Santo Domingo, D. N., 2 de julio del 2016.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, respaldó este sábado la posición del Concejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, externada por su presidente Rafael Blanco Canto, durante su participación como orador principal en el Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, AMCHAMDR el pasado miércoles, donde expones cuatro pilares fundamentales para alcanzar la solidez democrática e institucional de la República Dominicana, constituyendo los mismos el sentir de todos los dominicanos y las instituciones de la sociedad civil que como ADOCCO demandan transparencia en el manejo de los fondos públicos.
A juicio de Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de la organización de la sociedad civil, las instituciones cuyo rol fundacional ha sido desvirtuado deben retomar su misión y razón de existencia, para lograr la institucionalidad que todos demandamos, “No es posible que instituciones como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral no hayan alcanzado el respeto de forma tal que sus intervenciones en un proceso tan delicado como administrar los comicios y velar por el cumplimiento de los procesos no gocen del respeto y reconocimiento de los actores” eso solo podrá alcanzarse, sacando del seno de las mismas a integrantes comprometidos con la política partidista y que al tomar decisiones abandonan su rol de juzgador imparcial como demanda la constitución y las leyes.
ADOCCO, suscribe en su totalidad la posición de la entidad que agrupa a las empresas privadas desglosada en cuatro pilares descrito por su presidente en su condición de vocero como sigue: Primer pilar propuesto fue la aprobación de una nueva Ley Electoral que marque reglas claras para las elecciones, que evite el uso y abuso de los recursos del Estado y que garantice un acceso equitativo a los medios de comunicación. Señaló que las múltiples denuncias que recibió el pasado certamen electoral son motivo de vergüenza y que evidencian la erosión del régimen político-institucional del país.
Como segundo pilar mencionó la aprobación de una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales para la selección de las autoridades y los candidatos a posiciones electivas, puesto que ha quedado demostrado que los partidos políticos no han sido capaces de administrar sus procesos internos de forma democrática y transparente, que permitan a la militancia partidista ejercer el derecho al voto.
El tercer pilar, sugerido por el CONEP, es la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca mayor rigor en el uso de Presupuesto Público y en el cumplimiento de topes presupuestarios, los déficits y deuda pública. Para el CONEP ha quedado claro que durante las pasadas elecciones el sistema electoral colapsó.
A raíz de esto, el gremio propone como cuarto pilar garantizar la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y al cumplimiento de las leyes, pues las normas por si solas no bastan. Con el Tema: “Situación y Perspectiva de la Institucionalidad Democrática en el país”, el presidente del CONEP afirmó que la confianza en la institucionalidad que rige las elecciones se agotó y que la sociedad no permitirá que los partidos continúen repartiéndose políticamente los órganos vitales para la democracia, es decir la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes.
Blanco Canto reiteró que el CONEP tiene más de 6 años reclamando de forma intensa y constante la aprobación de una nueva Ley Electoral y una Ley de Partidos Políticos que corrijan las fallas que son motivo de vergüenza, pero que lamentablemente no fue escuchado y que tampoco fueron escuchados cuando advirtieron que las pasadas elecciones eran las más complejas de los últimos 20 años, pero se hizo caso omiso a dichas 2 advertencias, al igual que las de otros sectores como la sociedad civil, las iglesias y academias.
Durante su participación, el presidente del más importante gremio empresarial, dijo además que “La estabilidad social y política de los países democráticos, depende en gran parte de la existencia de un sistema de partidos fuerte y robusto”; y que “cuando los partidos entran en crisis, lo mismo sucede con la democracia y por vía de consecuencia, entran en crisis la economía y la sociedad en general” señaló además, que estas frustraciones acumuladas, junto al ímpetu natural de una nueva generación, van a procurar un cambio, ante el que podrían abrirse las puertas a todo tipo de aventurismo populista y se pondría en riesgo todo lo que se ha construido hasta hoy.
Para Blanco Canto la agenda nacional está cargada de temas de gran relevancia en todos los ámbitos como son la seguridad ciudadana, sector eléctrico, el transporte público, las finanzas públicas, la mejora de los servicios públicos, la modernización de la jurisdicción inmobiliaria, la municipalidad, la seguridad jurídica, entre muchas otras áreas que requieren con urgencia de reformas legales e institucionales, pero que sin la restauración de la credibilidad en el nuestro sistema democrático carecerían del impacto necesario.
Blanco Canto concluyó proponiendo que estos cuatro pilares se constituyan en un pacto prioritario, ya que no sería viable colocar por delante de este, los demás temas de la agenda, pues como se señaló, garantizar una democracia sana en la República Dominicana es un prerrequisito para la lucha contra la corrupción y que lo que se pacte posteriormente, se cumpla; el principal representante del gremio empresarial, instó al liderazgo del país a impulsar cambios progresivos que satisfagan las necesidades sociales y corrijan los entuertos de nuestro sistema político, con la implementación de medidas que permitan iniciar el camino para recobrar la confianza.
Al igual que el CONEP, ADOCCO, entiende que el país no puede darse el lujo de acudir a un proceso electoral sin una ley de partidos políticos real, con un régimen de consecuencias efectivo, que establezca controles para que los partidos políticos no sean utilizados como mecanismos de creación de riquezas y respaldo de sindicatos, sin una ley de proceso electoral, que evite de una vez por toda el uso de los recursos del Estado a favor de los funcionarios candidatos, que prohíba las actividades proselitistas al presidente candidato a la re postulación, postergando las inauguraciones de obras hasta luego de las elecciones y prohibiéndolas seis meses antes del proceso; por otro lado la entidad cívica llamó al Consejo Nacional de la Magistratura y al Senado de la República, a evitar que las altas cortes, Cámara de Cuentas y Junta central Electoral, sean integradas por dirigentes de los partidos políticos y que se tome en consideración la capacidad profesional y los dotes éticos morales y de honestidad de los que deberán asumir esas responsabilidades.