Reiteran que la posición del gobierno sobre la crisis eléctrica elevará la tarifa y entregará Punta Catalina al Sector Privado profundizando el régimen de impunidad.
Santo Domingo, D.N. viernes 22 diciembre de 2017, –Fracasó de nuevo la maniobra del gobierno de imponer como pacto eléctrico un acuerdo tras bastidores arreglado con una parte de la cúpula monopólica del gran empresariado que se beneficiaria de la crisis y el desorden en el sistema eléctrico dominicano.
Señalaron que el acuerdo Gobierno-Cúpula del CONEP, aumentará la tarifa eléctrica, mantendrá las pérdidas de energía eléctrica que es donde está concentrada la corrupción, eliminará de la ley que obligapago de compensación por los apagones, suprimirá el 10% que deben pagar los usuarios no regulados y no establecerá la veeduría social independiente en todo el sistema eléctrico.
Las entidades que conforman el Sector Social y los Consumidores felicitaron, al mismo tiempo, a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo por negarse a firmar el Pacto Eléctrico.
Calificaron de digna y de correcta la postura de los industriales de Herrera de rehusarse a hacerle el coro a un Pacto Eléctrico carente de transparencia, en el que el Gobierno y la cúpula empresarial impidieron el consenso sobre los aspectos claves de la matriz eléctrica del país y que se conociera la mega corrupción de Punta Catalina.
Manifestaron que no tiene objeto suscribir un acuerdo que viola por completo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, número 1-12, que establece que la economía nacional debe descarbonizarse y que los fósiles importados deben ser reemplazados por fuentes renovables en la generación de electricidad.
Señalaron que por iguales razones que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, el Sector Social y de los Consumidores se retiraron de las discusiones a medidos de año y anunciaron finalmente que no suscribirían el Pacto Eléctrico, si no se abordaba y se discutía la mega corrupción presente en la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, había un compromiso de sanear realmente las EDEs, no se subiría la tarifa eléctrica al consumidor final y se establecería el sistema de contraloría y veeduría social en el sector eléctrico.
Llamaron a los demás sectores empresariales que en su condición de consumidores seguirán pagando una elevada tarifa eléctrica recibiendo prolongados apagones, para beneficio de la corrupción y de la cúpula empresarial sometida a los intereses de los grandes generadores eléctricos, a que no suscriban este Pacto Eléctrico.
“Mientras la cúpula empresarial está dispuesta a suscribir el Pacto Eléctrico para garantizar la continuidad de sus negocios en desmedro del pueblo, los industriales de Herrera se sitúan al lado de todos los consumidores, que necesitan suministro de electricidad de calidad, sin apagones y a bajo precio”, observaron.
Extendieron este llamado de no firmar el Pacto Eléctrico al Sector Laboral que siguiendo una lógica de obtención de mínimos, se presta a legitimar un acuerdo que lesiona los intereses de la nación y favorece la mafia público-privada que explota a los trabajadores y los hace cada día más pobres.
Expresaron que en la firma de este Pacto Eléctrico está implicado, ante todo, un asunto de ética que las grandes movilizaciones realizadas por el pueblo dominicano desde el 22 de enero, colocaron en primer plano, que es la dilucidación de la mega corrupción cometida por Odebrecht y por el Gobierno en Punta Catalina. El gobierno solo quiere hacer lo que confesó Jiménez Bichara, cuando afirmó que “el Pacto Eléctrico era para blindar a Punta Catalina”.
“Debería ser imposible para todas las personas e instituciones que estén de acuerdo con el fin de la impunidad y de la corrupción, suscribir un Pacto que endose por omisión esta corrupción”, aseguró.
Entre las organizaciones que constituyen el Sector Social y de Consumidores figuran el Observatorio Dominicano de Políticas Pública de la UASD, Articulación Nacional Campesina, Asociación de Comités de Amas de Casa, la Federación Nacional de Consumidores, Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC).