Escrito por: Adrián Sotelo Valencia

* Adrián Sotelo Valencia es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la FCPyS de la UNAM.

Viernes  27  deoctubre, 2016.-Enmarañada en sus contradicciones la ultraderecha venezolana no se pone de acuerdo para perpetrar su golpe de Estado parlamentario. Quizás está esperando, y es seguro que es así, las órdenes de Washington.

Nuevamente la derecha, replicando el pasado, pretende dar un golpe de Estado en Venezuela. Aún con el uso de la violencia en todas sus dimensiones, el chantaje, los adjetivos peyorativos, las amenazas, los sabotajes, los desesperados intentos de desestabilización, y utilizando la Asamblea Nacional como ariete de sus intereses de clase, no ha conseguido sus objetivos, principalmente el fundamental: derrocar al gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro. Utilizando sus medios internos, movilizaciones callejeras, las guarimbas, la implementación de la escasez de los alimentos de primera necesidad, la especulación monetaria y de los alimentos a través del bachaqueo, etc., han hecho uso masivo de los medios de comunicación y de las cadenas hegemónicas a través de sus voceros más radicales (Capriles, Corina Machado, Ramos Allup, Leopoldo López) para «denunciar» la crisis económica del país, la violación de los derechos humanos por parte supuestamente del gobierno, la existencia de la dictadura, la anulación del llamado «revocatorio» que, a pesar de no cumplir con los plazos estipulados en la ley y la constitución política del país, la derecha pretendía llevar a cabo en este mismo año para deponer, o al menos intentar, al Presidente Maduro. Al constatarse, mediante las múltiples investigaciones legales realizadas por las instancias correspondientes, la existencia de decenas y centenas de miles de firmas apócrifas, atribuidas a niños y hasta a los muertos, el tribunal electoral decidió anular el 1% requerido para dar inicio al llamado revocatorio hasta que estas anomalías no queden esclarecidas y, en su caso, repuesto el proceso de recopilación de firmas autentificadas legalmente. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) — que se hizo con base en las investigaciones y los resultados de tribunales locales correspondientes investidos de éstas facultades constitucionales en algunos Estados donde se constataron estos hechos fraudulentos — fue el pretexto, como era de esperar, para que inmediatamente la oposición al gobierno arremetiera y comenzara una nueva jornada de acciones callejeras y de amenazas articuladas en lo que de manera eufemística denominaron sus impulsores la «toma de Venezuela» programada para el 27 de octubre en la capital y en otros lugares del país que, ante la movilización popular de apoyo al gobierno, le impidió llegar hasta la sede del gobierno en la capital del país y, por ende, fracasar en sus tentativas.

La oposición mayoritaria de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) planteó impulsar un «juicio de responsabilidad» o «Declaratoria de Responsabilidad Política» contra el presidente Nicolás Maduro — una especie de Impeachment como el que se utilizó en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff — bajo el absurdo y ridículo «argumento» de «abandono del cargo» por la gira de tres días que el presidente emprendió para negociar y alcanzar un consenso petrolero entre miembros y no miembros de la OPEP. Aquí hay que destacar que esta gira presidencial tiene el objetivo — hasta ahora relativamente bien logrado — de detener la caída estrepitosa de los precios internacionales del petróleo que afecta no solamente a Venezuela sino a otros países petroleros como México; un insumo esencial de las divisas venezolanas, para aumentar y beneficiar, de este modo, los presupuestos públicos del país. Evidentemente que este esfuerzo que redunde en una mejora en el precio del petróleo— ¡y que en otras circunstancias todo el mundo debería de aplaudir! — es veneno puro para la derecha fascista la cual apuesta y pone todos los recursos materiales, financieros, logísticos y violentos para provocar no sólo la asfixia del gobierno, sino el colapso financiero del Estado.

A sabiendas de que ese recurso de Impeachment, o juicio político, no lo contempla la Constitución, la oposición histérica se ha empeñado en implementarlo «desconociendo» al mismo tiempo que, para llevarlo a cabo, tendría que cubrir una serie de trámites y requisitos legales además de acudir a otras instancias, entre las que necesariamente interviene el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la nación que al final, por ley, tiene la última palabra. Esta ha sido la punta de lanza de la derecha y de sus sectores más radicalizados y violentos como el mismo Capriles y Ramos Allup, actual presidente de la AN, para avanzar en el logro de su objetivo fundamental que es, no solamente derrocar al presidente constitucional, sino acabar de raíz con la revolución bolivariana y con el proyecto social popular que ésta representa para la enorme mayoría de la población. Por supuesto, aun realizándose el revocatorio en este año, y en la hipótesis de que no se consiguiera una mayoría suficiente para destituir al presidente y llamar, entonces, a nuevas elecciones, la derecha arremetería nuevamente alegando «fraude» de la «dictadura», «atentados» a la democracia, «ilegitimidad» del gobierno autoritario y todo tipo de argumentos y pretextos que incendiarían los ánimos e intentos golpistas tanto en el interior del país como en el extranjero utilizando para ello a los medios de comunicación afines al programa golpista de la derecha internacional bien apoyada y vista por el gobierno de Estados Unidos. ¡El cuento de nunca acabar!

