SANTO DOMINGO.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) condenó la practica “hoy casi generalizada de la clase política dominicana, concertando acuerdos para favorecer la reelección presidencial, prostituyendo y debilitando la democracia interna de los partidos políticos y de paso cercenando la posibilidad y el derecho de sus militancia a seleccionar en primarias sus mejores candidatos”.

El presidente de la institución, Trajano Potentini, dijo que en la actual coyuntura de aprestos reeleccionista y de cara al venidero proceso electoral, los partidos políticos, fundamentalmente (PLD, PRD y PRSC), hacen un flaco servicio a la democracia, al plantear un escenario colectivo de repartición de cargos y reelección generalizada.

A juicio de Potentini con la reserva de la mayoría de las candidaturas a cargo congresuales y municipales, las principales fuerzas políticas del país han secuestrado el ejercicio de la democracia, en desmedro de su propia militancia, sesgándole la posibilidad de acceder a un cargo electivo por sus méritos, trabajo político y vocación de servicio”.

Sostiene que lo que ha imperado en las cúpulas partidarias es la repartición de un botín de guerra, producto del saqueo de la democracia dominicana, entregado en manos de los más connotados corsarios de la política vernácula.

Afirmó que con esta medida de trueque los partidos están lesionando el sagrado derecho que tienen sus adeptos, de competir en igualdad de condiciones por una posición electiva en las próximas elecciones de mayo.

Cree que los partidos políticos traicionan su propia militancia y cometen crimen contra la democracia al reservarse a cambio de la reelección presidencial la mayoría de las candidaturas, para ser entregadas en pago al apoyo reeleccionista.

Vidal Potentini recordó a la clase política dominicana que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho con protección y tutela constitucional, contemplada en nuestra actual ley sustantiva en el artículo 22 numeral 1.

De ahí, dijo el jurista, que “estamos en presencia de una grosera violación a derechos fundamentales y de falta a la institucionalidad, características distintivas de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal y como lo consagra la constitución en su artículo 7.

La fundación alberga la esperanza de que los políticos reflexionen y entiendan que las agrupaciones políticas no son parcelas particulares de sus principales dirigentes, y que le den un uso justo, racional y equitativo al monopolio absoluto que hoy por hoy en virtud de la ley electoral, mantienen del acceso a las candidaturas a cargos electivos.