Denuncian que los ataques contra los activistas se han disparado y temen que la violencia sexual quede impune tras el cambio en el modelo de justicia

«Se están remilitarizando los territorios, no para cuidar a los campesinos, indígenas y afros, sino para coparlos y empezar su práctica de la economía neoliberal»

Una líder afro, una activista indígena, una exguerrillera de las FARC y una antropóloga presente en las negociaciones de La Habana analizan el primer año de aplicación de los Acuerdos de Paz en Colombia

La batalla de las mujeres para conseguir una paz feminista en Colombia

Foto.- De izquierda a derecha: Pilar Rueda, Charo Minas Rojas, Camila Cienfuegos y Eliana Romero. ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

Escrito por: Icíar Gutiérrez Follow

Bogotá, Colombia, 23/11/2017 – 20:06hHabían pasado pocas horas desde la movilización que rechazaba el asesinato de los dirigentes sociales y la corrupción política en Tumaco (Colombia). Hace 11 días, dos hombres entraron en la vivienda de Yeni Montaño y la asesinaron. La líder afrocolombiana trabajaba con comunidades desplazadas en la zona, uno de los epicentros de la población negra al sur del país, en la frontera con Ecuador, que cuenta además con miles de hectáreas de cultivos de coca.

«Ayer asesinaron a otra compañera», dice con el rostro serio Charo Mina Rojas a su llegada a la oficina de la ONG Alianza por la Solidaridad (ApS). La paz que hace un año se firmó no llega a los territorios donde vive su comunidad, dice. «Se está volviendo a ver una violencia brutal como hace años en estas zonas de un gran interés económico», alerta la activista afrocolombiana.

Mina fue una de las responsables del capítulo sobre etnias del acuerdo de paz que hace un año firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a más de 50 años de conflicto armado que causaron la muerte de casi un millón de personas, 160.000 desaparecidos y el desplazamiento de casi siete millones de personas.

En estas negociaciones también estuvo Camila Cienfuegos, exguerrillera. Un año después de la firma, su conclusión es la misma: el proceso de paz «no puede avanzar» mientras grupos armados estén copando los territorios y cobrándose la vida de los defensores.

Marcha por la paz, en Bogotá | Foto: Geraldkurt

«Mientras sigan asesinando a lideresas y líderes campesinos, afros, indígenas, a la insurgencia, a todo aquel que quiera un cambio estructural en nuestro país; mientras no se cumpla la implementación de los acuerdos y los exiliados no puedan hablar de sus territorios, no podemos hablar de paz», comenta Cienfuegos, que se enroló en la guerrilla con 14 años. Según Global Witness, al menos 37 activistas del medioambiente fueron asesinados en 2016, un 40% más que el año anterior.

«El reto mayor es mantenernos vivos sin que las jóvenes sean asesinadas y violadas, el reto es mantener niños sin armas en sus manos en Buenaventura. La aspiración de paz la tenemos todos y todas, pero los retos son enormes», apostilló Minas en un seminario organizado por la ONG el pasado jueves.
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Las dudas siempre estuvieron en la implementación. Esta sigue siendo la asignatura pendiente. Denuncian que la jurisdicción especial establecida en el acuerdo para juzgar los crímenes cometidos en la guerra aún no está en marcha, los servicios básicos no llegan a la población en algunas zonas y el ritmo del programa de sustitución de cultivos ilícitos como la coca por otros como el café o el cacao es «lento».

«Se está erradicando la coca porque lo hacen los militares, pero la parte de la sustitución para que puedan sobrevivir no se está cumpliendo tanto. Además la producción de coca se disparó en 2016 hasta las 146.000 hectáreas», comenta Eliana Romero, responsable de Alianza por la Solidaridad en el país.

Ese negocio pretenden controlarlo ahora grupos paramilitares que ocupan los territorios tras los «vacíos» que dejaron los exguerrilleros, provocando el desplazamiento de centenares de personas, sobre todo de la comunidad afro e indígena, que dice sentirse desprotegida. «El Estado no está presente», denuncia la ONG.
«El Gobierno quiere una paz neoliberal»

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Aída Quilcué, activista indígena también presente en las negociaciones de La Habana (Cuba), denuncia que algunas zonas habitadas por las comunidades locales, una de las más expuestas a la violencia, están siendo testigo de un aumento de la presencia militar. «Se están remilitarizando los territorios, no para cuidar a los campesinos, indígenas y afros sino para copar el territorio y empezar su práctica de la economía neoliberal. Lo vemos en el Chocó y en todo el suroccidente colombiano», denuncia.

La líder indígena considera que la firma de los acuerdos que se conmemora el 24 de noviembre, fueron «un paso importante», pero la visión de las comunidades originarias es diferente a la del Gobierno de Santos.»Nosotros queremos la paz concebida como armonía en el territorio, pero el Gobierno quiere una paz neoliberal. Dice que los vacíos que dejó la guerrilla nos sirve para aplicar el desarrollo económico. Y aunque las concesiones de mineras e hidrocarburos ya se estaban produciendo, ahora se materializan», señala.

Asimismo, no cree que el Ejecutivo vaya a cumplir los acuerdos. «El presidente Santos ha firmado 1.200 acuerdos con los pueblos indígenas. Y ninguno los ha cumplido. Firma, pero no cumple».
«Los exguerrilleros vivimos bajo la amenaza latente»

Otro de los temas más controvertidos del acuerdo fue el de la reinserción de los excombatientes de las FARC en la vida civil. Cienfuegos considera que padecen «inmensas dificultades» y no cuentan con «suficientes garantías» de seguridad tras retirarse de los territorios. «Estamos expuestas a bandas emergentes a nuestro alrededor, hace unos días asesinaron a dos personas con fusil, cuando se supone que ya no hay sectores armados. Es una amenaza latente», resume.

