Escrito por: Lic. Elin Rosario Presidenta Fundación Acción Solidaria –ASOLI- Ex regidora Distrito Nacional

Santo Domingo, martes 24 de octubre 2017.– Para el año 2016, entre enero y septiembre hubo 51,809 casos de violencia registrados (según informe de la procuraduría), solo el 1% se judicializado (426) y de estas sólo 2% llegaron a sentencia (8 casos aproximadamente), 8,904 órdenes de protección, sin tomar en consideración que solo 20 de cada 100 mujeres violentadas ponen denuncia y de esa cantidad muchas las retiran, además de los 66 feminicidios producidos en ese periodo, datos que consideramos alarmantes, según estudio realizado por OXFAM.

Los embarazos en adolescentes es una gran preocupación para todo el país, la incorporación sexual temprana de niños, niña y adolescente, ha causado un incremento de embarazos en niñas y adolescentes convirtiéndose en madres a muy temprana edad, en condiciones muy difíciles.

Como podemos cambiar las condiciones de violencia contra las mujeres y las niñas, cuando tenemos casos en La Unidad de Atención a la Violencia de Género Sexual de la Fiscalía del Distrito Nacional, ubicada en la Avenida Rómulo Betancourt, donde una de las fiscales (Miledys De Jesús) violenta el mandato determinado por un juez escondiendo y archivando un expediente que llega a sus manos, mandándolos a dormir el sueño eterno en sus gavetas y escritorios, además justifica que no encuentran artículos en las leyes dominicanas para las personas cómplices actuante previamente para preparar el escenario para que se diera un delito sexual contra una niña de 12 años; negándose a entregar copia del expediente a la madre de la niña violentada, no sabemos con cual objetivo, la fiscal parece que lo sabe, ¿será que el caso está mal infundado?.

Otra aptitud de esa misma unidad, es un caso de una abuela que denuncia la violencia y seducción sexual de una nieta que desde los 11 años de edad ha sido violentada por el esposo de la tía de la niña, al ver la abuela que no la llamaban para informarle el curso de su caso, hace presencia en la fiscalía y la respuesta que recibe por parte de una de las fiscales es: “Deje eso así, porque la menor que ya tiene 14 años ha estado con otros hombres, además tenemos unas grabaciones que a us no le conviene que salga” respuesta que encontramos repugnantes, irresponsable como ministerio público, que están llamada a defender la dignidad y el derecho de las víctimas, y lo que hacen es re-victimizarlas, las victimas confiesan que cuando acuden a esa fiscalía duran días sin dormir, por el daño psicológico que reciben en el trato.

La actitud de la fiscal me lleva a hacerme algunas preguntas: ¿Quién abrió la puerta sexual de esa niña?, ¿Quién la puso en riesgo de embarazo temprano?, ¿Quién la sexualizó?, ¿Tiene la niña la capacidad de negociar una protección sexual?, ¿Quién la expuso por primera vez a llevar un embarazo, contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual o de VIH?, ¿Por qué en vez de dar esa respuesta a esa abuela, no ponen de su parte para sacar esa niña del acto sexual, dilatar u embarazo a temprana edad y reincorporarla al sistema de educación ayudándole a dar un giro diferente a su vida?

Además, la Directora de esa Unidad Ana Andrea Villa Camacho, no recibe a nadie, nunca devuelve una llamada, y las fiscales han dicho que duran hasta un mes para verla, justificando que ella tiene mucho trabajo, trabajo de qué? Si no atiende a las víctimas, tenemos 10 meses esperando que nos devuelva una llamada, hemos visitado innumerables veces para ser recibidos y todavía al día de hoy estamos
esperando.

De nada vale tener una campaña tan linda como la que lanzaron UNICEF y La Procuraduría General de la Republica “NO HAY EXCUSAS”, donde advierte a la ciudadanía a respetar la intimidad sexual de niños, niñas y adolescentes como una vulneración de sus derecho fundamentales, cuando las primeras violadoras de esos derechos se encuentran en las mismas fiscalías de género y violencia sexual, pagadas por el Estado.

Hay que limpiar esas fiscalías de esas fiscales insensibilizadas, y no sabemos si existe alguna complicidad con los violadores severos de los derechos fundamentales de nuestras mujeres, niñas, y adolescentes, situación que conoce la fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, en una carta depositada en su despacho desde el mes de febrero de este año 2017, de la cual también hace 10 meses esperamos respuesta y nadie dice nada, acudiendo innumeradas veces a ese despacho buscando copia de uno de estos expedientes, fracasando en el intento durante largo tiempo.

“Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón” .