En otras oportunidades hemos insistido, en que hay dos causas que se cruzan y en cierta forma explican la crisis venezolana. Por un lado, evidentemente la sistemática ofensiva violenta por parte de los grupos de la derecha organizados en la MUD cuyo objetivo es desestabilizar al gobierno con todo tipo de medidas como la escasez de alimentos, su mala o nula distribución por parte de las empresas privadas afines al golpismo; la feroz campaña en los medios de comunicación en contra de la revolución bolivariana y otro tipo de medidas que, en el extremo, incluyen las fatales guarimbas que siembran destrucción y muerte. Por otro lado, la dificultad, quiérase o no, tanto del gobierno como de su partido político, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para profundizar la revolución y trastocar efectivamente los intereses de la oligarquía y lumpenburguesía venezolana, la cual, en sus sectores más radicalizados, se articula con la estrategia y los intereses políticos y de clase de la derecha.

Debemos considerar que el proceso venezolano es completamente distinto a lo que ocurrió recientemente en Brasil y, anteriormente, en Honduras y Paraguay — por cierto con la activa participación de la actual candidata a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton — y donde se depusieron a sus presidentes legalmente electos por el pueblo y el voto ciudadano. En primer lugar porque existe un fuerte movimiento popular, rebelde, organizado, que acusa niveles de conciencia política y social cuyas permanentes movilizaciones mandan+ señales tanto a la derecha como al imperialismo de que cualquier intervención directa militar estaría condenada al fracaso o, por lo menos, tendría, en el caso de que ocurriera, altos costos para los invasores y los responsables directos e indirectos, materiales e intelectuales, del país o del extranjero. Estas acciones libertarias y organizativas del gobierno y del pueblo también se expresan tanto en la existencia de una unidad cívico-militar, como en acciones concretas plasmadas en la implementación del Consejo de Defensa de la Nación instalado por el presidente Nicolás Maduro — con la prevista inasistencia de Ramos Allup, presidente de la AN, desacatando ordenamientos y obligaciones propios de la naturaleza de su nombramiento — para resguardar y garantizar la paz y estabilidad democrática de la nación en el entendido de que el artículo 323 de la Constitución venezolana establece que el Consejo de Defensa de la Nación «…es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico». Disposición que atiende y cubre el actual estado de emergencia nacional derivado de la violenta ofensiva emprendida por la derecha venezolana contra el pueblo y el país. Este hecho relativo a la ausencia del presidente de la Asamblea Nacional en el Consejo de Defensa de la Nación, por desacato, por sí sólo bastaría para justificar su inhabilitación y, si es el caso de que sus miembros lo hubieran abalado, de la misma Asamblea Nacional

Un segundo factor que diferencia la experiencia venezolana de la de otros países como Honduras, Paraguay y Brasil, es el hecho — que no figura en las anteriores experiencias señaladas — de que, en Venezuela, la fuerza armada ha reiterado significativamente en muchas ocasiones y eventos su adhesión incondicional al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este acto es, ya de por sí, un factor disuasivo para quien intente, desde dentro o de fuera del país — como pudieran ser, por ejemplo, los paramilitares colombianos acantonados en ambos lados de la frontera — imponer, como ha ocurrido en Argentina y en Brasil, el programa fondomonetarista del neoliberalismo con todos los estragos causados para los países y pueblos latinoamericanos. Este último es el objetivo perseguido esencialmente por la derecha venezolana con el apoyo irrestricto del gobierno norteamericano y de otros personeros extranjeros como el ex-presidente del Estado español Felipe González y el actual Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que por cierto opera como un eslabón más de la cadena de los intereses geopolíticos y estratégicos del Departamento de Estado norteamericano en América Latina íntimamente imbricados en la contrarrevolución y en el contubernio de la Triple Alianza (Brasil, Paraguay y Argentina) por aislar a Venezuela y expulsarla del Mercosur. El activismo de la cancillería bolivariana, hay que recalcarlo, ha sido fundamental como factor de denuncia y de disuasión de estos intentos golpistas en el plano internacional.

