En el barrio, los vecinos no olvidan los llantos y los gritos de Analía R., hace tres años. «¿Dónde está mi hija? Se fue, capaz la secuestraron», decía entre sollozos la mujer, una docente y madre de dos niños, en la puerta de su casa de Aráoz al 1700, en Villa Adelina, partido de San Isidro. Ahora la verdad parece haber salido a la luz: la adolescente se había escapado después de haber sido abusada sexualmente durante casi una década.

Analía R., de 49 años y su pareja, el ciudadano chileno Blas Pérez Jorquera, de 48, y padrastro de la chica, fueron detenidos anteayer por pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en la Investigación de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Violencia de Género del Departamento Judicial San Isidro .

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que Analía R. y Pérez Jorquera están acusados de delito de abuso sexual calificado por acceso carnal agravado por tratarse de una menor. La madre de la víctima también fue acusada de abandono de persona. En la actualidad, la menor tiene 16 años y vive con su padre biológico.

Hace tres años, la víctima se escapó una tarde, al volver del colegio donde estudiaba, el Instituto Cervantes, en Boulogne, el mismo establecimiento educativo donde su madre trabajaba como docente.

«La niña llegó del colegio, se sacó el uniforme y se fue sin una muda de ropa, se escapó sin nada. No me olvido que la madre lloraba y gritaba. Decía que tenía miedo de que a su hija la hubieran secuestrado», recordó Adrián, un vecino de la docente.

En el barrio, una zona de clase media con algunas casas a medio terminar, no podían salir del asombro. Todos hablaban de la detención de Pérez Jorquera, quien se dedicaba a la reparación de heladeras y lavarropas.

Si bien, en principio, la pareja que tiene un hijo en común de cinco años, estaba separada, los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) detuvieron a Pérez Jorquera en el departamento 2 de Aráoz 1751, la casa del horror. En cambio, la docente fue apresada cerca del mediodía en su trabajo.

Los padres de los alumnos del Instituto Cervantes, que se enteraron de la noticia en los medios de comunicación, estaban muy preocupados por el hecho de que una docente había quedado detenida acusada de abuso sexual. Ante las reiteradas preguntas de los padres, las autoridades decidieron hacer una reunión para explicar los detalles del caso.

«Después de que la niña se escapó, la pareja se separó. Pero él volvió el año pasado para ayudar a Analía en la inundación del 2 de abril», explicó Estela, otra vecina.

Según surge de la investigación, los abusos sexuales habrían comenzado cuando la víctima tenía cinco años. Todo quedó al descubierto después de un peritaje psicológico, en el que la adolescente contó en detalle los tormentos que sufrió.

«En los peritajes médicos y psicológicos quedaron confirmados los abusos sexuales, psicológicos y físicos de larga data sufridos por la víctima», explicó a LA NACION una fuente judicial.

La menor también fue obligada a presenciar los actos sexuales de su madre y su pareja, según describió la misma fuente judicial.

Pero los abusos sexuales no se descubrieron enseguida. La primera causa que se inició cuando la niña se escapó de la casa de su madre fue en un juzgado civil porteño, en mayo de 2011, por violencia doméstica, después de una presentación que hizo el padre biológico.

«En un primer momento, después de escaparse, la niña se fue a un hogar de menores hasta que se va a vivir con el padre. Los primeros días relató que fue víctima de malos tratos, de golpes, pero nada dice de los abusos y ataques sexuales».

Todo quedó al descubierto después de un peritaje psicológico. «La psicóloga logró llevar a la adolescente por un camino donde se sintió segura y en confianza para recordar el calvario vivido. Después, un peritaje médico confirmó que los abusos sexuales eran de larga data», agregó una fuente judicial.

Con el informe psicológico, la causa fue girada al fuero federal, que se declaró incompetente. Pasó a un juzgado de instrucción, que también declinó de actuar porque los hechos ocurrieron en San Isidro, donde finalmente el fiscal Fuenzalida y el juez de Garantías Diego Martínez tomaron el expediente.

Con los resultados psicológicos y médicos, el padre de la víctima se presentó ante el fiscal Fuenzalida y le pidió que se haga justicia. Ayer, los dos acusados, representados por el abogado Hugo Trindade, se negaron a declarar cuando fueron indagados, informaron fuentes judiciales.

«Fue una sorpresa la noticia. No lo podíamos creer. Parecía gente muy buena», dijo a LA NACION Carlos Juárez, que vive a metros de la casa del horror, que anoche fue atacada con pintadas por los vecinos.