SANTO DOMINGO.- Jueves, 28 de Abril 2016.- El candidato presidencial Luis Abinader adelantó este jueves que de ganar la presidencia de la República en las próximas elecciones, el Poder Ejecutivo concertará con la sociedad política y civil un proceso de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, garantizará la independencia de los tribunales y los jueces, despolitizará el Ministerio Público.

Dijo, además, que reformará la Policía Nacional, adoptará políticas y acciones anti-corrupción, y otras medidas que contribuyan a instaurar un marco institucional que garantice los derechos económicos, sociales y políticos que merecen disfrutar todos los dominicanos y dominicanas.

En la introducción de una conferencia en la que expuso sus propuestas para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la Justicia y la Democracia, en una actividad organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Abinader expresó su complacencia por coincidir con la visión de esa entidad sobre la necesidad de “Construir una sociedad donde los diferentes actores sociales y políticos muestren su compromiso con el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la independencia del sistema de justicia y la seguridad ciudadana, para alcanzar altos niveles de seguridad jurídica, bienestar social y equidad”.

Abinader subrayó la necesidad de de producir las reformas institucionales debido a que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y especialmente en estos últimos 4 años, se ha acentuado el deterioro institucional del país, resultando defraudadas las expectativas y esperanzas del pueblo de vivir en un verdadero estado de derecho.

“Hemos visto como han renacido prácticas que se entendían superadas, como es la intromisión descarada del poder político en las decisiones de la Justicia con el fin de garantizar la impunidad de los miembros del partido en el gobierno”, expuso.

Citó en ese aspecto la modificación atropellada de la Constitución con el único fin de imponer la reelección, en un claro ejemplo de la visión autoritaria del candidato reeleccionista y su desprecio por la institucionalidad del país.

“Además de ponerle fin a las constantes violaciones a las leyes a que este gobierno tiene acostumbrado al país, estoy comprometido con una revisión profunda de la legislación vigente para adecuar el marco institucional de la Nación a las necesidades y expectativas ciudadanas del Siglo 21.

Las reformas

Abinader puntualizó que a base de la seguridad jurídica y el estado de derecho es la existencia de un sistema judicial independiente, con la capacidad de impartir justicia de manera oportuna y con jueces imparciales que actúen con apego a la Ley.

Sujeto a esa convicción Abinader promoverá desde el Poder Ejecutivo la concertación de una reforma integral de las instituciones que inciden en el sector justicia, que incluya la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), apoyo a la consolidación de la carrera judicial, así como la reforma del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Para el candidato del PRM y fuerzas aliadas en la reforma de la Constitución del 2010 se produjo un retroceso en la composición de los miembros del CNM, que es el organismo que escoge los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y los miembros del Tribunal Superior Electoral.

“Esta institución de máxima importancia para el equilibrio e independencia del sistema judicial y electoral de la Nación, ahora es un organismo controlado por el Poder Ejecutivo, subordinando la escogencia de los jueces al interés político del partido gobernante, sin tener en cuenta, en muchos casos, la probidad que debe acompañar la condición de juez”, advirtió.

La reforma que propone Abinader procura en principio retornar al CNM a su composición originaria, excluyendo del mismo al Procurador General de la República, con lo que se garantizaría de inmediato un mayor equilibro de poderes en el órgano.

Abinader impulsará también desde el Poder Ejecutivo iniciativas que permitan hacer más expedita, accesible y funcional la Justicia, lo cual será logrado por medio de reformas integrales de los procesos judiciales, basados en la tradición jurídica del país, con un sentido práctico pero sin desmedro de la garantía de los derechos fundamentales de las partes, especialmente de las víctimas.

“Nos enfocaremos en facilitar la solución de las infracciones menores, para poder dedicar mayores recursos a la persecución de las infracciones más complejas y relevantes a la sociedad”.

Sostuvo que su gobierno no escatimará esfuerzos en proveer los recursos necesarios para dar cumplimiento al mandato de la Constitución sobre la conformación de los tribunales administrativos de primera instancia, con el propósito de que los ciudadanos tengan mayor posibilidad de impugnar los actos de la Administración arbitrarios o contrarios al Derecho.

Para el economista y dirigente político es indispensable la despolitización de la función del representante de la sociedad en la Justicia, y para ello se plantea reformar el régimen regulatorio del Ministerio Público.

Promoverá la inamovilidad del Procurador General de la República y sus adjuntos para garantizar la real independencia de los órganos de investigación.

“Fortaleceremos los mecanismos de control y transparencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como los sistemas de evaluación y desempeño de sus miembros”. Estimó impostergable mejorar los salarios de los procuradores, fiscales y fiscalizadores.

“La lucha contra la corrupción, como ya hemos expresado, carece de credibilidad si los funcionarios encargados de perseguirla dependen del Poder Ejecutivo”, dijo.

A fin de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción administrativa el PEPCA será transformado en una Fiscalía Nacional Contra La Corrupción, dotada de los recursos necesarios para la realización de su misión, así como de independencia funcional y organizativa, con inamovilidad de sus miembros.

Igualmente, propondrá que la designación del Fiscal Nacional Anticorrupción sea realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura y no por el Presidente de la República, en consonancia con su anunciado propósito de eliminar la influencia política en la persecución de la corrupción y la consecuente impunidad que de ese mal se deriva

Reforma Policial y Seguridad Ciudadana

Abinader advierte que las políticas y estrategias de seguridad ciudadana aplicadas por el actual gobierno son totalmente inefectivas mientras los delincuentes se adueñen de las calles y exista la sensación en la sociedad de que la institución policial, como funciona actualmente, se ha convertido en un obstáculo más para combatir la delincuencia.

Expone como una meta inmediata de su gobierno reducir los niveles de violencia, particularmente contra las mujeres, así como los asaltos y robos en las calles.

Para ello se requiere una profunda reforma de la Policía Nacional que devuelva la motivación y la capacidad operativa de esta institución a fin de responder con eficacia a las demandas de seguridad de los ciudadanos.

Esa reforma logrará un cambio en la cultura institucional y restablecerá a la Policía Nacional la imagen de auxiliar de la justicia y cuerpo del orden, al servicio del ciudadano.

En el gobierno que presidirá, incorporará nuevas tecnologías y métodos para combatir la delincuencia, para lo cual contrató la asesoría del ex Alcalde de New York, Rudolph Giuliani, quien junto a un equipo de técnicos locales está definiendo los esquemas que aplicarán a partir de su ascenso al Poder, algunos de los cuales nos permitimos citar:

· Creación de un banco de ADN.

· Capacitación continua y obligatoria de todos los miembros de la uniformada.

· Establecimiento de un sistema de registro de casos para detectar patrones de criminalidad y seguir su evolución.

· Asignación del personal policial dando prioridad a las labores de seguridad ciudadana.

· Dotar con equipos de alta tecnología a la Policía Nacional de manera que cada patrulla pueda conocer en línea el estatus de cada ciudadano, frente a la justicia.

· Dignificar las condiciones de trabajo y de salario de la Policía con la aplicación de un salario mínimo de 23 mil pesos, equivalente a 500 dólares mensuales.

Asume el candidato presidencial que la corrupción es uno de los peores males que afectan al país pues debilita la credibilidad de las instituciones públicas, distorsiona los costos y calidad de los servicios, afecta el clima de inversiones y disminuye la credibilidad de los ciudadanos en la política.

Sin transparencia en la administración pública será muy difícil combatir la corrupción y para ello se necesitan normas que obliguen a los funcionarios a rendir cuentas y que penalice el incumplimiento.