Una decisión a última hora de la justicia permite al Estado iniciar su plan en cadena
Ledell Lee, el preso ejecutado, en una imagen sin datar AP
21 ABR 2017.- Arkansas ejecutó a última hora del jueves a Ledell Lee, en la primera de las ocho muertes por inyección letal que pretendía llevar a cabo desde el lunes en un plazo de 11 días. La ejecución tuvo lugar tras lograr el aval del Tribunal Supremo en una jornada maratoniana y rocambolesca de decisiones y recursos judiciales entre el Gobierno de Arkansas y la defensa de los reos.
Las prisas de Arkansas, que no aplicaba la pena capital desde 2005, se deben a que el 30 de abril caducará su reserva de midazolam. Es uno de los tres componentes utilizados para matar a una persona mediante una inyección letal, pero que ha provocado ejecuciones agónicas en el pasado.
Es una decisión sin precedentes en Estados Unidos desde que en 1976 el Tribunal Supremo reinstauró la pena capital. Texas ejecutó a seis reos en un plazo de 11 días en 1997 y 2000, según el Centro de Información de la Pena de Muerte.
Es una incógnita qué sucederá con las otras siete ejecuciones previstas después de que algunas de ellas fueran canceladas en los últimos días. El plan inicial del Estado era ejecutar a ocho reos entre el 17 al 27 de abril.
Lee, negro de 51 años, asegura ser inocente. La justicia lo condenó a la pena capital en 1996 acusado de matar tres años antes a Debra Reese, de 26 años, golpeándola 36 veces con una llave mecánica en su apartamento. La familia de Reese sostiene que Lee merece morir, pero sus abogados alegan que es inocente porque nunca se hicieron pruebas de ADN a restos de sangre y pelo que se encontraron en el apartamento. La defensa del condenado también había pedido frenar su ejecución bajo el argumento de que sufre una discapacidad intelectual que no había sido notificada.
El Gobierno del republicano Asa Hutchinson, que busca sacar réditos políticos de la pena capital, alega que los hombres condenados a muerte —autores de delitos entre 1991 y 2000— cometieron crímenes horribles y que su muerte es la mejor manera de lograr justicia para las víctimas.
Los planes de Arkansas llegan en un momento en que las condenas a muerte en Estados Unidos están en su nivel más bajo en cuatro décadas —30 personas en 2016, un 39% menos que el año anterior— como consecuencia de problemas logísticos y legales.
El boicot de fabricantes europeos y estadounidenses ha limitado en los últimos años el acceso a sustancias para ejecutar a reos. Los 32 Estados que permiten la pena de muerte se han visto obligados a recurrir a fármacos en mercados alternativos o en el extranjero.