Buenos Aires, lunes 12 de septiembre 2016.- (EFE).- Un juez federal argentino llamó hoy a declarar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado Julián Ercolini accedió así a la petición de la Fiscalía y determinó que la exmandataria Fernández (2007-2015) se presente en declaración indagatoria el próximo 20 de octubre por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, quien también fue citado a declarar.

La Justicia ve indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz beneficiando a Báez, actualmente detenido por presunto lavado de dinero y quien fuera estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Además, 34 políticos y empresarios fueron llamados a indagatoria, entre los que se encuentran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner y el exsubsecretario Obras Públicas Abel Fatala.

El juez dictó como medida cautelar la inhibición (bloqueo) general de bienes de 17 de los citados, entre ellos la ex jefa de Estado. En su dictamen, Ercolini recuerda que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques remarcaron en su acusación que entre 2003 y 2015 los imputados integraron una “organización criminal”, ideada para “beneficiarse ilegítimamente” con el dinero público en “consecuente y grave detrimento” de las rentas de la Nación.

“A su vez, arguyeron que existían elementos demostrativos de sistemáticas irregularidades en distintos procesos licitatorios para varias decenas de ejecuciones viales”, dijo el magistrado y añadió que en todos los casos, beneficiaron a Báez a través de distintos formatos societarios. A su vez, este último “no podría justificar el origen lícito del sorpresivo poderío económico que supiera detentar”.

Ercolini añadió que en la causa se encuentran incorporados “elementos de convicción bastantes” como para fundamentar la “verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio”, y los “consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra”.

Este caso se inició en 2008 a raíz de una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió. Báez, principal adjudicatario de obra pública durante el kirchnerismo en el sur del país, permanece detenido desde abril en el marco de otro expediente, conocido como “Ruta del dinero K (Kirchner)” por presunto lavado de dinero.

Su nombre aparece también en otras causas en las que se investigan presuntos manejos irregulares en sociedades de la expresidenta Cristina Fernández y su entorno familiar. Es así que el juez Ercolini recordó hoy que en su juzgado también está en trámite otro expediente dirigido por él, conocido como “Hotesur” -empresa administradora de hoteles de la que la exmandataria es accionista-, en la que se investigan “presuntos retornos a la ex familia presidencial”, que “provendrían de los fondos obtenidos ilícitamente a costa del erario público”.

“Efectivamente, esa pesquisa tiene por objeto determinar si parte de los aquí imputados fueron beneficiados por los pagos que distintos empresarios, favorecidos por el Estado, habrían realizado a su favor, a través contrataciones con relación a sus complejos hoteleros”, agregó Ercolini.

“Y si ello les habría permitido otorgarle el carácter de legal al dinero percibido a través de la espuria asignación de obra pública”, sentenció el juez. Además, la expresidenta es procesada por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar en el Banco Central al final de su mandato. EFE