Escrito por: Dr. Jesús Feris Iglesias
El 23 de febrero en curso, el presidente Danilo Medina dejó reinaugurado el Hospital Dr. Darío Contreras en la capital dominicana, a un costo de 50 millones de dólares americanos. Para que nos sirva de referencia esta remodelación, igual cantidad de dinero costó la construcción del hospital privado HOMS en Santiago de los Caballeros.
En su discurso al dejar el hospital abierto al público, dijo las siguientes palabras, cito: “Tiene que seguir siendo un hospital para los pobres, que se le cobre al que tenga el seguro de salud, pero al que no tiene nada, este es su hospital, y aquí se tiene que atender”.
Y, siguió diciendo: “No queremos hospitales de calidad para que luego ningún pobre pueda recibir los servicios porque el dinero que cobra no le permite ser atendido en estos hospitales”. El jefe de Estado insistió “…en que ahora que el nuevo centro asistencial posee el nivel y la calidad que tiene, debe seguir siendo un hospital para los pobres, como lo era antes”.
Consideramos que el presidente Medina lo que debió decir es que la salud no tiene precio, pero tiene un costo y alguien, en este caso, el Estado, tiene la responsabilidad de asumir los gastos de los pobres a través del Seguro Nacional de Salud –SENASA-, de acuerdo al nuevo modelo de salud promulgado con las leyes 42-01 y 87-01.
De esta manera, debió comprometerse con el mandato de la Constitución de la República en su artículo 61 de que toda persona tiene derecho a la salud integral por derecho constitucional y no dádivas por ser pobre.
El mandatario Medina debió continuar diciendo que como presidente de todos los dominicanos se comprometería a ingresar al 50% de la población que aún no tiene protección en la Seguridad Social, en el régimen subsidiado del SENASA y de esta manera cumplir también con el artículo 60 de la Constitución que dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Decimos ingresarlos al componente subsidiado porque los responsables de la seguridad social aún no han querido estudiar, ni poner en práctica, el componente contributivo-subsidiado porque según dicen, no es viable. Pero el partido de gobierno con mayoría congresual tampoco modifica la ley en ese sentido para que los trabajadores por cuenta propia puedan disfrutar de seguridad social.
Debió recordar el presidente, que la Ley 87-01 dio un plazo transitorio de 10 años para que el 100% de las personas – dominicanos y extranjeros – que vivan legalmente en el país tuvieran cobertura de seguridad social y a 14 años de promulgada esta ley, solamente el 50% puede disfrutar de este aseguramiento.
Si todas las personas tuvieran seguridad social, el reinaugurado hospital podría recibir los ingresos necesarios por atención de los pacientes. Debemos recordar que siendo este hospital principalmente traumatológico, llegan la mayoría de los accidentados de vehículos de motor. Estos accidentes ocurren principalmente en personas en edad productiva y sabemos que muchos accidentados requieren unidades de cuidados intensivos y manejados por diversos especialistas por la diversidad de lesiones de estos accidentes. Esto acarrea costosos gastos como son prótesis y materiales de osteosíntesis que no pueden ser costeados por el actual presupuesto hospitalario.
El presidente Medina debió comprometerse además a demandar y supervisar los cambios necesarios y urgentes para disminuir los accidentes vehiculares, ya que de acuerdo a un estudio realizado por FUNGLODE, por estos accidentes se gasta 2.5% del PIB, mucho más de lo asignado al presupuesto de salud que es de 1.5%. Vemos y escuchamos a diario que por carecer de los recursos económicos, los accidentados se quedan invalidados de retornar a sus actividades por varios meses y hasta años, contribuyendo a mayor pobreza en esas familias.
Es hora ya de organizar el Sistema Dominicano de Salud. De lo contrario, esta reinauguración se deteriorará en poco tiempo.
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