La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP considera esencial, en el marco de un Estado de Derecho, asegurar protección máxima a la libertad de expresión, procurar plenas garantías para la actividad periodística y afianzar los mecanismos de transparencia indispensables para que la ciudadanía ejercite su derecho a estar debidamente informada.
En ese marco, vemos con alarma lo acontecido en las últimas semanas a nivel nacional que constituirían nefastos precedentes para la actividad informativa en el país.
Sobre el particular, la ANP, considera su deber gremial, dejar sentada su posición sobre los siguientes casos:
1.- El presidente de la República, en razón de su función, y en armonía con el acuerdo plenario N° 003-2006 de la Corte Suprema de Justicia, que da un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, está expuesto a un mayor escrutinio ciudadano. La acusación recurrente de un ánimo de “desestabilizar al gobierno” como respuesta al reportaje de Panorama y la plataforma Vigilante.pe que considera difunde información inexacta es equívoca. Peor aún utilizar la usual amenaza de llevar a los tribunales a periodistas. El primer mandatario, más allá del derecho a rectificación que le cabe como ciudadano, debe entender que sus actuaciones como jefe de Estado deben ser proporcionales a la obligación que le corresponde de ser garante de las libertades informativas en el país.
2.- El Ministerio Público, en una práctica recurrente, desvirtúa, una vez más, su legítima función de persecución del delito, tal como ocurre con el requerimiento fiscal al diario Expreso, un medio de comunicación que, a la fecha, no tiene la condición de investigado, y a cuyo director se le ha solicitado información sobre el funcionamiento del diario considerada no pertinente para los hechos que son materia de investigación. Más allá de que no haya impedimento legal para solicitar información sobre el vínculo laboral de un columnista y otro colaborador del diario; consideramos que los fiscales han debido agotar las otras vías del proceso para recabar información que obra en instituciones del Estado.
Lamentablemente esta no es la primera vez que detectamos un funcionamiento anómalo en titulares del Ministerio Público. En enero de este año la Fiscalía Anticorrupción allanó la casa de Pedro Salinas en Cañete, en un acto que consideramos excesivo. En el año 2021, en diciembre, a José Carlos Apaza Aleman, en Puno, le solicitaron revelar una fuente reservada; en setiembre la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba acusó por revelación indebida de identidad a Yuri Carrero, Marco Carrillo y Franclin Lavan, a pesar que replicaron información ya difundida; o el proceso que por un tiempo prolongado se sigue contra la periodista Paola Ugaz, a quien sin ningún elemento de convicción se le vincula al presunto lavado de activos. Ya con anterioridad y de manera ilegal se registraron requerimientos fiscales al equipo IDL Reporteros demandándoles revelar fuentes confidenciales.
3.- El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Yurimaguas, a cargo del juez Fausto Wilder Velarde Abanto, el último 18 de abril, condenó a un año y dos meses de prisión suspendida y al pago de 60 mil soles como reparación civil al periodista Teobaldo Meléndez Fachín, conductor del programa Total Noticias – Primera edición quien fue querellado por la fiscal Celia Llesenia Delmar Pezo, en la provincia de Alto Amazonas. Desde la ANP rechazamos esta condena y toda acción que criminalice la actividad periodística. En los últimos cinco años hemos registrado más de 150 querellas contra periodistas en el país lo que evidencia no solo una mala ponderación en los operadores de justicia para la admisibilidad de las mismas sino, también, la urgente necesidad de despenalización de los denominados delitos de prensa.
Por lo reseñado, la ANP reivindica su rol histórico de vigilancia del pleno ejercicio de las libertades informativas en el país, exige a todas las instancias garantías para la actividad periodística y requiere a las empresas de comunicación y a las y los periodistas independientes ejercer con rigor y responsabilidad su rol de garantes del debate público.