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Escrito por: Enrique Alberto Cabrera Vásquez (Mellizo) Director-Editor, de EL COLOSO DE MACORIX
Amparado en la reforma constitucional del pasado gobierno perredeísta que presidió Hipólito Mejía el actual presidente de la república Leonel Fernández se ha lanzado a la repostulación. Legalmente la reelección tiene un soporte jurídico constitucional que nadie puede rebatir. Pero este no es el caso. No es que se le quiera negar ese legítimo derecho al presidente Fernández; en lo absoluto. Es que se utilice esa aspiración con un criterio apabullante, despótico, conculcador de derechos y preceptos y, sobre todo, abusando olímpicamente de los recursos del Estado sin miramiento ni respeto por normas éticas claramente establecidas en el libre ejercicio del debate y la competencia pluralista. Lo primero es que vivimos en un sistema democrático el cual ciñe el desenvolvimiento de sus actividades sociales y publicas en el respeto de valores y principios consagrados intrínsicamente. Un presidente de la república es un administrador de la cosa pública, un gerente social y político del Estado, por lo tanto, el jefe de Estado o de gobierno no puede disponer a su antojo y capricho del patrimonio publico para solventar sus gastos de promoción; todo lo contrario debe dar ejemplo de sobriedad, respeto y ejemplar administración.
Tal es el caso de la presente campaña electoral. El partido de gobierno, el de la Liberación Dominicana (PLD), que liderea el presidente Fernandez esta desarrollando su proselitismo sobre la base de la compra de conciencia, el tranfugismo, el derroche de los recursos públicos y el uso abusivo y desproporcionado del dinero del pueblo.
Es una promoción de la reelección sobre bases inmorales y anti ética, El protagonismo de la corrupción como herramienta promocional de la reelección más que indecente, indecorosa es un vulgar acto de gangsterismo y delincuencia común. Si, la forma inescrupulosa, indecente, fanfarrona, arrogante, troglodita y hasta represiva con que se promociona la actual reelección constituye un peligroso acto criminal contra el orden institucional.
Cuando se utiliza los recursos en la forma tan monstruosa como lo hace la presente administración pública el país es empujado a asumir una posición de fuerza y de resistencia. Si se permite que la reelección gane usando normas tenebrosas y delincuenciales estaremos en presencia del inicio de una situación política proclive a la rebeldía y a la resistencia. La democracia dominicana no puede aceptar un triunfo reeleccionista que sea fruto del cohecho, la corrupción y el fraude. Si del FRAUDE, porque el usar los recursos del Estado contra sus adversarios, el controlar con dinero del pueblo, el manipular con el dinero de los contribuyente cualquier proceso electoral para revertir los mismos creando una percepción mediática propia de un fraude psicológico, ilegitimiza cualquier resultado. Si no hay transparencia, si pasa la reelección propiciada por toda suerte de corrupción el país nuestro se encierra en el retroceso. El pueblo conciente, la sociedad sensata, etcétera, jamás puede reconocer un presidente espurio. Si la reelección pasa, comprando medios, periodistas, distorsionando, calumniando, mintiendo, robando, saqueando los recursos públicos, entonces tendremos a partir del 16 de agosto del 2008 un gobierno de la corrupción, para la corrupción y para el robo de todo el patrimonio nacional. Esto hay que frenarlo. Esto hay que enfrentarlo. La actual coyuntura electoral luce peligrosa, el camino de la lucha esta abierto. Ojala la mayoría con su voto pare esto, de no ser así, quien sabe lo que nos espera.
En la conciencia del pueblo votante esta evitar una desgracia. Evitar que la institucionalidad caiga en el limbo, en la ingobernabilidad, frente a un gobierno ilegitimo salido de un fraude electoral. Acaso podríamos aceptar un triunfo electoral reeleccionista al tenor de la denuncia de Participación ciudadana cuando indica responsablemente que desde las arcas públicas se gastan cientos de millones en pago a la reelección. Y que según la misma denuncia esos pagos provienen de “Obras Públicas, Agricultura y Educación; Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Comisión para el Desarrollo Barrial, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Instituto Agrario Dominicano e Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, entre otras entidades del gobierno”. No se puede respetar un Presidente y un gobierno que se apoye en la corrupción para saciar sus ambiciones desmedidas.
No puede considerarse justo, transparente, serio, diáfano y dentro del mandato ético un resultado electoral protagonizado por la corrupción, el cohecho, el chantaje, la intriga, la extorsión, la persecución política, la compra de conciencia y el control abusivo de los principales medios de comunicación; semejante situación es inaceptable en una sociedad que se llame democrática y pluralista. Estamos ante la antesala de una dictadura; de un retroceso histórico.
Por la preservación del orden institucional, por el fortalecimiento de la democracia nunca premiemos el robo y la corrupción que representa la reelección del peledeísmo gobernante.