Escrito por: Enrique Cabrera Vásquez (Mellizo).
San Pedro de Macorís, jueves 15 de junio 2017.- Desde hace varios meses, se ha extendido por todo el territorio nacional un repudio masivo ante los sistemáticos actos de corrupción y la depredación del erario público por parte de quienes han detentado el poder en las últimas tres décadas. La sociedad dominicana, a través de la denominada Marcha Verde, ha manifestado su indignación frente a estos procederes inescrupulosos. El grito ciudadano es unánime: «¡Basta ya!».
Contrario a la cínica creencia de la partidocracia corrupta, vastos sectores de la población rechazan sus inconductas. Es una falacia afirmar que la mayoría se congracia con el peculado o que rinde culto a la corrupción como algo inevitable. Quienes intentan normalizar estas acciones execrables argumentan que la corrupción es una institución imbatible y que el deseo de enriquecimiento ilícito es una condición intrínseca del dominicano.
Desde el poder, como estrategia para inocular la frustración y la impotencia, se proclama que «todos los políticos son iguales» y que quienes denuncian lo hacen solo por no haber «llegado» al botín. Falso. El pueblo dominicano es noble y digno; históricamente ha enfrentado con arrojo y valentía a los gobiernos despóticos, arbitrarios y corrompidos.
El auge de la Marcha Verde refleja la prevalencia de un sentimiento mayoritario contra la continuidad de un modelo político «gansterizado». Ante este clamor de cambio inmediato, surgen las interrogantes obligatorias: ¿Qué camino seguir? ¿Vamos a volcar esta energía social hacia un sistema electoral viciado, manipulado y secuestrado en sus raíces por el oficialismo?
No somos partidarios de la violencia per se, pero la historia universal ilustra con elocuencia los mecanismos de los que disponen los pueblos para romper las cadenas de la opresión. Cuando a una sociedad se le clausuran las vías institucionales para alcanzar sus reivindicaciones más sentidas, no queda otro camino que la rebelión. Y rebelión no implica necesariamente guerra civil; significa asumir una actitud de desobediencia civil a todos los niveles, articulando jornadas de protesta que alcancen su grado máximo de presión.
Desde sus orígenes, la democracia estableció normas éticas para los servidores públicos. La Grecia y Roma clásicas nos ilustran al respecto: en Atenas nació el «gobierno del pueblo» que ha servido de faro a las naciones civilizadas. Otros hitos nos enseñan que el conflicto es, a veces, la respuesta al colapso moral. La Guerra Civil estadounidense (1861-1865) fue el resultado de la ambición y la insensatez que dividieron a la nación. La Revolución Francesa de 1789 fue la respuesta a una monarquía donde, al igual que ocurre hoy en la República Dominicana, los cargos públicos se vendían al mejor postor y la política de endeudamiento insaciable asfixiaba al pueblo.
Incluso nuestra propia historia reciente lo confirma: la Revolución de Abril de 1965 fue el levantamiento de una sociedad hastiada de la corrupción y la intolerancia. Hoy, los gobiernos del PLD se perfilan como los más perversos de nuestra historia, con desmanes conocidos por todos.
La historia enseña que el poder se alcanza por diversas vías: la electoral, la revolución, la huelga nacional o la sublevación popular. Son las circunstancias las que dictan el camino. En el contexto actual, no puede haber una salida electoral genuina frente a gobernantes que controlan tiránicamente las Altas Cortes, el Tribunal Superior Electoral (TSE), la Junta Central Electoral (JCE) y más del 90% de los medios de comunicación.
Estamos sometidos a una dictadura mediática que protege a funcionarios venales, distorsiona los hechos y asesina reputaciones mediante campañas de calumnias.
En el pasado, durante la crisis del PRD —donde los tribunales favorecieron a una minoría sin asidero jurídico— propuse una jornada nacional exigiendo la renuncia de esos jueces. En aquel momento, pocos escucharon. Hoy, bajo el impulso del Movimiento Verde, vuelvo a proponerlo: debemos tomar las calles para reclamar la renuncia inmediata de los jueces del TSE, la JCE, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Estos árbitros no son más que cuadros políticos del oficialismo; carecen de credibilidad y representan el fraude y el cohecho.
La historia enseña las vías para alcanzar el poder político: electoral, la revolución o revuelta, la sublevación del pueblo, golpe de estado, huelga nacional, y todas las formas de lucha que la coyuntura demande. Son las circunstancias del momento que enseñan las vías.
No puede haber salida electoral frente a unos gobernantes inescrupulosos que no reparan ante nada en aras de perpetuarse en el poder. No puede haber camino electoral frente a un partido de gobierno que tiene el control tiránico de las llamadas Altas Cortes, del Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y el control corompido de más del 90 por ciento de los medios de comunicación.
La Marcha Verde debe incluir entre sus demandas fundamentales la renovación total de las Altas Cortes. Solo mediante una movilización vigorosa de las fuerzas cívicas lograremos establecer reglas claras de obligatorio acatamiento. Elecciones sin fraude es la meta; dignidad es el camino.
Estamos sometidos a una dictadura mediática destinada a proteger y defender a los funcionarios venales. Medios que distorsiona los hechos, que mantienen una masiva campaña de mentiras y calumnias, que asesinan reputaciones de los oponentes, que justifican alegremente todos los desafueros del gobierno.
La Marcha Verde debe incluir entre sus demandas fundamentales la renovación total de las Altas Cortes. Solo mediante una movilización vigorosa de las fuerzas cívicas lograremos establecer reglas claras de obligatorio acatamiento. Elecciones sin fraude es la meta; dignidad es el camino.
Foto del periodista Enrique Cabrera Vásquez (Mellizo9, autor del presente trabajo
https://elcolosodemacorix.blogspot.com/2017/06/y-despues-de-las-marchas-verde-que.html