Escrito por: Narciso Isa Conde
REPUBLICA DOMINICANA.– La limitada observación presidencial al Código Penal respecto a la idea de criminalizar el aborto terapéutico, incluso en casos de extrema afectación de la madre embarazada, ha provocado la ira de ciertos fundamentalismos religiosos recargada de falacias en nombre de la defensa de la vida. Lo peor de la cúpula católica, encubridora de sacerdotes pedófilos y de innumerables aberraciones sexuales al interior de su organización, comprometida con las políticas de muerte y represión del capitalismo y sus regimenes, sobresale en esta cruzada.
La andanada desplegada en este caso obvia derechos, realidades y criterios científicos incontrovertibles desde un dogma, que por demás esconde densas simulaciones en todo lo relativo a los derechos humanos.
El derecho de la mujer sobre su cuerpo y su vida.
(Foto del autor del presente trabajo el dirigente de izquierda Narciso Isa Conde).
La mujer aporta los óvulos a fecundar y aloja en su vientre el embrión hasta el desarrollo completo del feto y el nacimiento de la criatura. El hombre aporta el espermatozoide que fecunda el óvulo. La mujer en este plano aporta mucho y el hombre poco, corriendo además con todos los riesgos del embarazo.
Entonces, es de justicia que las mujeres tengan derecho sobre su cuerpo y puedan optar por la interrupción de embarazos tormentosos; más aun cuando se trata adolescentes engañadas, violadas o incluso gravemente infectadas y traumatizada, o de mujeres con embarazos riesgosos no deseados, de embriones mal formados; cuando existen amplios riesgos de muerte o de sufrimientos permanentes y con más razón si se combina con el abandono y el empobrecimiento,
En tales circunstancias, el aborto institucionalizado es fuente de vida y de bienestar individual, familiar y social. Lo que se sacrifica, antes de que la criatura esté conformada, es un embrión, que no ha llegado a la condición de ser humano o persona; y lo que se salva y se preserva es un ser humano en plena capacidad, madre de otras criaturas, o presta a serlo.
Si como falsamente se alega, el embrión fuera “un ser humano”, el ovario o el espermatozoide podrían ser considerado como “media vida humana”; y de acuerdo a ese dislate inicial, la eyaculación y la muerte mensual de uno o varios óvulos sin fecundar, podrían ser calificada de genocidio o de asesinato inducido por cada quien o provocado por la madre naturaleza.
Por esa vía de falacias es posible llegar a la ridiculez o al absurdo.
Asumir el dogma de “defender la vida desde la concepción hasta la muerte” y, en consecuencia, considerar homicidio o asesinato la interrupción del embarazo en sus inicios, es una formulación de gravísimas consecuencias, a la que darle rango legal es más que abusivo. Tiene sí sentido de humanidad procurar que el aborto inducido se ejecute antes de que la criatura se conforme y prefigure el ser que va a nacer.
Aferrarse a la idea del embrión como persona y penalizar la interrupción de embarazos espiritual y materialmente catastróficos, implica desprecio por los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y atenta contra su existencia.
Agresión a la ciencia, hipocresía capitalista y simulación de la curia conservadora
Criminalizar el aborto imposibilita el empleo de la ciencia para salvar la madre y para oportunamente decidir sobre el desarrollo de una criatura que no habrá de sobrevivir al parto o que su nacimiento habrá de ser fuente de infelicidad propia y para los suyos, muchas veces en medio de condiciones infrahumanas.
Agrede los sentimientos de las mujeres violadas y abusadas, y tiende a afectar seriamente su salud física y mental en casos de embarazos no deseados y/o riesgosos para el destino de la madre y del embrión; propicia, casi siempre, la muerte de la madre. Estimula además el aborto ilegal en las peores condiciones y criminaliza a los/s profesionales de la salud que apelan a la ciencia en materia de vida y reproducción sana de los seres humanos.
Fomenta en la juventud la cultura del terror y el miedo, en lugar de la libertad basada en el conocimiento científico. Alienta, en consecuencia, el fundamentalismo religioso-católico contra la libertad de creencias, fundiendo el Estado con una determinada concepción religiosa.
Esa concepción, por demás, siempre está acompañada de la condena a los métodos anticonceptivos y la negación de los procedimientos que posibilitan superar la infertilidad en la relación de parejas, lo que agrava el problema.
Y tratándose una sociedad capitalista donde priman las grandes desigualdades y las enormes diferencias en el acceso a los recursos de salud, esas imposiciones condenan a la muerte y al sufrimiento a las embarazadas empobrecidas, expuestas en alto grado a una represión discriminada, implementada con potentes lentes clasistas.
Es obvio que las mujeres burguesas y de sectores elevados de las clases medias, siempre podrán evadir la exposición a la represión y judialización recurriendo aquí y fuera del país a clínicas elitistas; como también lo harán ciertos obispos y curas privilegiados con las víctimas de sus impulsos escondidos; y cuando no, habrán de condenarlas al silencio y al abandono, apelando al miedo a Dios o al “infierno”.
Solo a mentes medievales puede ocurrírsele darle rango constitucional o de ley a esos designios de muerte y despotismo. Contrasta esa actitud con la manera como esa alta curia católica se abraza con la burguesía hambreadora y sus instrumentos de represión y crímenes, llegando hasta estimular las llamadas ejecuciones extrajudiciales.