Resulta que la campaña del presidente-candidato Danilo Medina se ha dedicado a presionar a beneficiarios de la Tarjeta de Solidaridad del Estado y a empleados públicos para que no voten por la oposición. El propio mandatario intervino de esa estrategia prestándose a hacer una declaración, en un acto público, en el sentido de que “sabremos quién votó por nosotros, y quien no lo hizo”.
Escrito por Nelson Marte, periodista y político. Reside en Santo Domingo.
En el domingo fue lanzada una nueva ofensiva del reeleccionismo para tratar de descalificar y desacreditar los reclamos de los partidos de oposición en demanda de que la Junta Central Electoral (JCE), y en especial su todopoderoso presidente, Roberto Rosario, cumplan con la legalidad y la transparencia del proceso electoral.
El jueves, mientras Rosario daba rienda suelta a otro de sus frecuentes arrebatos de soberbia hacia los partidos de oposición (HOY tituló que los recriminó), en su encuentro con los directivos de la Sociedad Dominicana de Diarios, el presidente-candidato, Danilo Medina, violaba la Constitución y la normativa electoral al inaugurar la línea 2B del metro de Santo Domingo.
Le consta a Rosario y a la JCE que allí fue violado el Artículo 211 de la Constitución de la República, sobre “Organización de las elecciones”, que establece: “Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”.
Es conocimiento del señor Rosario que al no hacer cumplir la obligación que le manda la Constitución de garantizar la equidad en el proceso electoral, él y el presidente-candidato violan también el Artículo 39 de la Constitución sobre los Derechos Fundamentales y los Derechos Cívicos y Políticos, entre ellos el sagrado “Derecho a la igualdad”, conforme el cual “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, (…) ”.
No menos grave aún es la violación de la JCE de permitirle al presidente-candidato violar el Artículo 208 de la Constitución, sobre el “Ejercicio del sufragio”, que según define nuestra Carta Magna “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto” (doble subrayado también nuestro).
Resulta que la campaña del presidente-candidato Danilo Medina se ha dedicado a presionar a beneficiarios de la Tarjeta de Solidaridad del Estado y a empleados públicos para que no voten por la oposición. El propio mandatario intervino de esa estrategia prestándose a hacer una declaración, en un acto público, en el sentido de que “sabremos quién votó por nosotros, y quien no lo hizo”.
El PRM remitió a la JCE, a través de su delegado político, licenciado José Marte Piantini, una comunicación (con imágenes de audio y video de esa violación a la ley por parte del presidente-candidato) para que el órgano que preside Rosario adoptara las sanciones de lugar, sin que hasta la fecha se conozca de medida alguna frente a ese abuso de poder y grosera violación constitucional, y a la pulcritud y justeza de las elecciones.
Para advertir la validez de los cuestionamientos que hacen los partidos de oposición a la forma incorrecta en que la JCE ha querido aplicar la automatización del escrutinio electoral, debe verse que no ha sido cumplido el calendario de actividades administrativas que se programó y debió cumplir. Veamos:
En el mes de noviembre 2015 la JCE debió presentar a los partidos el programa, aplicación o software para el cómputo electoral. NO EJECUTADO.
En diciembre 2015 debió realizar la Primera Prueba Regional del Cómputo Electoral. NO EJECUTADA.
En diciembre 2015 se debió realizar la Segunda Prueba Interna del Cómputo Electoral. NO EJECUTADA.
En enero 2016 se debió producir la configuración de los equipos para la transmisión de datos a los partidos políticos. NO FUE NOTIFICADA.
En enero 2016 debió ser instalada a los partidos políticos la red de datos. NO EJECUTADA.
A lo largo del año 2015, y como es costumbre, la JCE debió entregar mensualmente a los partidos los cortes con las actualizaciones del padrón, sobre todo en un cuatrienio que incluyó el cambio de cédula.
Pero sólo hicieron cortes en abril y en noviembre 30, aunque sin las fotografías de los electores, es decir, que JCE no entregó a los partidos el padrón fotográfico, que es el que usan para sus actividades de gestión del voto.
Ese padrón incompleto no ha podido ser examinado por los partidos porque la JCE no ha realizado junto a ellos las auditorías al hardware, las máquinas, y los software, los programas, con los que se haría el conteo. Si la JCE lo ha hecho por su cuenta, eso no tiene validez, pues todo lo concerniente a las decisiones fundamentales del proceso, tiene que hacerse en concertación con los partidos que, debemos repetir, son los actores fundamentales en calidad de representantes del electorado.
