Escrito por: Isabel Leticia Leclerc

Santo Domingo.- Un grupo de 43 sacerdotes y fieles de la iglesia Católica denunció ayer lo que calificó de “sufrimiento e injusticia” generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que afecta a hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país.

“Esta disposición arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones”, denunciaron los religiosos. “Estamos indignados de que se quiera despojar de sus derechos a miles de personas. Pedimos al gobierno que respete la ley; una sentencia no puede estar por encima de la Carta Magna”, alegan.

El sacerdote Abrahán Apolinar, quien leyó un documento en nombre del grupo, indicó que esa sentencia debilita el estado de derecho en el país e incrementa la vulnerabilidad y se vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecidos en la Constitución en los artículos 74.4 y 110.

“Desde nuestro trabajo pastoral damos testimonio de que la aplicación de las medidas que legaliza la sentencia injusta ya ha provocado heridas profundas en la vida de dominicanos y dominicanas afectadas, con los que compartimos nuestra fe. El derecho a la nacionalidad es un derecho adquirido, a quienes se les vulneren esos derechos la iglesia estará ahí para acompañarlos”, destacó.

Sostuvo que como miembros de la iglesia y agentes de pastoral, su trabajo está focalizado en acompañar el sufrimiento de los excluidos, defender la vida en toda circunstancia de abuso y reforzar su compromiso de servir con justicia y fraternidad.

En cuanto a la petición de un grupo de juristas de que se identifiquen y sean sometidos a la justicia los responsables de los fraudes en el registro civil dominicano, Apolinar manifestó que toda acta de nacimiento que se haya logrado con fraude debe ser llevada a la justicia.