Un grupo de senadores, comandados por Marco Rubio, promueven la aprobación de una ley de sanciones contra Venezuela que no sólo contempla el acorralamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino el freno de las inversiones petroleras rusas en el país suramericano.

Foto del senador  Marco Rubio.

Escrito por: Nazaretn Balbás.  RTNOTICIAS

Republicanos y demócratas han coincidido en un solo proyecto: acorralar al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con nuevas -y férreas- sanciones.

Jueves, 04 mayo 2017.- Según Reuters, el proyecto de ley será presentado este miércoles bajo el argumento se «hacer frente a la crisis» venezolana. El carozo de la norma prevé sanciones a funcionarios del gobierno bolivariano, contempla la solicitud de una intervención regional «para aliviar» la coyuntura, pide el envío de 10 millones de dólares en supuesta «ayuda humanitaria» y exige una intervención de la inteligencia norteamericana para investigar a las figuras prominentes del Ejecutivo, por el presunto vínculo en «corrupción y narcotráfico».

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Para el internacionalista y profesor de geopolítica, Luis Quintana, la acción era de esperarse, en vista de que «la Revolución Bolivariana está pasando de la defensiva a la ofensiva con la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, y eso compromete a la derecha y a los enemigos regionales del gobierno venezolano», dijo a RT.

Escalada jurídica

La reacción «natural» frente a la Constituyente, sostiene Quintana, es que «el Congreso estadounidense -aliado de la oposición- tome medidas extraterritoriales en el plano jurídico contra el Gobierno venezolano para provocar un estallido social en el país, en vista del fracaso de la derecha con sus movilizaciones violentas en las calles. Esto es una escalada».

Los senadores que encabezan esta iniciativa jurídica son el republicano Marco Rubio, acérrimo crítico de la Revolución Bolivariana, y el demócrata Ben Cardin, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El resto de los integrantes son los republicanos John Cornyn y John McCain; y el demócrata Dick Durbin.

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El objetivo de este proyecto, advierte el especialista, es fortalecer la matriz de que en Venezuela «hay una crisis humanitaria que se agudiza y amerita una respuesta de carácter regional», tal como lo había anticipado el Jefe del Comando Sur, el almirante Kurt W. Tidd, hace unas semanas, con el único propósito de propiciar una intervención. Esa acción de mano dura tiene otra faz, más «benéfica», que es el supuesto envío de ayuda al país suramericano por un monto de 10 millones de dólares.

«Con esa ‘ayuda humanitaria’ lo que quieren es legitimar su acción violenta ante la opinión pública con una cara ‘benéfica’ que encubra sus verdaderos objetivos, que le laven el rostro», afirma el internacionalista. Lo más grave para Caracas es que esa ofensiva jurídica no será, como han adelantado los senadores, de carácter unilateral, sino junto a «países de las Américas y organismos internacionales».

La cuestión rusa

La ley tiene 11 secciones que, según la agencia citada, pretenden abordar la cuestión venezolana con un «amplio pincel». Nuevamente, se recurre a la estrategia de «sancionar» a funcionarios venezolanos, acción que a juicio de Quintana no ha resultado efectiva, pero se abre el panorama para que las medidas punitivas afecten también al país.

Pero uno de los elementos más llamativos en esta opotunidad es que la ley plantea sanciones para bloquear las inversiones petroleras de empresa rusa Rosneft e impedir «que se haga con el control de cualquier infraestructura energética estadounidense». Según Reuters, Petróleos de Venezuela ha puesto como garantía a su filial estadounidese, Citgo, para respaldar los financiamientos recibidos de la estatal rusa.

«A ellos les conviene perfectamente mezclar las dos cosas», apunta Quintana. Sin embargo, el año pasado la estatal venezolana emitió un comunicado sólo para informar que había utilizado 49,9% de sus acciones como garantía para nuevos préstamos, sin precisar si fueron hipotecadas a Rosneft.

«Cualquier empresa de clase mundial, como Petróleos de Venezuela, utiliza sus activos para el respaldo de sus transacciones y el apalancamiento de sus inversiones, razón por la cual es totalmente falso que se estén cediendo activos a terceros», alegó la empresa en esa oportunidad.

Carta opositora

El internacionalista sostiene que esta jugada lo que hace es confirmar los denunciados nexos de la derecha venezolana con el Departamento de Estado y debilitar su legitimidad dentro del país: «ellos no han podido por sí solos tumbar al presidente Maduro por vías democráticas y por eso acuden a sus amos imperiales».

En ese sentido, recordó la reciente visita de parlamentarios venezolanos al Congreso estadounidense para defender la extensión de sanciones a funcionarios del gobierno bolivariano, así como el respaldo que dieron al decreto del expresidente Barack Obama, que señaló a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de EE.UU.

«La derecha venezolana -argumenta Quintana- se desnacionaliza al usar fondos externos, subordinados a los intereses transnacionales, lo que fortalece la tesis del gobierno y los desacredita ante la opinión pública. No les hace nada bien».