Palabras pronunciadas por Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia (APD), en ocasión de cumplirse el vigésimo tercer aniversario de su fundación.

La Alianza por la Democracia fue fundada el día 2 de agosto de 1992, hace hoy exactamente veintitrés años.

Y como cada año, venimos a este lugar sagrado donde reposan los restos mortales de los fundadores de la República.

Venimos a rendirles tributo. Venimos también a reafirmar, con más fe y determinación, nuestro compromiso ineludible de continuar su obra.

Juan Pablo Duarte, el primero de los Padres de la Patria, fue declarado traidor por los verdaderos traidores. Francisco del Rosario Sánchez fue fusilado por Pedro Santana y sus cómplices luego de haber entregado la patria en acto supremo de cobardía.

En muchos aspectos, la historia de hoy sigue siendo la historia de ayer. Los seguidores de los Trinitarios y los Restauradores seguimos enfrentando todo tipo de calumnias de los entreguistas y aprovechados de siempre.

Pero aquí estamos. Con la frente en alto, expresando nuestros criterios de bien patrio con claridad y firmeza.
Hoy, cuando es más necesario que nunca hablar así. Cuando se han puesto al descubierto las artimañas de los que nos gobiernan y pretenden seguir gobernándonos mediante el uso de todo tipo de procedimientos espurios.

Durante los últimos meses se han producido acontecimientos políticos que han cambiado aspectos importantes del acontecer nacional, amenazando gravemente el sistema democrático.

Utilizando toda suerte de procedimientos, incluyendo muchos de carácter ilícito, el presidente Danilo Medina logró imponer una reforma constitucional que le permita repostularse a la presidencia de la República en las elecciones de mayo del próximo año. Consiguió agenciarse el favor de los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y ha comprado también el apoyo de otros agrupamientos políticos.

Luego de haberlo negado de manera reiterada el presidente Medina dejó al descubierto su verdadero propósito que es el de perpetuarse en la presidencia de la República. Tiró al zafacón de la basura sus reiteradas promesas e hizo uso abierto o encubierto de los recursos del Estado para imponerse frente a unos y otros.

Logró tres pactos, o imposiciones, depende de cómo se les quiera llamar. El primero fue el del dando y dando, que concertó con los legisladores: los que apoyaran la reforma constitucional reeleccionista serían premiados con su propia repostulación al cargo que detentan.

El segundo fue el pacto interno peledeista de los 15 puntos que consagró la jefatura de Medina al interior del partido de gobierno.

El tercero fue el acuerdo del PLD con el PRD, partido que, abandonando su trayectoria, se puso al servicio del gobierno a cambio de promesas que no se sabe en qué medida serán cumplidas.

Estos tres pactos o imposiciones son, en el fondo, uno sólo. Su denominador común es la negación de principios democráticos elementales y la imposición de la jefatura de Danilo Medina.

Con la jugada política se anula el derecho democrático a elegir y ser elegido. Los que están en los diferentes cargos pretenden quedarse en sus funciones con el auspicio presidencial, liquidando las aspiraciones de todos los demás pretendientes a funciones electivas.

El presidente seguiría siendo presidente; los senadores, senadores; los diputados, diputados; los alcaldes, alcaldes y los concejales, concejales. Los directivos del PLD seguirían siéndolo hasta finales del año 2020. A eso puede llamársele de cualquier manera, menos democracia.

Todos estos pactos, acuerdos o imposiciones son inconstitucionales e ilegales. El presidente de la República no tiene derecho a anular las elecciones internas de los partidos e imponer de dedo todos los candidatos porque eso conviene a su interés egoísta de mantenerse a la cabeza del gobierno.

Al actuar de esa manera, anulando la democracia, el presidente Medina cree haber construido una triple alianza muy poderosa, formada por los partidos tradicionales, alrededor de su jefatura.

Él cree haber logrado una coalición invencible al haber doblegado a la mayoría de los actores políticos tradicionales mediante la utilización ilegal de los recursos del Estado.

No obstante, el presidente está completamente equivocado. En la Alianza por la Democracia estamos convencidos que tanto él como sus asociados no deben cantar victoria antes de tiempo.

Su gigante político, su gran coalición montada con los dineros del pueblo dominicano, es un gigante con los pies de barro que se desmoronará bajo el peso de sus propias contradicciones.

En todo el país habrá rechazo al propósito de control y surgirán candidatos dispuestos a echar la pelea, y a ganarla, empuñando las armas de la dignidad y el honor, para sacar de sus puestos a quienes los detentan sin merecerlos.

Por más propaganda que hagan, y por más gente que paguen para difundir sus supuestas bondades, la verdad es que la inmensa mayoría de nuestro pueblo no tiene esperanzas de mejorar su suerte dentro del actual esquema de gobierno.

