Escrito por: Carmen R. Ponce Meléndez
Carmen R. Ponce Meléndez. Economista especializada en temas de género
Miércoles 6 de julio 2016.– Se estima que aproximadamente 30 millones de jóvenes en América Latina, equivalente al 22 por ciento del total, se encuentran desvinculados de los principales ejes de la inclusión social: el sistema educativo y el mercado laboral. De esos 30 millones, 73,5 son mujeres.
Lo anterior, de acuerdo con la información generada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) “Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad”.
Esta situación no sólo implica una importante desventaja en términos presentes y futuros para no caer en condición de pobreza, o para salir de ella, sino que también lleva consigo una etiqueta negativa que les estigmatiza.
El estigma se construye en torno a la idea de que la juventud que no está incorporada al sistema educativo o al mercado laboral son una población de riesgo que se asocia a problemas como la vagancia, la delincuencia, el abuso de alcohol y las drogas.
La realidad es que este grupo de jóvenes es muy heterogéneo y, por esta razón, se hace necesario visibilizar su complejidad y diversidad de situaciones, además de los motivos de la exclusión.
Esto permitiría identificar otros caminos de integración social que está siguiendo este grupo de la población juvenil.
Como se evidenció en un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2014b), el grupo de jóvenes desvinculados del sistema educativo y del mercado laboral está constituido en su mayoría por mujeres (73,5 por ciento) y residentes de zonas urbanas (63,5 por ciento); las excepciones son Guatemala y Honduras, donde la mayoría de estas juventudes viven en áreas rurales.
A pesar de que las diferencias entre tramos etarios no son muy significativas, la mayoría de las personas jóvenes que no estudian ni se encuentran empleadas tienen entre 20 y 24 años (37.5 por ciento) y este número disminuye en el tramo de 25 a 29 años (30,1 por ciento), lo que da cuenta de la característica dinámica y transitoria de la condición de actividad de los jóvenes.
Finalmente, se observan brechas considerables entre los niveles de ingreso, ya que cerca del 50 por ciento de quienes no estudian ni tienen un empleo remunerado pertenecen a los dos primeros niveles de ingreso.
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Como se puede apreciar en la gráfica en el caso de México la diferencia es muy considerable; el nivel de ingreso I tiene un porcentaje de desempleo del 10,6 por ciento, en tanto que para el nivel de ingreso V (el más ato) este porcentaje se reduce a tan sólo 4,4 por ciento. A mayor pobreza mayor desempleo y viceversa. Más de la mitad (55 de cada 100) de las y los jóvenes que no estudian ni se encuentran empleados se dedican a tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado.
Este hecho evidencia una distinción de género, ya que la gran mayoría de las personas jóvenes que se dedican a esta actividad son mujeres y el tiempo que destinan a eta tarea es muy superior a los hombres.
Tampoco debe obviarse el alto costo que esto tiene en la trayectoria de oportunidades futuras de estas mujeres, que las hace dependientes económicamente de otras personas y dificulta su inserción en el mercado laboral.
Este es un costo al que los hombres jóvenes que abandonan el sistema educativo no se enfrentan en la misma medida, puesto que compensan la falta de educación formal con experiencia laboral, algo relativamente bien valorado en el mercado de trabajo.
Otro grupo de jóvenes que se encuentran inactivos, y que es importante visibilizar, es el que está conformado por jóvenes que tienen alguna discapacidad que los inhabilita de manera permanente para trabajar y que muchas veces les impide seguir una trayectoria educativa.
Si bien las encuestas no permiten indagar los tipos de discapacidad, sobre la base de información disponible para 18 países se da cuenta de que el 5 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años que no estudia ni está empleado presenta esta condición.
Dentro de las recomendaciones que formula Cepal sobre esta problemática es disponer de una oferta educativa formativa y flexible, pertinente a las necesidades del mercado laboral.
El eslabón entre el sistema educativo y el mercado laboral debe reforzarse tomando en cuenta ámbitos tan importantes como los espacios de formación técnica y vocacional, particularmente al de la secundaria.
A su vez, se sugieren estrategias que apunten a mejorar la empleabilidad mediante educación, formación y competencias, programas de inserción laboral (pasantías y aprendizajes), y programas de iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia (OIT, 2013a). Estas iniciativas deben buscar la articulación de la variada oferta educativa (y de capacitación) con las demandas proyectadas de fuerza laboral con diversos tipos de calificación.
Carmen R. Ponce Meléndez. Economista especializada en temas de género