Asimismo, la exguerrillera denuncia que «no se están garantizando los derechos» contemplados en el acuerdo para facilitar la reincorporación de los excombatientes, como los derechos a «la salud, a la educación y a ejercer la política». «No hay escuelas adecuadas, no hay jardines de infancia en nuestros territorios. La reincorporación no ha sido lo que uno esperaba», explica.

Pero Cienfuegos se muestra optimista. «Es posible una paz estable y duradera», sostiene la ahora dirigente del partido político de las FARC. «Poder llegar a una casa y que la gente no se asuste, eso también es construir la paz. Ahora nos encontramos con las comunidades y ven que también somos parte de ellas, que retornamos sin armas, con la palabra. Tenemos que dejar atrás los odios para poder hablar de reconciliación y dejar la diferencia a un lado para que la implementación sea posible», concluye.
El revés a la justicia para la violencia sexual

«La paz sin mujeres no va», exigieron las organizaciones de feministas al presidente Juan Manuel Santos al inicio de los procesos de paz. En 2014, cuando se abrió el capítulo de las víctimas, lograron que se estableciera en la mesa de negociación de La Habana una subcomisión de mujeres que pudo revisar con una mirada de género el acuerdo. En ella estuvo presente Cienfuegos y también Pilar Rueda, antropóloga y asesora de la secretaría ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, creada tras las negociaciones.

«Las mujeres pusieron rostros e historias a cifras que ya venían circulando en la mesa. Las mujeres y las niñas habían vivido de forma particular la guerra, y había un tipo de ataques que les afectaban de forma desproporcionada, como el desplazamiento forzado», recuerda Rueda.

Durante el proceso recibieron los ataques de los sectores más conservadores de la sociedad colombiana. «Cuando se votó el plebiscito, uno de los elementos más atacados por la Iglesia y la derecha fue el enfoque de género. Argumentaron dos cosas profundamente mentirosas que no supimos enfrentar: que promovía el homosexualismo, lo que nos llevó a perder al plebiscito y también, que el enfoque destruye la familia tradicional», explica la antropóloga.

Se estima que al menos 12.092 personas han sido víctimas de delitos contra la libertad sexual durante la guerra. Entre uno de los logros de la subcomisión de género estaba que el sistema de justicia transicional creado ad hoc fuera a juzgar los delitos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto por todos los actores. El pasado miércoles, señala Rueda, esta victoria sufrió un revés. Durante el debate sobre la ley que da forma a esta jurisdicción, el Senado aprobó una propuesta del partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, que en la práctica, dice Rueda, excluye a los que han cometido delitos sexuales, que pasarán a la justicia ordinaria.

«Lo que hizo el Congreso es terrible para las víctimas de violencia sexual que se pelearon para que quedara como un delito explícito con sus propios mecanismos de investigación, porque sabemos que la impunidad en la justicia tradicional en temas de violencia sexual es fortísima», opina la antropóloga. «Excluirla es una cachetada muy fuerte, porque es impedir claramente a las víctimas que conozcan la verdad, que sus victimarios sean sancionados y que se les pueda reparar. Este iba a ser su espacio. La justicia ordinaria, cuando juzga la violencia sexual en el conflicto, no funciona, ha sido profundamente machista, racista y clasista», lamenta.

La asesora apunta que los delitos sexuales son «uno de los pocos que no se han reducido desde que se firmó el acuerdo». En 2016, «aumentó un 8,3% la violencia sexual en la casa y en la escuela». Rueda recuerda que la violencia contra las mujeres «no se la inventó la guerra». «La hace más cruel, se vuelve un instrumento que se usa, se normaliza mucho más. Pero no hay mujer en Colombia que no esté en riesgo», esgrime.

Para ilustrarlo, asegura que cada año, 22.000 mujeres y menores buscan asistencia sanitaria tras declararse víctimas de abuso sexual. «Más o menos 15 al día. Los principales agresores son sus padres, padrastros, sus hermanos, etc. Solo el 0,08% de la violencia, según los informes estatales, corresponde a la que se produce en el conflicto armado», prosigue.

«En las comunidades negras nunca se había visto que un tipo le metiera 80 puñaladas a su compañera. Este tipo de cosas se han generado por las prácticas violentas de la guerra. Es tan serio, tan grave, que se haya pasado la violencia sexual a la justicia ordinaria, donde al Estado no le interesa desarrollar una capacidad para atenderla. Se ha abierto un hueco enorme de impunidad», alerta Minas.

Minas, Cienfuegos, Quilcué y Rueda coinciden en la importancia de apoyar el proceso, a pesar de las dificultades y la lentitud en la implementación. «Poder pensar que hay menos personas en armas, no saben lo que significa en un país. Pensar que el hospital no está lleno de heridos, pensar que cada vez hay menos minas antipersona, que hay desplazamiento, pero no en las dimensiones en las que lo había. La crisis humanitaria era desproporcionada».

Y concluye: «¿Se ha resuelto todo? No. ¿Se han reducido los homicidios? Sí. ¿Que los ataques ahora son focalizados? También. ¿Hay que pelear contra la impunidad? Claro. No es posible que se nos siga señalando a los defensores, tenemos que cambiar el modelo de desarrollo, pero eso va a ser mejor sin balas y con mayor democracia».
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