Por más que se diga lo contrario, la cierto es que el modelo de dominación económica, social y política está en profunda crisis.

Este modelo se mantiene en base a prebendas, a promesas incumplidas y a un endeudamiento creciente e irresponsable que terminará por sumir la economía dominicana en una crisis profunda.

La inseguridad, la corrupción y la impunidad siguen siendo el pan nuestro de cada día. La falta de empleo y de ingresos, así como las precariedades de todo tipo, siguen marcando la vida cotidiana de los dominicanos y las dominicanas.

Mientras la sequía agobia al país y desespera a su gente el gobierno da muestras de un desprecio olímpico por las cuestiones ambientales. Por eso insiste en construir dos grandes plantas de carbón sobrevaluadas y de tecnología atrasada que, de edificarse, terminarían convirtiéndose en dos dañinos y costosos elefantes blancos llamados a destruir la salud de las personas y la agropecuaria de la provincia Peravia, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático.

Por más que pretendan entretenernos con un discurso de supuesta defensa de la patria para ocultar la incapacidad y el enriquecimiento ilícito de los principales funcionarios gubernamentales, la ciudadanía terminará por descubrir su juego y actuará de manera consecuente.

Ante esta situación la Alianza por la Democracia reitera su convencimiento de que es preciso superar el partidismo tradicional sobre la base del cambio del modelo económico, social y político actual.

Insistimos que para lograr este avance es indispensable que las fuerzas sociales y políticas realmente convencidas de la necesidad de una transformación real de nuestra sociedad aunemos nuestros esfuerzos, poniendo en común nuestros recursos y posibilidades.

Un reclamo que la sociedad dominicana debe priorizar en lo inmediato, más allá de los agrupamientos y de los intereses partidarios, es el de la aprobación de una verdadera Ley de Partidos y de una nueva Ley General Electoral que establezcan mínimos de igualdad en el ejercicio de la actividad política.

Como lo afirmara recientemente el propio presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, sin la aprobación de estas dos legislaciones las próximas elecciones de mayo de 2016 carecerá de credibilidad y, añadimos nosotros, de legitimidad abriendo un período de profunda crisis de gobernabilidad en el país.

La igualdad de oportunidades es la base de la democracia, especialmente cuando se trata del ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos que la propia Constitución de 2010 establece y garantiza. En un genuino régimen democrático todos los ciudadanos y ciudadanas, así como las organizaciones que estos constituyan, deben tener los mismos derechos, oportunidades y medios materiales a la hora de ejercer el derecho a elegir y ser elegidos.

Nadie, absolutamente nadie, debería competir por el favor del pueblo contando con los recursos del Estado, más que aquellos dispuestos expresamente por la ley para esos fines.

Nadie debería recibir financiamiento para imponer su candidatura con recursos provenientes de la corrupción, de la delincuencia y de actividades ilegales y criminales.

Nadie, absolutamente nadie, debería utilizar la posesión de un cargo gubernamental, ya sea de regidor, de alcalde, de legislador, de ministro o de presidente de la República, para gozar de ventajas que los demás no dispongan en el torneo electoral.

El establecimiento del principio de equidad es necesario también para proteger los derechos de los ciudadanos que participan en la actividad política desde los partidos de la coalición gubernamental, a fin de que puedan defender su derecho a elegir y ser elegidos por encima del abuso despótico de las cúpulas partidarias.

Desde este Altar de la Patria, símbolo de la libertad, de la democracia y de la nación, llamamos a toda la sociedad dominicana, a todas y a todos los dominicanos, sin excepción alguna, para que logremos juntos la aprobación de una verdadera Ley de partidos y una nueva Ley General Electoral en la próxima legislatura del Congreso Nacional.

La APD reitera que debemos construir juntos lo nuevo. El nuevo modelo debe ser edificado desde una perspectiva ciudadana y democrática, con una amplia participación de fuerzas no solamente políticas sino también sociales.

Los viejos aparatos políticos partidarios no deben pretender imponer candidaturas y ejercer hegemonías en base a estilos superados. Lo nuevo debe ser construido desde abajo, desde las bases mismas de la sociedad, favoreciendo en el actual contexto el surgimiento de un verdadero movimiento electoral del pueblo.

La Alianza por la Democracia considera que, para el desarrollo de este proceso, es preciso dejar de lado sectarismos estériles e intereses particulares. Solo así podremos construir juntos lo nuevo.

Como ya hemos dicho, y reiteramos, solo así lograremos construir un nuevo hogar nacional, democrático, justo y solidario, fundado en derechos.

En Santo Domingo, el 2 de agosto de 2015, ante el Altar de la Patria, al cumplirse el 23 aniversario de la fundación de la Alianza por la Democracia.