La Alianza por la Democracia expresó su total rechazo a la solicitud de varios partidos políticos que han pedido a la Junta Central Electoral incumplir con la Constitución en lo relativo a la representación de las provincias y el Distrito Nacional en la Cámara de Diputados.

“La Constitución es clara y explícita en su artículo 81 y ningún partido político, institución, grupo o ciudadano tiene derecho a solicitar que sean incumplidos o pospuestos sus mandatos”, manifestó por medio de nota de prensa Max Puig, presidente de la APD.

A juicio de la organización política el pleno de la Junta Central Electoral hizo una aplicación correcta del texto constitucional al establecer la nueva distribución de escaños por provincias.

Precisó Puig que es preciso desterrar de la política dominicana la “cultura del bajadero” que han venido utilizando los partidos tradicionales para incumplir la Constitución y las leyes.

“A lo único que ha conducido esa política del bajadero es a apuntalar el modelo de crecimiento económico con desigualdad social, clientelismo político y enriquecimiento ilícito que tiene hundida a la sociedad dominicana”, señaló el sociólogo y dirigente político.

Se preguntó el presidente de la APD “¿con qué moral podemos pedir que se cumplan las leyes si pedimos que se viole la Constitución para obtener tal o cual ventaja particular para nuestro grupo político?”.

Lamentó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se sumara a los partidos del gobierno para proponer una violación de la Constitución, cuya finalidad es acomodar las candidaturas de los actuales diputados que a cambio de su continuidad en el puesto que detentan votaron para darle paso a la reelección presidencial.

Puig insistió en el reclamo que han venido haciendo amplios sectores sociales y políticos de que se modifique la Ley General Electoral y se apruebe una Ley de Partidos que ofrezcan las garantías necesarias para el desarrollo de elecciones libres y creíbles.

Recordó que el propio presidente de la Junta Central Electoral declaró recientemente que la no aprobación de esos instrumentos jurídicos “se constituye en una seria amenaza para la sanidad de la próximas elecciones”.

El presidente de la APD manifestó su acuerdo con la afirmación del licenciado Rosario Márquez de que si estas leyes no se aprueban “la representación política que surja de las elecciones descansará más en la fuerza del dinero que en la fuerza de las convicciones y las ideas”.

Advirtió que si las elecciones se realizan sin un marco legal que ofrezca garantías mínimas de equidad en el uso de los recursos y en la propaganda los comicios quedarían afectados de ilegitimidad dejando abierta una crisis de gobernabilidad en el país.