Todos son fenómenos relevantes, aunque con diferencias sustanciales, similares a la guerra de baja intensidad que por ejemplo, Estados Unidos libró contra la revolución nicaragüense en la década de los ochenta con una contrarrevolución interna (la llamada Contra). En el caso venezolano, encabezada por la derecha, figura el paramilitarismo circundante de la vecina Colombia, la asfixia financiera, el ocultamiento y promoción de escasez de alimentos y una campaña mediática comandada por los principales medios de comunicación e información a nivel mundial de desprestigio sistemático, enmarcada en supuestas violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno y, por ende, del chavismo; en la existencia de presuntos «presos políticos», que más bien son políticos presos que han cometido delitos, algunos de ellos, de lesa humanidad e incurrido en lo que se denomina traición a la patria.

Dos hechos relevantes constituyen las últimas acciones anunciadas por la derecha para desestabilizar al gobierno e intentar derrocarlo. Ampliamente publicitadas y difundidas por la prensa y los medios pro-norteamericanos de comunicación como CNN, El País, El Clarín, NTN24 de filón fascista: a) un «paro nacional general de 12 horas programado para el día 28 de octubre y, b) la Asamblea Nacional, por conducto de su presidente, Henry Ramos Allup, convocó a una sesión especial a las 10:30 de la mañana del jueves 27 del presente mes para debatir el abandono del cargo del presidente Maduro y al mismo tiempo convocó a una marcha hacia el Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, programada para el 3 de noviembre con el fin de hacer conocedor al Presidente de dicha resolución que, por cierto, no tiene ninguna validez jurídica toda vez que por disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encuentra en completo desacato por violaciones a la ley y a los reglamentos internos.

Estas acciones, según las desesperadas intenciones de la MUD, se encaminan a minar más al gobierno y generar el «efecto demostración», incluso en la sique del pueblo, en el sentido de que de continuar y no cambiar el «statu quo», el país se encamina inevitablemente al desastre; y que sólo con un cambio de gobierno y de régimen — (¿estarán pensando estos señores de la derecha en un retorno a la fantasmagórica Cuarta República?) — se podrá «salvar» al país, por supuesto, con el mensaje subliminal introyectado en las masas y en la opinión pública nacional e internacional, relativo a que en el «nuevo poder» deberán figurar los representantes de la MUD y de la derecha con un presidente, por ejemplo, llamado Ramos Allup o Henrique Capriles quien se ha convertido en el jefe máximo y el vocero preferido de la derecha golpista venezolana y de otras latitudes.

De acuerdo con al análisis precedente, y descartando por lo pronto una intervención militar comandada por Estados Unidos y los grupos paramilitares del señor Álvaro Uribe Vélez , se puede augurar que el gobierno bolivariano y las fuerzas populares del país podrán contrarrestar y conjurar nuevamente el intento de la derecha de perpetrar un golpe de Estado parlamentario, pero no necesariamente pacífico, que deponga del cargo a su actual presidente constitucional. Sin embargo, hay que tener claridad de que este importante y trascendental proceso de lucha social y de clase del pueblo, en tanto instrumento de contención y de resistencia contra el intento golpista, no anula de ninguna manera la posibilidad de que ocurran nuevas arremetidas internas y externas contra la revolución bolivariana, cuestión que, en cierta medida también dependerá del futuro presidente que sea escogido, al igual que el vicepresidente, en el mes de noviembre por 538 «notables electores» que mediante votación de la ciudadanía integran el elitista Colegio Electoral (College of Electors) de Estados Unidos donde las elecciones son indirectas y no existe un sistema electoral basado en el voto universal, directo y secreto desde 1787 cuando los padres fundadores de ese país decidieron no confiar en los ciudadanos y depositar todo el peso de la elección en los Estados, sistema ratificado por la Duodécima Enmienda de la Constitución en 1804. Al revés de Venezuela, lo que se oculta, donde opera un sistema electoral efectivo y creíble basado en la democracia representativa y participativa integrado por varios poderes, entre ellos el popular y que es inexistente prácticamente en la mayoría de los Estados latinoamericanos y de los países del capitalismo avanzado.

Remembrando el fracasado intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, al que el pueblo restituyó en dos días, ¡los vientos de la lucha, al parecer hoy en Venezuela, por lo pronto, soplan en beneficio de Eros y en contra de Tanatos que encarna la derecha desesperada y sectaria!
* Adrián Sotelo Valencia es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la FCPyS de la UNAM.