Sin detalles. La embajada de Estados Unidos dijo que tiene por normativa no ofrecer detalles sobre casos de visados.

Escrito por: Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, 23 de febrero 2017.- La decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de retirar la visa a tres jueces de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, fue calificada ayer de injerencia por varios juristas.

Los abogados Cándido Simón Polanco, Valentín Medrano, José Rafael Ariza y Tomás Castro, pidieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, pronunciarse al respeto.

Mientras que la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) descartó que la cancelación del visado de los jueces se trate de injerencia, en tanto que el Colegio de Abogados sostiene que en el país tiene que haber garantía de interdependencia.

De su lado, el Consejo del Poder Judicial no ha sido notificado de la cancelación del visado a Manuel del Socorro Pérez García, Rosaly Yovianka Stefani Brito y Saulo Ysabel Díaz.

El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, sostiene que la piedra angular sobre lo que tiene que funcionar todo sistema judicial es la garantía de independencia.

Indicó que los jueces, los fiscales y todos los miembros que conforman el sistema de justicia tienen que estar blindados contra cualquier tipo de represalia por las decisiones que adopten. Explicó que esas decisiones solamente deben ser atacadas a través de los recursos establecidos por la Ley, que garantiza la Constitución.

Manifestó que cualquier inquietud que tenga un Estado, o cualquier extranjero o nacional referente a una decisión judicial o denuncia de fraude o presunto acto de corrupción debe canalizarse a través del Consejo del Poder Judicial, único organismo competente para sancionar.

En tanto que el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que el presidente de la Suprema Corte debería solicitar la información sobre la cancelación del visado a los tres jueces de la Provincia de Santo Domingo. Sostuvo que dependiendo de cual fuera la razón por la que el Departamento de Estado adoptara esa decisión afecta la imagen en sentido general de la justicia dominicana, tras descartar que se trate de una injerencia de Estados Unidos.