Escrito por: Jean-Michel Caroit

SANTO DOMINGO.- Sesenta y cinco años después que el dictador Trujillo (1937), ordenó la masacre de más de 15,000 haitianos negros inmigrantes para “blanquear la raza”, la decisión del  tribunal  constitucional dominicano de despojar de  la nacionalidad dominicana a los dominicanos descendientes de haitianos, de nuevo provoca la preocupación de la comunidad internacional y la indignación de los defensores de los derechos humanos.

A finales de septiembre, el Tribunal Constitucional, creado por Leonel Fernández y cuyas decisiones siempre responden a su mandato e intereses políticos,  consideró, retrospectivamente, que los descendientes de los inmigrantes “en tránsito”, nacidos después de 1929 no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.
 
Denunciada como un “genocidio civil”, esta decisión convierte a los descendientes de los migrantes en apátridas, no obstante, el derecho al suelo estuvo vigente hasta la Constitución de 2010. El Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa describió la sentencia como una “aberración jurídica que parece directamente inspirada en las famosas leyes nazis”. Criticada en una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a finales de octubre, la República Dominicana argumentó que las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables.
 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, confió el caso a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus decisiones son vinculantes para los Estados miembros y el Tribunal de Justicia dictaminó en 2005 que el estatus migratorio de los padres no puede menoscabar el derecho a la nacionalidad de sus hijos.
 
La imagen de la República Dominicana, el primer destino turístico de la región, se ha visto seriamente afectada por la decisión del Tribunal Constitucional. Los países de la Comunidad del Caribe, de la cual Haití es miembro, fueron los primeros en denunciarla. Uno de los principales donantes, la Unión Europea, se mantuvo tranquila después de recibir garantías de que no habría deportaciones masivas hacia Haití, donde la situación política continúa deteriorándose.

La controversia ha dividido profundamente a la sociedad dominicana. Los jesuitas están entre los defensores más dinámicos de los “desnacionalizados”, mientras que el jefe ultraconservador de la Iglesia Católica, el cardenal López Rodríguez, es un portavoz del campo “nacionalista”, que denuncia un presunto “plan” de las grandes potencias, con Estados Unidos y Francia a la cabeza, para “fusionar la isla” y quitarse de encima el “problema haitiano” en detrimento de República Dominicana.

Recientemente homenajeado por la Universidad de París VIII y la UNESCO, el ex presidente Leonel Fernández es uno de los grandes líderes del rumbo derechista y xenófobo de su partido y de esa opinión. Fernández seleccionó a los miembros de las “altas cortes”, incluido el Tribunal Constitucional.
 
El sucesor de Fernández, el presidente Danilo Medina, no ha querido desafiar su poder, particularmente, en cuanto al problema migratorio.