SAN PEDRO DE MACORIS.- Las presiones políticas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) aliado político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), habría forzado a la Corte de Apelación Regional Este con asiento en esta provincia a variar la medida judicial de justicia que pesaba contra el suspendido alcalde de la ciudad de La Romana Juan Antonio Adames (Tony); la medida, que favorece al suspendido síndico,  fue modificada mediante sentencia de este Tribunal de alzada, que  varió la prisión preventiva que pesaba por domiciliaria. De inmediato esta medida fue duramente cuestionada por los sectores sociales y público anti corrupción que la interpretan como parte de la línea gubernamental de proteger a todo los funcionarios señalado como corruptos y ladrones del patrimonio estatal.

La Cámara Penal de la Corte de Apelación de este Departamento Judicial vario de prisión preventiva a domiciliaria la medida de coerción al alcalde de La Romana Juan Antonio Adames (Tony).

El alcalde municipal está acusado de corrupción en el manejo de los fondos públicos al frente del ayuntamiento de esa ciudad del Este.

A pesar de que el Ministerio Publico había solicitado que se mantuviera la prisión preventiva, los jueces del Tribunal de Alzada Virginia González, Ramón Báez y José Manuel Glass Gutiérrez decidieron variarla por prisión domiciliaria.

Los jueces basaron su decisión, en los alegatos de los abogados del suspendido alcalde Pedro Botello y Frank Martínez, quienes habían sometido un recurso a fin de lograr la variación de la medida.

Al hablar para la prensa, saliendo de la audiencia, Tony Adames dijo que llego el momento de demostrar su inocencia.

Indico que Dios se encargara, mediante su justicia divina, de quienes han querido hacerle daño.

Se recuerda que el 9 de Noviembre del año pasado fue cuando se impuso la medida de coerción de 3 meses por parte de la Juez de Primera Instancia, doctora Miguelina Mendoza.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa había presentado acusación formal contra el ejecutivo municipal, así como también contra sus colaboradores y ex empleados Rafael Augusto Rocha, quien era tesorero y Francisco Severino, quien era encargado de Compras, además de Remigio Pilier