Diputados aprueban cambios a la Ley de Notarios 140-15; reducirán en dos el número de notarios por cada municipio.

La iniciativa fijaría en dos el número de notarios por cada municipio del país

Santo Domingo, 25.- octubre.- 2018.-. La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y de urgencia tres proyectos de ley fusionados que regulan la función del notariado y modifican la ley 140-15 sobre el Colegio Dominicano de Notarios.

A partir de la aprobación de esta ley su ejercicio profesional tendrá una categoría privilegiada al reducirse su número por municipio. La actual membresía será saneada y reducida para que solo haya dos por ciudad. Se teme que se politice y que se favorezca a los que militen en el partido de gobierno.

La iniciativa, que recibió un informe favorable con modificaciones por la Comisión de Justicia, fijaría en dos el número de notarios por cada municipio.

Además plantea cambios en las características del papel notarial que deberán ser redactadas en papel de seguridad y buen calibre con dimensiones de ocho y medio de ancho por once centímetros de largo para actos bajo firma privada y de ocho y medio de ancho por catorce centímetros de largo para los actos auténticos.

Las modificaciones también afectan las tarifas que cobran los notarios según los servicios prestados.

En el debate también fue presentado un informe disidente, que luego fue acogido por la Comisión de Justicia, por parte del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Darío Zapata, el cual observó la modificación introducida al artículo 19 de la Ley 140-15 que establecería el domicilio de cada notario.

Zapata pidió que se elimine el párrafo al artículo 19 y que agregaría lo siguiente: “Cuando las partes no sean de la misma demarcación geográfica, pero estén en el domicilio del notario, este hará constar en el acto que los mismos se encuentran en tránsito”.

Finjus

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) observó el proyecto de Ley que crea el Colegio de Abogados y alertó que el artículo 102 pudiera afectar bienes jurídicos protegidos, como es el derecho al trabajo, al inhabilitar el ejercicio de la profesión por falta de pago de la cuota anual.

La iniciativa, que estaba en agenda ayer, fue devuelta a la Comisión de Justicia sin plazo fijo

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