la pureza de la sangre, sino en el estado social del individuo que la posesión de riquezas, de prestigio, de cultura, de educación, etc., determina. La confusión es hasta cierto punto natural, puesto que es entre las clases desheredadas- sobre todo en la población costeña- donde más abunda la sangre de color.” (Véase Blanco, Tomás; “El prejuicio racial en Puerto Rico”, Ediciones Huracán).
Es doloroso que algunas personas “dominicanas” se hayan prestado a estigmatizar al pueblo dominicano como racista sólo con el propósito de hacerse el gracioso a fuerzas extrañas que adversan a los intereses generales de la República Dominicana.
Llama la atención que precisamente sectores que hoy acusan a la República Dominicana de ser racistas son los mismos que intentaron incentivar el racismo en la República Dominicana. El gobierno militar norteamericano establecido en el territorio dominicano emitió una Orden Ejecutiva el 16 de diciembre de 1919 que establecía lo siguiente: “Queda prohibido en la República Dominicana la inmigración de braceros de cualquier raza que no sea la caucásica, sus familiares inmediatos y otros dependientes, a menos que sea por los puertos habilitados y puntos de la frontera que se prescriban por la Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración.”
El artículo 3 de dicha orden ejecutiva establece: “A todo bracero extranjero, que no sea de raza caucásica o sus familiares, que se hayan establecido en la República Dominicana al promulgarse esta orden, se le concederá un plazo de 4 meses para obtener el permiso necesario para permanecer en el país.” (Véase Orden ejecutiva, 16 de diciembre, 1919).
No hay margen a discusión sobre el carácter discriminante de esa política migratoria estimulada por quienes hoy quieren estigmatizar a la República Dominicana como lo que no es: racista.
Así pues, que usted, Pelegrín Castillo, debe tener plena conciencia de que se ha estructurado una estrategia orientada a crear la percepción, la subjetividad, de que la República Dominicana es racista, con el propósito de crear las condiciones que permitan llevar a cabo una acción que le dé paso al gran objetivo de desbaratar al Estado Dominicano y al Estado haitiano, y conformar un Estado conforme a los intereses de los sectores que están detrás de ese objetivo.
En la República Dominicana, a pesar de la persistente actitud de algunos sectores de querer destruirla, siempre ha habido quienes han batallado por mantener su integridad; por ese motivo, incluso, ha habido que derogar decretos de naturalización que han sido hechos no conforme al interés general del Estado Dominicano; y es bueno citar como ejemplo, en ese sentido, la decisión tomada por el presidente Juan Bosch cuando, amparándose en el artículo 108 de la Constitución de la República, decidió el 20 de junio del 1963 derogar el decreto número 5651 de fecha 1 de abril de 1960 que concedía la naturalización dominicana a un grupo de extranjeros (Véase el decreto número 312 del 29 de junio de 1963); además, la ley número 46 del 8 de noviembre de 1966 promulgada por el Dr. Joaquín Balaguer revocó todas las naturalizaciones privilegiadas que se habían concedido en el momento en la República Dominicana desde el año 1948.
Es una muestra palpable e indiscutible de que el problema de la nacionalidad no se puede tratar con la ligereza, la simpleza, con que algunos quieren tratarlo.
Es evidente que la situación en torno a la soberanía se ha agravado en los últimos años. El país tiene una frontera sin control, los inmigrantes entran y salen cuando quieren por los lugares fronterizos, una política migratoria de complacencia a favor de los sectores externos e internos que propugnan por un Estado de frontera abierta; o sea, la República Dominicana está en uno de sus peores momentos históricos.
Pero a esto hay que agregarle con mucha preocupación lo que está sucediendo en los tribunales dominicanos, entorno a los inmigrantes. Mediante la acción de Hábeas Corpus los jueces están poniendo en las calles a los inmigrantes que son detenidos por la Dirección General de Migración, alegando que ninguna persona puede estar detenida sin la anuencia de los tribunales. Por ignorancia, o por estar confabulados contra los intereses generales de la soberanía dominicana, algunos jueces están judicializando la política migratoria dominicana; siempre hemos sostenido que judicializar la política migratoria es uno de los peligros más grandes contra la existencia del Estado Dominicano; es como decir que si a la República Dominicana entran 2 millones de ilegales, para poder ser esos extranjeros repatriados tendríamos que pedir permiso a los tribunales. ¡Totalmente incomprensible y absurdo!
Existe una clara confusión que no le permite a muchos, incluyendo a algunos jueces, establecer la diferencia entre el derecho migratorio y el penal, o entre el migratorio y el civil, o el laboral…
La Constitución Dominicana establece en su artículo 71 que nadie puede ser privado de su libertad de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, ¿Está la Dirección General de Migración llevando a cabo una detención de un extranjero ilegal, de manera arbitraria, irrazonablemente y de forma ilegal? Evidentemente que la Dirección General de Migración cuando detiene a un extranjero ilegal lo hace conforme al mandato que establecen las leyes dominicanas sobre la materia; eso quiere decir que no se puede alegar ni ilegalidad, ni arbitrariedad, ni una detención irrazonable cuando esa Dirección actúa conforme al mandato de la ley. ¿Por qué el juez entonces se ampara en el Hábeas Corpus para quitarle las funciones a esa Dirección? ¿Ignorancia o confabulación?
¿O acaso esos jueces no saben que cuando el artículo 8 de la Convención Interamericana se refiere a un juez o un tribunal competente debe interpretarse como cualquier autoridad judicial, legislativa o administrativa competente conforme a la ley?; así lo estableció en una jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Suponiendo que un extranjero llega a la Republica Dominicana desde un país muy distante, haciendo escala en un tercer país; decide quedarse ilegal en el territorio dominicano; y, por tanto, tiene que ser repatriado por su ilegalidad migratoria. ¿Para donde debe ser repatriado? ¿Para el país donde hizo escala? El país donde hizo escala probablemente no lo acepte; y en esos trámites se pasan días para concretar la repatriación de ese extranjero. ¿Debe el juez legalizar la presencia ilegal del referido extranjero alegando que no debe estar detenido porque ya pasaron las 48 horas de su detención? ¿Si en vez de uno son 10, o 1000 extranjeros en esa condición? ¿Va el juez a establecer una política migratoria por el capricho personal, o por obediencia a intereses contrarios a la Republica Dominicana?
Sencillamente estamos frente a un desmantelamiento de la institucionalidad que garantiza la existencia soberana del Estado Dominicano, y sé que a usted, Pelegrín Castillo, les preocupan esos problemas, porque he tenido la oportunidad de compartir inquietudes política con usted.
¿Usted cree que es posible que un juez alegara que no podía ordenar la prisión de unos extranjeros que habían agredido físicamente a varios inspectores de Migración, invocando que eso generaría un escándalo internacional? Ese juez hasta la política exterior de la República Dominicana la judicializó, ¿Ese juez está para judicializar la política exterior dominicana?
Sencillamente se le ha enviado un mensaje equivocado a las instituciones dominicanas en el sentido de que deben entregarlo todo, incluyendo la soberanía, para complacer a cualquiera que gravite mínimamente en el plano internacional, y hasta nacional; se siente que hay la disposición de entregarlo todo para preservar el pellejo personal; aunque eso implique mancillar a la República Dominicana.
A todo eso hay que agregar que la soberanía de República Dominicana se va deteriorando de manera progresiva; es como si dijéramos que el deterioro de la soberanía de República Dominicana progrese en términos geométricos mientras que algunas medidas paliativas lo hacen en términos aritméticos.
Por tal situación es que cualquier representante extranjero se siente con derecho a presentarse en la Dirección General de Migración, en la Junta Central Electoral…, a poner en práctica la más grosera intromisión en los asuntos internos del Estado dominicano.
Tan deplorable es el estado de alienación de algunos sectores dominicanos, que aplauden sin sonrojo la intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana de algunos representantes extranjeros, y enfrentan con una bravura sospechosa a todo aquel que critica tan indelicada intromisión.
El aniquilamiento de las instituciones dominicanas es corroborado de manera dolorosa por la galopante degeneración de la actividad política y por la degradación moral que hoy vive la sociedad dominicana, donde los mercenarios del mundo político y social son presentados como héroes, y los buenos hombres y mujeres dominicanos son tratados hasta con desprecio por quienes tienen la hegemonía del poder económico, político y social en la República Dominicana.
El afán desmedido de querer imponer desde fuera tal o cual elemento cultural, o enfoque moral, a la sociedad dominicana, es una manifestación clara de que la cultura de la República Dominicana está sufriendo uno de los embates más agresivos registrados en toda la vida de la historia de la nación; el atrevimiento ha sido tan evidente que hay quienes han propuesto quitarle la cruz a la bandera de República Dominicana, el símbolo que le dio inicio a nuestra identidad como nación. ¿Genocidio cultural?
Así pues, Pelegrín Castillo, su reto es extraordinario y le exhorto a no desmayar ni un segundo, no sentirse abrumado por los grandes desafíos que tendrá que enfrentar, porque las fuerzas que hoy gravitan sobre el territorio patrio se presentan como nubes incontrolables que traen consigo tormentas y descargas eléctricas que pueden destruir lo que con tantos esfuerzos construyeron nuestros antepasados, si no sabemos protegernos con una gran sombrilla de entereza y de fortaleza moral.
Atentamente, Profesor Juan Manuel Rosario
juanmanuelrosario87@yahoo.com
@JuanMRosario