La CIDH se encuentra en República Dominicana investigando las consecuencias  inhumanas y racistas de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que preside Milton Rey Guevara.

SAN PEDRO DE MACORIS. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que llegó al país  para investigar la violación de los Derechos Civiles a miles de dominicanos hijos de inmigrantes haitianos víctima de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional  de Leonel Fernández Reyna y Miguel Vargas Maldonado,  se trasladó este miércoles al Batey Don Juan, del municipio de Consuelo, en esta provincia, donde recibió denuncias de  centenares de ciudadanos  dominicanos  despojado de su nacionalidad.

El encuentro se realizó en el Centro Jesús Peregrino del referido batey, que es dirigido por la religiosa sor Idalina Bordiñón.

Allí fueron  llevados en minibuses cientos de dominicanos de color,  hijos de haitianos, a quienes se les recibieron sus quejas y denuncias sobre la sentencia 163-13 del Tribunal Constitucional, que ha provocado el rechazo de vastos sectores del país y el repudio de la comunidad internacional.

En la sesión se escuchan opiniones de las víctimas de la sentencia racista, quienes mostraron sus documentos de identidad y de labores que han estado realizando.

Empero, reconocidos grupos  xenofóbicos y neo nacionalistas, encabezado por el abogado Vincho Castillo, el Cardenal López Rodríguez, el presidente de la Junta Central Electoral Roberto Rosario y con el apoyo del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, un aliado del gobierno del gobierno de Danilo Medina, y de Leonel Fernández y del  gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han objetado la visita de la CIHD calificándola de intromisión grosera de la soberanía nacional.

Desde la llegada al país, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cientos de personas se han presentados ante esta Comisión), para  denunciar  ante la misión, la cual se encuentra en territorio dominicano con la finalidad de supervisar y analizar el alcance de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

 Se recuerda que el l Tribunal Constitucional reconoció en agosto pasado la competencia de la CIDH.

En su numeral 10.11, la sentencia del Tribunal Constitucional  dice textualmente lo siguiente: “10.11. República Dominicana es parte integrante de la Convención Americana de los Derechos Humanos suscrita en San José, Costa Rica, en el año mil novecientos sesenta y siete (1967), por haberla ratificado mediante la Resolución núm. 739, de fecha veinticinco (25) de diciembre de mil novecientos setenta y siete (1977), del Congreso Nacional, publicada en la Gaceta Oficial Núm. 9460, de fecha once (11) de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978). Posteriormente, aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano consultivo y contencioso, el veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)».

Quienes han participado han manifestado  nunca han negado su ascendencia, pero entienden que la sentencia del referido tribunal, los perjudica grandemente, ya que sus antecesores han pertenecido a generaciones con las cuales no tienen ningún vínculo.

La comisión de la CIDH está compuesta por Elizabeth Abis Merched, Dinah Shelton, Rosa María Ortiz y Felipe González.

Entre los participantes ante la CIDH en San Pedro de Macorís  estuvieron la doctora Noemí Méndez, quien frecuentemente lleva casos de nacionales haitianos ante los tribunales de esta ciudad, el doctor Mario Spencer (Jeico) y José Antonio Ozoria, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.

Desde el batey Don Juan, en el municipio de Consuelo, la referida comisión se trasladará a la provincia de La Romana, para realizar una actividad similar.

La Comisión, recibe un amplio número de denuncias de dominicanos y extranjeros por igual – tanto por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 u otro caso –, quienes exponen sus situaciones para luego ser analizados y determinar si pueden ser procesados a través ese organismo.

Entre los casos expuestos se encuentra Joel Guzmán, quien dice haber nacido en República Dominicana hace 23 años. Explica que su madre se encuentra estable en el país y su padre viaja (a Haití) “a veces”.

Relata que ha recibido diversas razones para no obtener el documento de identidad y electoral, entre ellas, que “deben esperar la resolución de las autoridades”. Indica que no ha podido obtener la cedula debido a problemas con su acta de nacimiento.

Otro caso es el de la señora Miriam Pie, radicada en el país desde el 16 de enero de 1962, y quien dice que de forma directa no ha tenido ningún inconveniente hasta la fecha. Señala que desea solicitar documento, admitiendo que el mismo no ha sido negado.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, cuestionó ayer la metodología empleada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus indagatorias sobre la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional,  calificando sus actuación de “invasiva, injerencista, y poco respetuosa de lo que debe ser un organismo internacional”, con relación a un Estado.

Al cuestionamiento de Rosario, Rose Marie Belle, comisionada de la CIDH, respondió que la CIDH no necesita reunirse con nadie para estudiar la sentencia 168-13.

Señaló al respecto que  fue el Tribunal Constitucional que evacuó una sentencia “discriminatoria” contra centenares de personas de ascendencia haitiana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dijo que no vino a la República Dominicana a reunirse con ese organismo.

«Podemos leer y analizar la decisión que han tomado sin reunirnos con ellos», expresó. Asimismo, dijo que la situación en los bateyes es «deprimente”, por lo que recomendó mejorar el pago por el corte de tonelada de caña.

La vocera de la comisión adelantó que preparan un informe del que no pueden revelar ningún tipo de detalles, aunque garantizó que aportará a la solución del problema.

Los representantes de la CIDH visitaron este miércoles la provincia de San Pedro de Macorís donde escucharon testimonio de centenares de afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional cuyos integrantes, al igual que las demás Altas Cortes, fueron escogidos y designados por el entonces presidente de la república Leonel Fernández y el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado, por lo que las decisiones que asume por lo regular sirve a los intereses políticos y personales  de Vargas y Fernández.