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La mayoría del electorado rechazó el proyecto de reforma constitucional propuesto por el jefe de Estado y que instauraría el Socialismo del Siglo XXI
Con un total de 97% de actas escrutadas, los sectores adversos al régimen rechazaron el proyecto presentado por el presidente Hugo Chávez y con el que se implementaría formalmente el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela, luego de una tensa jornada de dudas, incertidumbres, encuestas emitidas por agencias de noticias internacionales y atribución del triunfo por parte de cada comando.
La abstención fue gran protagonista del proceso (44,11%). Participaron 8.883.746 votantes del universo electoral superior a los 16 millones.
El bloque «A», que contenía la temática más polémica fue rechazado por 4.504.354 millones de votantes (50,70%) y recibió la aceptación de 4.379.392 (49,29%). En este apartado, se incluyeron artículos tan controvertidos como la reelección continua con periodo presidencial de 7 años; el establecimiento de la propiedad «social» como forma de propiedad fundamental de la economía socialista; la expropiación de los bienes -previa indemnización- pero a la par del proceso judicial; el aumento de las atribuciones del Presidente (entre ellas, promover y ascender a todos los oficiales de la FAN, administrar la hacienda pública y las reservas internacionales), la pérdida de la autonomía del Banco Central de Venezuela; la reducción de la edad para votar a 16 años y disminución de la jornada laboral a seis horas diarias; cambios en los esquemas de la Fuerza Armada Nacional (integración de la milicia nacional bolivariana como componente formal de la FAN; creación del concepto de guerra popular de resistencia e integración a la cooperación en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana) entre muchos otros aspectos.
Los venezolanos rechazaron el Bloque B con 4.522.332 millones de votos (50,70%); mientras que esa opción recibió 4.335.136 millones de votos a favor (48,94%). En este bloque, sobresalía el aumento a 30% de la cantidad de firmas que se deben recoger para convocar la revocatoria de mandatos populares; el establecimiento del voto paritario entre estudiantes y profesores para la escogencia de autoridades académicas de las universidades; la posibilidad de que los diputados de la AN pudiesen ejercer cargos públicos y retomar posteriormente su condición como parlamentarios; la concesión de potestad al Presidente para que decrete estados de excepción ante circunstancias sociales, políticas, económicas o naturales que afecten la seguridad de la nación y el decreto de igualdad ante la ley de todas las personas sin discriminaciones de ningún tipo, que garantiza condiciones jurídicas y administrativas a favor de grupos «vulnerables o marginados».
La rectora Tibisay Lucena pidió a los triunfadores celebrar con «generosidad» y a quienes resultaron perdedores irse a la casa «con tranquilidad».