Escrito por: Juan Eduardo Thomas
Santo Domingo, 14 de agosto 2016,- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) estudia la posibilidad de querellarse penalmente “por supuesta falsedad y asociación de malhechores” contra los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y del (TSE), al igual que contra las dos secretarias del Tribunal Constitucional.
La acusación del PRM se basaría en el supuesto desacato de dos sentencias del TSE para emitir los certificados de elección de los diputados que tomarán juramento el próximo martes 16 de agosto.
El partido político opositor acusa a la JCE de “cometer falsedad” en la resolución 77/2016, en la que se proclamaron a los ganadores de las elecciones de mayo pasado, que el PRM la vicia de nulidad absoluta.
“Para cometer esa falsedad desacató dos sentencias definitivas del TSE, que le habían sido remitidas por la secretaría, que ordenaban el reconteo de votos en 46 colegios electorales en la provincia Hermanas Mirabal, dando como definitivos conteos que no lo eran”, reza el documento del PRM cuando cita uno de los ejemplos de la supuesta falsificación.
El PRM acusa al TSE de modificar el ordinal segundo de la sentencia 508/2016 para que “dijera lo contrario de lo que había sido leído en público y notificado a la JCE el día 24 de junio y a las partes el 8 de julio”.
Orlando Jorge Mera, presidente en funciones de la organización política, y quien sirvió como vocero, asegura para ese cambio se presionó a la junta municipal de Salcedo, a quienes acusan de intentar notificar el día 18 de julio la supuesta sentencia cambiada pero que ya había sido colocada en el portal de internet del Tribunal Electoral.
“Que un tribunal cualquiera del mundo cambie su propia sentencia, en este caso una sentencia definitiva, modificando lo decidido en sentido contrario, es un escándalo de proporciones mayores y acá, no debe ser la excepción porque en el caso particular del TSE, su propia ley lo prohíbe”, dijo Jorge Mera a la prensa.
La organización política reclama también la asignación de cuatro diputaciones, una en Hermanas Mirabal, otra en San Juan, Independencia y La Altagracia, en atención a la Constitución de la República que establece que en cada comunidad debe estar representada la minoría con una diputación. En esas demarcaciones el PLD ostenta todas las posiciones legislativas.
La organización opositora ha cuestionado en reiteradas ocasiones a las autoridades de la JCE y del TSE, acusándoles de estar a favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de sus candidatos en el pasado proceso electoral.
De hecho, ha puesto como condición para la aprobación de los proyectos de ley de partidos políticos y de régimen electoral que primero se acuerde el nombramiento de los nuevos integrantes de esos organismos en República Dominicana.