Eso mismo ocurre en República Dominicana donde las autoridades reciben alta suma de dinero de los micro y narcotraficantes para permitirles sus operaciones delincuentes y criminales.

Escrito por Albinson Linares.

Foto.- Despliegue de las fuerzas policiales mexicanas durante una protesta del sindicato de maestros contra las reformas educativas de Enrique Peña Nieto en 2016. La falta de formación de los agentes de seguridad es, según Amnistía Internacional, una de las causas de las detenciones arbitrarias en el país. Credit Reuters

CIUDAD DE MÉXICO, sábado 15 de julio 2017.- — Enrique Guerrero Aviña, activista social y estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, conducía su automóvil por Ciudad de México el 17 de mayo de 2013 cuando, de repente, una camioneta le cerró el paso y un hombre comenzó a dispararle. Guerrero esquivó la emboscada pero se desencadenó una persecución y los disparos siguieron hasta que fue capturado por hombres vestidos de civil que dijeron ser policías pero no se identificaron.

Según consta en un documento de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el activista fue trasladado a un sitio desconocido en el que fue torturado con golpes, asfixia y amenazas contra su familia durante 30 horas antes de ser presentado a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), que terminarían acusándolo por delincuencia organizada y secuestro junto con otras doce personas que también denuncian haber sido torturadas.

“Fue un intento de ejecución extrajudicial. Además fui sometido a una desaparición forzada y torturas. También me fabricaron delitos y enfrento la sinrazón de los tribunales que no quieren estudiar a fondo el caso. Ni siquiera quieren aplicar sus propios criterios y razones”, explicó Guerrero, de 32 años, durante una conversación telefónica con The New York Times en Español desde el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde lleva cuatro años encarcelado sin haber sido llevado a juicio.

Foto Enrique Guerrero Aviña, activista social y estudiante de Filosofía, quien fue torturado y detenido desde 2013, sin haber sido sometido a juicio Credit Comité Enrique Guerrero Aviñasido llevado a juicio.

La historia de Guerrero es uno de los casos analizados en Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México, el informe más reciente de Amnistía Internacional. Este documento es otra señal de la grave crisis institucional que azota al gobierno mexicano, que se encuentra sumido en escándalos de corrupción, conflicto de intereses, la desaparición de estudiantes y, más recientemente, las acusaciones de espionaje contra periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos.

En el informe de Amnistía resaltan historias como la de Verónica Razo Casales, quien en junio de 2011 caminaba por una calle cerca de su casa en Ciudad de México, cuando fue interceptada por un grupo de hombres armados vestidos de civil que la trasladaron a unas instalaciones de la Policía Federal. Allí permaneció incomunicada durante 24 horas y fue sometida a abusos sexuales y otras formas de tortura hasta que la obligaron a firmar una declaración en la que afirmaba haber participado en un secuestro. A pesar de que su familia denunció ante la PGR los abusos que sufrió, sigue encarcelada y sin sentencia.

Foto.- Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestaban en abril de 2016 cerca de la Secretaría de Gobernación de México. Credit Henry Romero/Reuters

“Hay un hilo conductor en todos los casos y es que la detención arbitraria es una puerta para ingresar a otras violaciones de derechos humanos”, explica Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. “La detención produce un efecto dominó sobre otros derechos humanos como la integridad, el debido proceso judicial y luego puede originar violaciones mucho más graves como la tortura o la desaparición forzada”.

Los vicios de la burocracia

La organización realizó este documento entre febrero de 2016 y abril de 2017, a partir de entrevistas con diez organizaciones mexicanas de derechos humanos y seis expertos en seguridad pública, métodos policiales y derecho, además de 25 funcionarios del sistema judicial, en funciones o retirados.

Los testimonios de estos funcionarios, que exigieron el anonimato por temor a represalias, resultan particularmente esclarecedores para entender los vicios del sistema de detenciones del país. “Las flagrancias le sirven al Estado, sean legales o no… Hay flagrancias que se crean”, declaró una jueza penal del centro de México. “La tortura sí es sistemática y generalizada en México”, afirmaba un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Se detiene más a las personas pobres, a las personas migrantes, a las que están en barrios marginales y, fundamentalmente, a jóvenes”, asegura un secretario de la misma corte.
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Este último dato coincide con las estadísticas del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016 que, en 2015, detectó que los hombres jóvenes (de 18 a 29 años) fueron “el grupo que más fue sujeto a proceso penal a nivel estatal”, el 26,47 por ciento del total de las personas sometidas a procesos penales.

