Posición de la Alianza por la Democracia (APD) sobre la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ)

Santo Domingo, viernes 28 de julio 2017.-Concluido el proceso de selección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de cuatro nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por el Consejo Nacional de la Magistratura, la Alianza por la Democracia emite las siguientes consideraciones:

1.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus representantes en los órganos del Estado decidieron de manera unilateral la composición del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de mantener su control absoluto sobre el aparato judicial.

2.- El presidente de la República y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) descartaron el diálogo desoyendo el reclamo que había venido haciendo la oposición durante más de un año de que la elección de los jueces se hiciese por consenso. Al actuar de esa manera hicieron oídos sordos también a las aspiraciones democráticas del pueblo dominicano que se expresan con cada vez más fuerza y determinación como lo demuestra la amplia concurrencia a las manifestaciones cívicas convocadas por el movimiento Marcha Verde.

3.- Visto el rechazo generalizado que se expresó contra la permanencia en sus funciones de los anteriores miembros del Tribunal Superior Electoral, por su actuación abiertamente parcializada a favor del partido de gobierno, al PLD no le quedó más remedio que prescindir de sus servicios.

4.- La composición del Tribunal Superior Electoral designado delata una preeminencia de juristas al servicio del PLD y su gobierno, lo que obliga a las fuerzas políticas de la oposición a encarar con firmeza este hecho, negador de la necesaria imparcialidad que debe caracterizar a un órgano judicial con una misión tan delicada y decisiva para la estabilidad política como la que este tiene asignada.

5.- En el Tribunal Superior Electoral fueron designados cuadros políticos peledeistas, algunos de los cuales participaron de manera activa en las irregularidades que marcaron las elecciones del 15 de mayo del año pasado.

6.- Con relación a la elección de los cuatro miembros faltantes de la Suprema Corte de Justicia reprobamos que la posición reservada a un jurista no integrante de la carrera judicial haya sido atribuida fundamentalmente en razón de la adscripción política del juez designado.

7.- El nombramiento de jueces en función de sus compromisos políticos con el partido dominante es un hecho particularmente grave en los días que corren si se considera que la Suprema Corte de Justicia es la última instancia en que habrán de conocerse los múltiples casos de corrupción que hoy escandalizan la sociedad dominicana.

8.- El proceso de elección de jueces demostró una vez más que la separación de poderes es inexistente en la República Dominicana. El poder político, ejercido por un pequeño grupo para su provecho particular, prefiere jueces obedientes en vez de jueces imparciales e independientes.

9.- El sistema político-institucional está organizado para garantizar que las clases, sectores y grupos que detentan el poder lo puedan seguir usufructuando y la designación de los jueces no es ajena a esta realidad.

10.- Corresponde a la sociedad dominicana, representada por sus más diversas organizaciones políticas y sociales, mantenerse en un estado de alerta vigilante ante los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral, y frente al sistema judicial en sentido general, exigiendo a los jueces de las distintas instancias judiciales un desempeño acorde a lo establecido en la Constitución y las leyes, así como a los más elementales principios de respeto y equidad.

Santo Domingo, 25 de julio de 2017.