En febrero 2016 debió ser realizada la Primera Prueba Nacional del Cómputo en las Juntas Electorales. NO EJECUTADA.
En febrero 2016 también debió producirse la Tercera Prueba Interna del Cómputo Electoral. NO FUE NOTIFICADA A LOS PARTIDOS.
En marzo 2016 debió producirse una Prueba de Transmisión de Datos a los Partidos Políticos. NO EJECUTADA.
En marzo 2016 también se debió realizar la Segunda Prueba Nacional del Cómputo Electoral, incluidas las oficinas del exterior. Se vino a realizar la primera prueba el 10 de abril 2016.
El simulacro o segunda prueba del domingo 1 de mayo 2016, que debió realizarse en fecha anterior, y se hizo apenas a 14 días de las elecciones, fracasó en conectividad y transmisión de datos, en ausencia de personal capacitado, de medios logísticos, de ausencia de funcionaros, fallas en procedimientos e infraestructura requerida.
Fue de tal magnitud el fracaso que personal técnico de alto nivel de la JCE admitió a la prensa que las fallas habían sido de entre el 15 y el 20%. En privado, técnicos del organismo electoral que pidieron no se les identificara, admitieron que inc
luyendo los lugares en que no se hizo el simulacro, las falas alcanzaron más del 40%.
¿Se imagina el lector la crisis política que se ocurriría en cualquier país, si se produjeran agujeros negros de datos de aunque sea un 5 ó un 10%? Es mejor ni pensarlo, sobre todo si ocurriera esa falla en la elección de los alcaldes, diputados y regidores, en nuestro caso, lo que provocaría un verdadero pandemónium.
A última hora el presidente de la JCE dice que el conteo se hará con la vieja tecnología, pero todo eso mientras una telaraña oscura impide ver con claridad, a 6 días de las elecciones, si se aplicará la nueva o la vieja tecnología, si se hará manual, como manda la ley, o si sólo se hará cuando falle el sistema, como falló en la primera prueba, o cómo diablos se hará el escrutinio.
Como puede verse, los partidos han sido en extremo pacientes, tolerantes y hasta generosos, para no decir pendejos con la JCE.
Los partidos no han sido el problema, como puede verse. Cuando uno ve a Agripino Núñez Collado, a Rafael Blanco Canto y a Rafael Paz pidiendo que dejen trabajar a la Junta no puede evitar evocar el merengue que pedía dejaran trabajar a Desiderio Arias. Y trabajó, para acelerar aquella coyuntura de Concho, Primo, que nos trajo la grosera intervención yanqui de 1916, que a su vez aderezó el caldo de cultivo que cuajó en la Era de Trujillo.
El problema ha estado, hablando de empresarios, en que la junta debe actuar como una compañía por acciones, en la que Rosario y su pleno ejercen la Presidencia, y los partidos son el Consejo de Accionistas.
Mas Rosario actúa como dueño y señor de la JCE, al extremo de que los cambios de sistema de conteo que informó ayer, los hace y da a conocer sin comunicarlo a los delegados técnicos y políticos representantes de los partidos, que se enteran por la prensa, incluso por informaciones oficiosas no publicadas a nombre de la JCE.
La incapacidad del señor Rosario para cumplir y hacer cumplir la ley y el mandato constitucional en materia electoral; su beligerancia e imposiciones a los partidos; y el desastre gerencial para instaurar con eficiencia y diafanidad la automatización del escrutinio electoral evidencia, más allá de toda duda razonable, que no son los partidos sino el señor Rosario el responsable del tollo en que ha devenido el proceso.
Para que se vea cuánta razón tiene la oposición, citamos el anuncio hecho por Rosario en el pulpito de la Catedral Primada, el pasado 13 de abril, es decir, no hace ni un mes: “ ( …) la OEA auditoría el software y hardware, como forma de que un tercero sin interés, pueda comprobar la objetividad e idoneidad de la solución electrónica que utilizaremos en las elecciones” (El Nacional de Ahora, 13 de abril 2016).
Eso tampoco fue cumplido por la JCE. Así que dados los riesgos a que expone al proceso electoral cualquier tecnología que no haya sido debidamente auditada por “un tercero sin interés”, como dijo Rosario, lo recomendable es que el conteo se haga manual, voto por voto y acta por acta, como manda la ley electoral, y que luego se haga el electrónico, para que a nadie se le vaya a colar gato por libre, ni a los partidos de la oposición ni al del gobierno.