“Lo que el informe documenta es una práctica institucional de los operadores de justicia que detienen con fines ilegítimos. Las autoridades no salvaguardan la seguridad ni la integridad personal. La policía inicia un proceso de criminalización que reproduce las desigualdades sociales sin tomar en consideración las relaciones de clase, género, etnia o cultura y está basado en una falsa igualdad”, explicó Reneaum Panszi.

En este sentido, ni siquiera las personas con discapacidad están a salvo de este tipo de prácticas, como revela el caso de José Adrián, un joven maya de 14 años que tiene dificultades auditivas y fue detenido en febrero de 2016. José salió de la escuela y caminaba por las calles de X-Can, una pequeña comunidad de Yucatán, cuando fue arrestado por la policía que, sin explicarle nada, lo trasladó hasta otra población donde fue torturado para que se incriminara. “Me tiraron, me pisotearon… me metieron en un calabozo”, dice el testimonio del joven que fue registrado en el documento.

Al final fue acusado del apedreamiento de una patrulla de policía, aunque no estuvo en el lugar de los hechos, y su familia tuvo que pagar la fianza y los daños ocasionados. A pesar de que se interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la fiscalía estatal, hasta ahora no hay avances en la investigación y nadie ha sido sancionado.

Fotos que muestran las arbitrariedades y abusos de las autoridades policiales de República Dominicana, donde según denuncias reiteradas, los principales altos oficiales policiales, militares y de la DNCD, se han hecho ricos millonarios recibiendo sobornos del micro, narcotráfico y el crimen organizado. (Nota del editor)

Un peligroso coctel de violaciones

El informe concluye que en México se conjugan una peligrosa mezcla de elementos: un débil sistema de justicia, cuerpos policiales mal preparados, leyes deficientes y una impunidad “casi absoluta”, lo que hace que los arrestos y las detenciones arbitrarias sean “una realidad cotidiana que abre la puerta a otras violaciones de derechos humanos persistentes en México, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.

Foto que muestran las arbitrariedades y abusos de las autoridades policiales de República Dominicana, donde según denuncias reiteradas, los principales altos oficiales policiales, militares y de la DNCD, se han hecho ricos millonarios recibiendo sobornos del micro, narcotráfico y el crimen organizado. (Nota del editor)

Pese a las dificultades y humillaciones del encierro, Guerrero ha continuado con su activismo y recientemente protagonizó una huelga de hambre para exigir mejoras en el penal. Además, continuó sus estudios de Filosofía y logró escribir —a mano, bajo la luz constante de un foco y mientras era vigilado por las cámaras— el libro Estado de excepción (2016).

En su libro, Guerrero parte de las ideas del filósofo italiano Giorgio Agamben para construir un diálogo reflexivo en el que analiza su situación: “Actualmente no vivimos fuera de la ley ni en la barbarie. Vivimos donde lo lícito y lo ilícito, barbarie y cultura, violencia y derecho, se han vuelto indiferenciables”. El activista se define como parte de una comunidad que propone la aplicación de la ley pero que es ignorada por naturaleza e intenta transmitir su cultura como una especie de salvación: “Consternados, apáticos, rabiosos, dolidos, confusos, aquí estamos”.

Cuando se le pregunta qué le diría al gobierno, Guerrero dice: “Le pediría la mínima objetividad porque con eso bastaría para lograr mi libertad. Y, por otro lado, le pediría justicia porque esa es una palabra que este gobierno nunca ha podido entender”.

Guerrero no ha cesado de explorar otras formas de expresión en las largas jornadas de la cárcel, donde pasa más de 20 horas enclaustrado en la celda. Dice que la escritura es otra forma de libertad a la que no renuncia. En su encierro encontró el tiempo para escribir “El Banquetazo”, una suerte de farsa teatral en la que interactúan una payasa, un gorila, un hombre gris capitalista y, por supuesto, la muerte.

En la obra, mientras los personajes devoran un pollo rostizado, la muerte se larga una perorata inspirada en los versos del mexicano Ramón López Velarde: “Ahora sí, hijos del maíz, se acabaron su país. Suave patria enajenada, muerto de salario dado, suave migrante vendido, suave estudiante oprimido, suave maestro oprimido, suave desaparecido, suave preso marginado, suave patria cementerio”.