Escrito por: David Fig. TNI

El actual saqueo en África es una reedición de las tradicionales relaciones imperialistas queel continente experimentó durante el colonialismo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre el pasado y el presente? ¿Quién detenta el poder en último término?

* Este artículo se publica en el marco del informe ‘Estado del poder 2014’ (publicado en español con la colaboración de Fuhem-Ecosocial)

En los últimos años África ha experimentado una oleada de nuevas inversiones, particularmente en la minería, el sector energético y la agricultura, y ha visto aumentar sus exportaciones de materias primas. Estos flujos constituyen un nuevo expolio y generan riqueza para los inversores extranjeros, algunos empresarios locales y una creciente clase consumidora. Los recursos se explotan por norma sin que mejoren los estándares de vida de la gente y con unos costes medioambientales considerables. Localmente esto ha generado una resistencia significativa. Este saqueo es una reedición de las tradicionales relaciones imperialistas que África ha experimentado durante el colonialismo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre el anterior y el presente saqueo? ¿Quién detenta el poder en último término?

La economía africana ha triplicado con creces su tamaño desde 2000 y las previsiones del FMI apuntan a que África albergará a 11 de las 20 economías nacionales de más rápido crecimiento mundial hasta 2017. Pero, ¿este boom –vinculado a menudo a la localización de yacimientos de gas y petróleo- es sostenible o beneficia a la población? Aunque hay una clase media creciente, estimada en unos 300 millones de personas, las desigualdades parecen haberse agudizado. Según el Panel para el Progreso de África, más del 50% de los africanos viven con menos de 1,25 dólares diarios. Los beneficios, por tanto, van a parar al capital extranjero y a unos pocos socios locales. En algunos casos la riqueza pertenece a grandes corporaciones estatales, lo que permite a destacados políticos locales, sus familias y su séquito extraer ganancias para sus bolsillos. Esto es especialmente notorio en Guinea Ecuatorial y Angola, cuyas dinastías gobernantes se mantienen en sus respectivos tronos década tras década.

Este boom no ha pasado inadvertido al capital global, que ha buscado con más ahínco hacer negocios en el continente. Los tradicionales lazos creados con EEUU y la UE han perdido peso por la reciente entrada de algunos nuevos actores. Los inversores están impresionados por las tasas de crecimiento del continente; ven a África como un lugar de baja población, baja contaminación y baja regulación, y repleto de recursos hídricos y tierra cultivable. África se ha convertido en el destino de muchas grandes transacciones de tierra y agua, habitualmente denominadas “acaparamiento de tierras”.

El nuevo saqueo sigue patrones de estructuras coloniales anteriores, a excepción del control político directo. Requiere una clase compradora local dispuesta que se convierte en socio minoritario en la explotación de la población local y que a menudo actúa a favor de los intereses del proyecto neoimperialista. En un marco de globalización, consolidación del libre mercado e ideología neoliberal existe mucha más complicidad entre el Estado y el capital global. La colaboración con capital transnacional a menudo se implementa a través de programas de ámbito local, indigenización o “empoderamiento económico negro”. Pocas compañías africanas, a excepción de un puñado de empresas sudafricanas, se han convertido en actores globales, aunque existe una porción creciente de políticos y empresarios africanos que forman parte de lo que Susan George ha denominado “la clase de Davos”.

David Fig es un sociólogo ambiental, economista y activista de Sudáfrica. David tiene un doctorado de la London School of Economics y está especializado en cuestiones de energía, industrias extractivas y responsabilidad corporativa. Preside la junta de Biowatch South Africa, un grupo dedicado a la soberanía alimentaria y la agricultura sostenible, y trabaja muy de cerca con varias organizaciones no gubernamentales por la justicia ambiental. Entre sus últimos trabajos destacan los centrados en las industrias nuclear y del gas de esquisto, y la batalla jurídica de Biowatch contra Monsanto.