REPUBLICA DOMINICANA.- La Fundación Primero Justicia afirmó que el recién pasado 2014 fue el año que marcó la imperiosa necesidad de una nueva justicia, justa, igualitaria, garantista del Estado de derecho, sin distinción de personas, posición económica, política, de género de razas.

Pero de igual forma, entiende que también fue el año de la aniquilación de las instituciones, “las cuales por acción u omisión cómplice, han sido colocadas al servicio de un reducido grupo de privilegiados de sectores enquistados en el poder”.

Según la organización de la sociedad civil, la primera manifestación importante de dicho “crimen institucional”, se cristalizó a través de la Cámara de Cuentas, órgano constitucional encargado de la auditoría externa del manejo de fondos públicos, “deformada en un verdadero centro de auditorías de carpeta, que en los hechos, devinieron en un arreglo, confección y maquillaje de números, destinados a encubrir, legitimar, alivianar toda irregularidad que pudiera lejanamente constituirse en la punta de lanza de una persecución penal contra personeros del dicha claque”.

En un detallado resumen del comportamiento jurídico de las instituciones, la Fundación Primero Justicia, dice que “otra de las grandes victimas del proceso de aniquilación institucional fue la Justicia, aniquilada mediante el nombramiento de una Suprema Corte de Justicia política y servil, cuyos nuevos integrantes, mediante cuestionables, más bien increíbles sentencias, han cumplido a cabalidad su siniestro rol de proteger privilegios e impunidad en favor de una selecta claque, constituida a base de dinero sucio”.

Cita el caso del juez de transito “nombrado para que emita una sentencia sin precedentes en la ley ni en los anales judiciales, mediante la cual le prohíbe inclusive a la Fiscal del Distrito Nacional investigar a funcionarios del gobierno”.

Sostiene que el 2014 fue además el año en que la Justicia confirma una serie de dictámenes de archivos de procesos penales que involucran a varios ex funcionarios gubernamentales.