La ex jueza Wanda Molina y la ex administradora Virginia Pagán están instruidas del cargo de conducta deshonesta equivalente a corrupción judicial, además de la acusación de interferir con documentos públicos y archivos y falsificación de papeles oficiales.
El expediente fue expuesto ante el Gran Jurado por la fiscalía general del estado a cargo de Anne Milgram. La ex jueza tiene 49 años y la ex administradora 53.

Acorde con el expediente entre septiembre del 2006 y y agosto del 2007, la ex jueza eliminó ocho multas de tránsito a una persona allegada a ella, lo que está prohibido por los reglamentos de la corte y la conducta judicial. A Pagán se le acusa de haber usado su posición administrativa para entre noviembre de 1999 y julio del 2007 acceder al sistema de archivos de la corte y eliminar 215 multas de tránsito contra ella y su hija. Entre las responsabilidades de la ex administradora estaba el archivar las decisiones de los jueces al sistema de la corte. Las multas eliminadas por Pagán ascienden a más de $5,000 dólares y ninguna de las infracciones había sido vista por algún juez.

Además las ex funcionarias judiciales están imputadas de cargos de conducta deshonesta oficial y conducta delictiva en segundo grado, que cometieron después del 14 de abril del 2007, fecha en la que comenzó la vigencia la nueva norma de conducta pública contra la corrupción, enfrentarían, de ser halladas culpables un mínimo de 5 años de cárcel, tiempo que es mandatario.

“Cuando una autoridad de la Corte está implicada en efectuar arreglos con las multas de trafico, lo que hace es quebrantar la fe de los ciudadanos que con honestidad pagan sus multas”, dijo la Fiscal General Milgram. “La acusaciones de hoy son un mensaje que los acusados no están por encima de la ley y al final tenemos un sistema de justicia al cual todos tienen que responder”, añadio Milgram. Los cargos de conducta deshonesta en Segundo grado en contra de Molina y Pagan acarrean una sentencia máxima de 10 años en prisión y el pago de una multa de $150,000.
El juez de Asignación Maurice J. Gallipoli del Condado de Hudson, inicialmente investigó las denuncias relativas a las irregularidades en las multas de tráfico en la Corte Municipal de Jersey City. Luego, refirió el asunto a la Oficina del Fiscal General.

Las acusaciones estuvieron a cargo de la Juez de la Corte Superior en el condado de Mercer, Maria Marinari Sypek. El caso de Molina fue asignado al tribunal del condado de Bergen. El caso de Pagán y fue asignado al Condado de Hudson. Ambas deberán comparecer ante el tribunal en una fecha posterior para responder a las acusaciones.

Según la Directora de Justicia Criminal Deborah Gramiccioni, Molina, de 49 años, residente en Jersey City, fue acusada de dos cargos de conducta deshonesta oficial en segundo grado, un cargo de prototipo de conducta deshonesta en segundo grado, un cargo de interferir con los documentos públicos y archivos en tercer grado, y un cargo de falsificación de documentos en cuarto grado.
“Estas acusadas violaron repetidamente la ley con el fin de beneficiarse a sí mismas y a su círculos mas cercanas a ellas», dijo la Directora Gramiccioni. «Afortunadamente, una llamada anónima fin a sus abusos. Alentamos a cualquier persona que si conoce de algún sospechoso de corrupción pública, presente un informe a nosotros», aseveró Gramiccioni.

La fiscal General Milgram, señaló que la División de Justicia Criminal ha establecido una línea telefónica gratuita para que el público informe de la corrupción, la delincuencia financiera y otras actividades ilegales. La línea telefónica contra la corrupción estatal es 1-866-TIPS-4CJ.

Esa ley fue aprobada por la legislatura estatal de New Jersey ante la avalancha de casos de corrupción por parte de funcionarios públicos entre los que figuran alcaldes, senadores estatales, asambleístas, concejales, free holders, empleados administrativos y miembros de la judicatura.

El gobernador John Corzine la promulgó en marzo del año pasado (2007). Tanto la ex jueza como la empleada renunciaron a sus posiciones en septiembre del año pasado para facilitar las investigaciones, pero deberán regresar a la corte para responder por las acusaciones.