Caracas, Venezuela, 19 ene 2017.– Es un caso sui generis. Es la primera vez en la historia de Venezuela que el Parlamento decide desconocer al resto de los poderes públicos y, en consecuencia, legislar sin que sus acciones tengan validez. ¿Es el camino hacia una rebelión contra el gobierno?

Un séquito de camionetas blindadas es lo primero que se ve a las afueras del Parlamento venezolano, en el centro de Caracas. Este jueves hubo sesión.

Todo sigue su curso normal, pero puertas adentro del Hemiciclo, no. Hoy los diputados de la oposición, que tienen mayoría parlamentaria, celebraron una sesión sin la contraparte del chavismo: aprobaron dos acuerdos, pronunciaron discursos de ataque al gobierno nacional y convocaron a otra reunión la próxima semana. Sin embargo, ninguna de esas decisiones tiene validez.

«El Parlamento está suspendido. Es irrelevante porque, desde el punto de vista de sus funciones constitucionales, sus actuaciones y efectos son jurídicamente inexistentes», explica el analista político Luis Quintana en entrevista a RT. ¿Qué invalida sus acciones? En principio, el desacato a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El inicio de la ilegalidad

El 28 de julio del año pasado, la directiva opositora en la Asamblea Nacional (AN) incorporó como diputados a tres candidatos de la derecha en el estado Amazonas, a pesar de que el TSJ había prohibido su juramentación por el presunto fraude en la elección. Allí empezó el desacato.

«El TSJ es una instancia inapelable, es la última a la que se puede acudir», recalca Quintana, «pero ellos decidieron desoír la decisión y, a partir de entonces, todas sus actuaciones han venido siendo anuladas sistemáticamente. Esta es una situación sui generis, esto nunca había ocurrido en la historia contemporánea de Venezuela».

Ante la ausencia de Parlamento, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro legisla mediante un decreto de emergencia económica que le permite tomar medidas sin pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué tan sostenible es esta situación en el tiempo?
Escenario difícil

Quintana no es demasiado optimista. La actitud de la oposición en 2016 y las acciones que han tomado en lo que va de año, le hacen prever que la apuesta de la derecha apunta hacia dos escenarios: la guerra civil o una insurrección en contra del presidente Maduro.

«Las soluciones no son institucionales sino de orden político», advierte el analista, quien considera que la única vía pacífica para superar el escollo es la mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo. De lo contrario, argumenta, la válvula de escape planteada por la oposición «es insurreccional; implica mantenerse en desacato, al margen de la Constitución y promover una rebelión civil y militar que conlleve a un golpe de Estado».

El pasado 5 de enero, el diputado Julio Borges se juramentó -de manera írrita- con discurso que, entre otros aspectos, pedía la realización de elecciones generales, llamaba a un levantamiento civil y exigía a las Fuerzas Armadas desconocer la autoridad del gobierno nacional. «Las salidas pacíficas y políticas, solamente las pone la mesa de diálogo», insiste Quintana.
Diálogo en peligro

El 13 de enero estaba prevista una nueva ronde de conversaciones entre el gobierno y la oposición, pero no se realizó. Los dirigentes de la oposición se negaron a asistir al encuentro por considerar que el gobierno había «incumplido» los acuerdos pactados, y el chavismo culpó de lo mismo a sus adversarios políticos.

«Si no hay diálogo, hay golpe», dice Quintana al respecto. A su juicio, cuando las partes no se sientan a debatir un mínimo de posturas comunes para la convivencia política, «es donde se ponen las cosas más difíciles y peligrosas para la paz del país y de la región».

El riesgo, sostiene, es que si la oposición se niega a hacer concesiones, el conflicto pueda escalar al ámbito de la violencia social: «¿qué tipo de mezcla puede surgir de un llamado a la rebelión civil y a una insurrección de las Fuerzas Armadas? En una situación tan combustible como la que está viviendo Venezuela, están instigando a una guerra civil».

El camino en reversa tampoco es fácil. La trampa para la oposición, considera el analista, es que asumir los dictámenes del TSJ, las disposiciones de la Constitución y sentarse a dialogar con el gobierno, «es entrar en conflicto con las promesas irresponsables que le han hecho a sus seguidores». La diatriba interna de la derecha también atiza esas contradicciones.

«Unos -apunta Quintana- están proponiendo una vía rápida violenta para salir del chavismo, como los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia y una parte de Acción Democrática; mientras las toldas más pequeñas apuestan por las elecciones regionales, que son las que están en puerta, en vez de insistir en unas elecciones generales que no están previstas ni por el CNE ni por la Constitución, que son inviables».
Espejismos de opinión

En las últimas semanas, las autoridades juramentadas de manera ilegal por la oposición en el Parlamento dieron un paso definitivo para torpedear el diálogo: declararon el supuesto «abandono del cargo» del presidente Maduro. La medida, que no tuvo ningún efecto en el ámbito nacional, se replicó en medios internacionales con cierta estridencia.

«Es lo que ha pasado siempre. La oposición genera una ficción en el exterior cada vez que ‘proclama’ leyes o decisiones que no tienen ninguna validez jurídica, como fue el caso del supuesto ‘abandono del cargo’ de Maduro. Ellos lo hacen para proyectar ante el mundo que el país ni siquiera hay presidente, pero eso sólo es verosímil a los medios hegemónicos, no para el pueblo venezolano».

Entonces, ¿cuál es el estatus de la Asamblea Nacional? Quintana responde: «Es, en el derecho, inexistente; y en los hechos, se limita a ser foro de debate político. El Parlamento no va a existir hasta tanto acate la Constitución».