Vista la situación de la República, caracterizada por:
1.- La pobreza que afecta al 40 por ciento de la población, a causa de la extrema desigualdad en el reparto del ingreso nacional, después de medio siglo de crecimiento económico, en los últimos años con alto endeudamiento.
2.- La persistencia de las mismas precariedades en servicios fundamentales como los de energía eléctrica, agua potable, alcantarillados, de salubridad, transporte, vivienda y calidad de la educación.
3.- La escandalosa descomposición social alentada por el desconocimiento de los principios constitucionales y legales básicos, la ausencia de prioridad en las inversiones públicas, la extrema desigualdad salarial, la corrupción de las instituciones y los servidores estatales y el aumento de una población juvenil que ni trabaja ni estudia, con repercución en el incremento de la criminalidad y la inseguridad.
4.- El establecimiento de un régimen de impunidad que se reproduce sistemáticamente, aunque medien escándalos como los de la OISOE, los aviones tucanos. las sobrevaluaciones tipo hospital Darío Contreras, o incluso gruesos expedientes de corrupción que, como el caso de las plantas de carbón de Punta Catalina, alcanzan niveles internacionales, con la implicación de asesores políticos del presidente de la República y de cuentas en paraísos fiscales que quedan sin investigar.
5.- Los inaceptables niveles de derroche, malversación y corrupción en los ámbitos públicos que colocan al país en los peores escalones de las evaluaciones internacionales como las del Foro Económico Mundial o Transparencia Internacional.
6.- El total control por parte de un solo partido de todos los estamentos del Estado, que ha subordinado los poderes Legislativo y Judicial a la voluntad presidencial, con la manipulación de las altas cortes, los organismos de control y del sistema electoral.
7.- La regresiva centralización del Estado que ha dejado a los municipios con apenas el 3 por ciento de los ingresos nacionales, en vez del 10 establecido en la Ley de Municipios y el Distrito Nacional.
8.- El establecimiento de una política de reparto por la mayoría de los organismos del Estado para ganar adhesiones políticas en todos los niveles sociales, con programas de subsidios que apenas palian la indigencia y sólo sirven para mantener la pobreza y la sumisión de los más postergados.
9.- El creciente control de los medios de comunicación a través de un desproporcionado gasto publicitario y de la incorporación a las nóminas públicas de una alta proporción de los comunicadores sociales.
Tomando en consideración:
a) El desmantelamiento del sistema de partidos patrocinado con el dinero público y amparado en el control de los órganos estatales de arbitraje, para instaurar el dominio absoluto de un solo partido.
b) La forma en que el presidente Danilo Medina deshonró su compromiso de no recurrir a la reelección, tras disertar ampliamente sobre lo perverso que ha sido el continuismo en la historia nacional, a costa de las instituciones del Estado, con un impúdico negocio de compra de voluntades, primero en su propio partido y luego con bloques enteros de legisladores de otros, para modificar la Constitución de la República y hacer posible su repostulación.
c) Que para viabilizar el proyecto continuista hubo que garantizar la repostulación total de los senadores y legisladores del partido oficial y aliados, así como de una alta proporción de sus alcaldes y regidores, vulnerando principios básicos de la democracia, sin la menor consideración de sus méritos.
d) Que esa negociación implicó un borrón de expedientes que el ministerio público del mismo gobierno había instrumentado, como son los casos de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.
e) Una extensa campaña electoral extremadamente desigual, con un derroche de dinero que sólo se explica en la extracción sistemática de los recursos públicos y en la incursión de riquezas mal habidas y provenientes del lavado de dinero, dejando sin posibilidades de competir a los ciudadanos y ciudadanas más honradas. Incluyendo un incremento del gasto publicitario del gobierno, hasta alcanzar 11 millones de pesos cada día.
f) La práctica generalizada del transfuguismo, alentada por el mercado de compra y venta de voluntades políticas en que ha devenido la política en el país y por la degradación de los mecanismos democráticos al interior de los partidos.
Consecuente con todo lo anterior, los suscritos planteamos:
La necesidad de un voto útil, consciente y comprometido para favorecer las candidaturas que rompan el monopolio del poder y/o puedan encarnar los cambios que esta sociedad necesita, las que representan la tradición de lucha por la democracia, la libertad, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad de creencias y opciones de vida individual.
Que superando la manipulación, el pesimismo, la resignación, la compra de conciencias y la frustración digamos no al penoso estado de postración en que ha sido sumida la institucionalidad democrática nacional.
El compromiso de luchar para que jamás tengamos un proceso electoral como el actual, tan inequitativo, escaso de transparencia y abusivo de los recursos y poderes del Estado.
Que aferrados a la esperanza, pongamos límites a la hegemonía de un solo partido con vocación autoritaria de eternidad.
Santo Domingo, Mayo 10 del 2016.-