10 ene 2017.-La nueva directiva de la Asamblea Nacional asumió con una amenaza que cristalizó este lunes: aprobar una resolución que declara el «abandono del cargo» del Presidente Maduro. El chavismo denuncia un golpe de Estado fallido. El TSJ recuerda que el Parlamento está en desacato. ¿Viene una disolución?

La maniobra estuvo a punto de consumarse el año pasado, cuando el entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, amenazó con hacerle un «juicio político» al mandatario, una figura que no aparece en la Constitución venezolana. La jugada se detuvo por su inviabilidad y por el llamado a diálogo realizado por el gobierno.

La oposición asistió. Tras dos rondas de conversación, la derecha firmó un compromiso con el gobierno para -entre otros acuerdos- frenar la iniciativa de «impeachment» y, finalmente, acatar las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La realidad, casi un mes más tarde, es el incumplimiento de esas resoluciones y la probabilidad de que los adversarios del chavismo no asistan a la próxima sesión de negociaciones pautada para el 13 de enero.

¿La disolución?

El pasado 5 de enero, una nueva directiva de diputados opositores asumió el mando de la Asamblea. Julio Borges, quien ahora preside el Parlamento, fue claro: su meta era reactivar el «juicio político» a Maduro, en incumplimiento a los compromisos signados por el gobierno y pleno desacato a las decisiones del TSJ. Hoy la cumplió.

El TSJ emitió este lunes un comunicado para reiterar que el parlamento debía abstenerse «de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política’ contra el Presidente de la República y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales».

Pero la actitud de la oposición no es inesperada para el Ejecutivo. Justo un día antes de que Borges tomara el timón del Parlamento, Maduro manifestó su convicción de que la derecha traicionaría los acuerdos logrados en la mesa de diálogo y agregó: «La Asamblea Nacional lo que está es rumbo a la autodisolución y a la convocatoria de nuevas elecciones».

¿Por qué está abierta esa posibilidad? Según el artículo 240 de la Constitución, el Jefe de Estado está facultado para disolver la Asamblea Nacional por decreto, lo que «conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución».

Nulidad de la AN

El pasado viernes, el diputado socialista Héctor Rodríguez interpuso un recurso ante el TSJ para declarar la nulidad de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. ¿El argumento? El desacato del Parlamento a las decisiones del Poder Judicial impide que las decisiones del Parlamento tengan validez.

Este lunes, el parlamentario chavista Pedro Carreño esgrimió el mismo argumento en el Hemiciclo: «Esta junta directiva usurpadora no está facultada para llevar a cabo sesiones porque instalaron la asamblea en el marco de una asamblea ilegal; si es ilegal, toda la junta, todas las acciones que se deriven son ilegales. Aquí lo que procede es que la junta directiva anterior se meta por el camino de la legalidad», dijo citado por Últimas Noticias.

¿Quién abandonó el cargo?

Uno de los argumentos de la derecha es que Maduro «abandonó el cargo», pese a que jamás a dejado de ejercerlo, porque a su juicio «no se trata de una ausencia física» sino que el mandatario «impidió un referendo revocatorio», refiere Globovisión.

El chavismo consideró falaz el argumento: «Con esa tesis que ellos presentan entonces también podríamos decir que la Asamblea Nacional abandonó su cargo porque no nombró los rectores del CNE como correspondía el 4 de diciembre». En esa oportunidad, como ocurrió en otras 35 sesiones, se suspendió la designación por la ausencia de los parlamentarios de derecha, a pesar de que tienen la mayoría.

Por ahora, el último recurso para evitar una eventual crisis de poderes está en el diálogo. El TSJ insistió hoy en que las partes se sentaran a conversar para «dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes y fines constitucionales».

La convocatoria está abierta por parte del gobierno y la pelota en juego, de momento, espera un saque desde la cancha de la oposición.

Nazareth Balbás