Foto de los sindicalistas Gabriel del Río Doñé, Rafael-Pepe-Abreu y Jacobo Ramos
SANTO DOMINGO.- Las centrales sindicales de la República Dominicana se quejaron de los bajos salarios, evasión de pago a la Seguridad Social y violación a los derechos de libertad sindical en su país en la 105ª conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se desarrolla en Ginebra desde el primero de junio.
Jacobo Ramos, Rafael Abreu (Pepe) y Gabriel del Río denunciaron también que los trabajadores, pensionados y jubilados dominicanos se hunden en la pobreza, ya que con sus ingresos no cubren ni el 50% del costo de la canasta básica.
Indicaron que el Banco Central avala, con estudios sobre la materia, que desde 1979, el poder adquisitivo de los salarios en República Dominicana se ha disminuido en un 35% y que para recuperarlo es necesario aplicar cinco aumentos en igual período.
Señalaron que a 14 años de aprobada la Ley de Seguridad Social, estas sigan creando inequidades y permiten que trabajadores informales permanezcan excluidos y los pensionados y jubilados sin cobertura de salud.
Ramos deploró que “en vez de mejorar se implementa previsionalmente un sistema de capitalización individual, donde se piensa más en acumular ganancias por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y no en el derecho a un retiro digno que deben gozar los trabajadores”.
Abreu, de su lado, expresó que la protección social es uno de los elementos que tipifica una adecuada protección y una seguridad que garantice los derechos plenos de sus beneficiarios, por lo que espera que el gobierno dominicano ratifique los convenios sobre protección a la maternidad paternidad, sobre seguridad y salud en el trabajo y sobre los pisos mínimos de protección social..
Por su parte, Del Río Doñé reconoció el esfuerzo del Gobierno y su disposición de incluir en el Seguro Familiar de Salud a 50 mil trabajadoras domésticas y sus dependientes, y de ratificar el Convenio 189 de la OIT, para que este grupo laboral disfrute de trabajo decente.
De otro lado, adujo que “hay que corregir las falencias contenidas en la ley 87-01, el movimiento sindical ha planteado una profunda modificación, porque en nuestro país sigue pendiente la igualdad de derecho de los trabajadores a organizarse en defensa de sus intereses. Los empresarios tienen plena libertad para hacerlo y se constituyen en organizaciones, pero a los empleados les limitan esos derechos”.