Tambien presentaron una querella con constitución en actor civil por más de 50 personas afectadas representando el barrio El Majagual y gran parte del municipio de Cabral, Barahona.

CABRAL, BARAHONA, 14.- marzo.- 2019.- Cumunitarios del barrio Majagual de Cabral denuncianron y presentaron una querrella contra una empresa que se instaló en el lugar para dedicarse a la fabricación de aceite para perfume que extrae del árbol conocido como Guaconejo.

Según los directivos de la Junta de Vecinos “Majagual Avanza” la FÁBRICA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE PARA PERFUME del árbol GUACONEJO hace 4 años se instaló en el centro del pueblo de Cabral, específicamente en el medio de cuatro (4) centros educativos, al norte escuela Catalina Pou y Liceo Francisco Amadis Peña; al Este Escuela Teresa Peña y la Escuela El Majagual, además de las fuentes de agua el manantial y la “piscina el Cumbayo”, todo esto dentro del barrio El Majagual.

Dicen no tener vida desde que esta fábrica se instaló muy próximo a sus viviendas, pues a partir de ese momento comenzaron las personas a enfermar y presentar síntomas de picazón en la piel, mareos, alergias, picazón y ardor en los ojos, conjuntivitis, problemas respiratorios en niños y adultos, hongo y tumores en los niños, entre otros males;

Algunas de las personas que han visitado los centros médicos han salido con humo en los pulmones producto de la exposición 24 horas de las emisiones de dicha fábrica y los médicos le recomiendan mudarse de ese lugar por la contaminación.

El presidente de la Junta de Vecinos Majagual Avanza, dijo que irán donde tengan que ir y harán lo que tengan que hacer hasta que esa fábrica de la muerte, sea quitada de su comunidad y pague por los daños causados a todos los moradores, fundamentalmente a los niños y ancianos.

Por su parte el Lic. Euren Cuevas Medina, Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), dijo que la instalación de esa fábrica en medio de cuatro (4) centros educativos, es un crimen contra la salud y el medio ambiente de los profesores y estudiantes, pero además está rodeada de viviendas, que a todas esas personas le ha disminuido su calidad de vida.

Continúa explicando el jurista experto en medio ambiente que se ha violentado un conjunto de leyes comenzando por la constitución de la República y señala el artículo 167 numeral 1 que dice “ Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza”.

Así mismo señala el abogado ambiental que el artículo 113 de la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establece “Las industrias, depósitos y otras instalaciones que por su naturaleza pueden causar deterioro ambiental, deberán situarse en zonas apartadas de los asentamientos humanos. Párrafo II.- Será responsabilidad de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de los Ayuntamientos municipales, prohibir y controlar que en torno a los sectores habitacionales se establezcan industrias y empresas o similares, para lo cual no se concederá ningún tipo de autorización.

Plantean los querellantes y actores civiles a través de su abogado que esto es un delito ambiental tipificado en los artículos 174 y 175 de la ley 64-00 y condenado hasta con 3 años de prisión y multa de 10 mil salarios mínimos.

Advirtieron las victimas a las autoridades de medio ambiente, salud pública y el ayuntamiento que de no tomar medidas urgentes, procederán contra ellos por negligencia, toda vez que los artículos 171, 183 y 184 de la ley 64-00, le otorgan igual responsabilidad a los que dañen el medio ambiente y la salud de las personas, como a los funcionarios que den permiso o lo permitan, la pena en materia ambiental es hasta de 3 años de prisión, pero si producto del daño ambiental muren personas entonces puede ser hasta 30 años de prisión y en esa fábrica se trabaja con caldera sin ningún tipo de protección y dentro del barrio, si tomamos de referencia lo que ocurrió con Poliplas, en Santo Domingo, donde hubo 8 muertos, saben las autoridades que es un asunto serio y que es su responsabilidad personal y como funcionarios la que está en juego, si no cumplen con el mandato de la ley.

De manera puntual las víctimas de la fábrica hacen dos petitorios formales uno la paralización de las operaciones de la fábrica y su traslado inmediato del sector y dos una indemnización para los afectados por 100 millones de pesos.