Ninguna muerte es justa. En el último mes, cuarenta y dos familias han sido enlutadas en el contexto de las protestas violentas convocadas por la oposición y la mayoría de ellas no eran parte de las manifestaciones que piden la salida del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué se omite esa realidad?

Escrito por: Nazareth Balbás

Max Rossi / Reuters

Viernes 19 de mayo 2017.- Almelina Carrillo pasaba cerca de una marcha pro-gubernamental cuando Jesús Albi le lanzó una botella con agua congelada, después que un opositor llamara a «neutralizar» así al chavismo.

Brayan Principal, de 14 años, recibió un disparo mortal cuando un grupo de derecha irrumpió violentamente en un urbanismo, construido por el chavismo, en Lara, en el occidente de Venezuela. A Miguel Castillo, opositor, lo asesinaron con un disparo a quemarropa, presuntamente dentro de la misma marcha en la que participaba. A Niunar Sanclemente, efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo mataron con un disparo en el tórax mientras controlaba el orden público en una manifestación contra el presidente Nicolás Maduro. La lista continúa y ya acumula 42 víctimas fatales.

Desde que la oposición llamó a las calles a exigir la salida de Maduro, a quien tildan de «dictador», la Fiscalía contabiliza más de 700 heridos y más de cuatro decenas de víctimas fatales, entre ellas, sólo cuatro por exceso de las autoridades y cuyos responsables ya han sido condenados por la justicia. Pero la mayoría de las personas que fallecieron ni siquiera participaban en las movilizaciones de derecha. ¿Por qué se omite esa realidad?
Río revuelto

Hace seis semanas inició la escalada ininterrumpida de la oposición para mantener a sus adeptos en las protestas: «Otro día de resistencia. Otro día más de problemas para Maduro. De esto se trata: que termine de entender que no va a poder gobernar así», escribió el 20 de abril en sus redes el vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien ha tomado la batuta de las convocatorias, Freddy Guevara. El mismo día de su tuit murieron 14 personas, nueve de ellas electrocutadas mientras intentaban saquear una panadería en una zona popular de Caracas.

Sin embargo, todas las víctimas han sido presentadas por medios internacionales como «muertos por la represión» y la derecha ha señalado sin miramientos al gobierno de ser responsable de cada uno de los fallecidos. La omisión de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, como la presunta actuación de bandas armadas dentro de la derecha, al menos, da qué pensar.

El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, ha sido una de las voces más enfáticas en denunciar la presencia de sujetos armados en las manifestaciones de la oposición que tienen un propósito claro: «ocasionar víctimas mortales, desnaturalizar las marchas y enlutar la nación».

Para Saab, en casos como el del GNB asesinado Niumar Sanclemente en Lara; del adolescente Brayan Principal, en Caracas; de los jóvenes opositores Carlos Moreno, Juan Pernalete, Armando Cañizalez y Miguel Castillo, también en la capital venezolana; así como de Paola Ramírez, cuyo homicida es Iván Alexis Pernía Pérez, un militante del partido opositor Vente Venezuela en Táchira; «se revela el sistemático uso de pistoleros y francotiradores».

De las 42 víctimas fatales, al menos 27 fallecieron con disparos certeros; la mayoría en la cabeza o en el tórax. En la lista de Saab también figuran los nombres de Jesús Sulbarán, Luis Alberto Márquez y Anderson Dugarte, quienes compartían un denominador común: eran chavistas, murieron por acción de un arma de fuego y residían en el estado Mérida, en la región andina de Venezuela.

Revelan detalles del asesinato de un joven venezolano en protesta violenta de la oposición
Funcionarios condenados

El balance más reciente del Ministerio Público contabiliza a 844 personas lesionadas, de las cuales 408 fueron reportadas «en investigaciones de delitos comunes». Los funcionarios de las fuerzas de orden público, responsables de agresiones, han sido imputados por la Fiscalía y, varios de ellos, sentenciados como el sargento segundo del Ejército, Elvis Manuel López Hidalgo, de 21 años, condenado por atropellar a la estudiante de medicina Aliz Whaskier (25), durante una protesta opositora en Guárico, en el centro del país.

En los casos de Daniel Queliz, Gruseny Canelón, Christian Ochoa Soriano, manifestantes opositores que fallecieron por la comprobada acción desproporcionada por las fuerzas de orden público, la Fiscalía ha imputado a los señalados por la comisión de estos hechos y los tribunales han emitido las órdenes de aprehensión correspondientes.

«Se ha hablado de abuso y todas las pruebas que se han consignado se han procesado. De esos 105 detenidos, hay 21 funcionarios, porque está comprobado que cometieron abuso del uso de las fuerzas de seguridad. Serán enjuiciados y van a quedar en la cárcel como tiene que ser», declaró a mediados del mes pasado el presidente Maduro, citado por Notitarde.

Sin color político

Pero si algo ha pasado de manera soterrada del ojo público al abordar el conflicto en Venezuela ha sido la cantidad de víctimas fatales que no formaban parte de los «bandos» políticos que han tomado las calles: amas de casa que regresaban de compras, como Almelina Carrillo; jóvenes como Paola Ramírez, que cometieron el «error» de estar en el blanco de un hombre que pretendía disparar contra supuestos «colectivos chavistas»; o adolescentes como Brayan Principal, quien fue alcanzado por una bala mientras hacía un mandado a sus padres -residentes de un urbanismo de vivienda social construido por el gobierno que resultó atacado por militantes de derecha-, engrosan el parte luctuoso.

No eran manifestantes de color político alguno, no murieron mientras se enfrentaban a la policía o fueron «reprimidos». No. Todos ellos, 12 hasta ahora, estaban en el lugar desafortunado de la historia cuando pasaron a convertirse en los «saldos» utilizados por la oposición para justificar más violencia en la calle.

En redes sociales, voceros de la derecha como el diputado Henry Ramos Allup o la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, han instado a sus seguidores a «honrar a los caídos» con llamados a nuevas acciones de calle porque, supuestamente, fallecieron por la culpa de agentes de orden público.

Machado admite abiertamente que el objetivo venidero es salir de Maduro y que la derecha requiere, para ello, el respaldo del Ejército: «con tu apoyo tu apoyo lo lograremos más rápido y con menos dolor. Estás a tiempo», escribió en su cuenta de Twitter a los soldados.

El plan de la oposición es mantener la mecha de las protestas encendidas, aunque es evidente el declive de la convocatoria por la menguada participación en las últimas acciones de calle. Paralelamente, sus dirigentes se mueven en la región para solicitar una intervención internacional, que ya cuenta con la anuencia de EE.UU. Este miércoles, puertas adentro, han llamado a «desafiar la noche» con una movilización, ha dicho Guevara.

El lunes, en Caracas, la derecha hizo un «trancazo» que impidió el libre tránsito en varias arterias viales principales, obstruidas por escasos manifestantes sentados en sillas, como en un picnic. En un lujoso café del este capitalino, un dirigente de la derecha decía con sorna: «La Mesa de la Unidad (MUD) ha sido secuestrada por Freddy Guevara. Esto es una cagada».

Pero lejos la «aritmética» política de un bando u otro, lo cierto -y abrumadoramente real- es que 42 familias venezolanas intentan superar las ausencias de los suyos, de los que amaron, de los que extrañan. A esos que, ni con el mayor esfuerzo de abstracción, pueden reducir a miembros de una lista, de un «balance».

Nazareth Balbás