Escrito por: Lic. Jorge Luis Polanco

Santo Domingo, DN.- martes.- 1ro.- octubre.- 2019.- El derecho a la libre expresión tiene dos dimensiones: El derecho a buscar la información y el derecho de la ciudadanía a recibir la información. Esta es la única manera en que una sociedad democrática tenga conocimiento sobre los temas de interés colectivo.

En atención a esos derechos, quien suscribe hizo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública y de los registros civiles, encontrando las siguientes informaciones:

El señor Gonzalo Castillo, en representación del Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones, autorizó y consintió tres contratos, grado a grado, es decir, sin licitación pública, a fin de recibir el suministro de cemento asfáltico denominado Ac-30, en beneficio de una empresa llamada Grupo Asimra, SRL. Dichos contratos en su conjunto tienen una vigencia aproximada de siete años, desde junio del año 2013 a noviembre del año 2020; resultando que por suministro de Ac-30, Grupo Asimra, ha recibido del Estado Dominicano, recursos públicos, por más de mil millones de pesos, sin licitación pública, llamando poderosamente nuestra atención que para justificar la facultad de otorgar esos contratos de grado a grado para beneficiar a esta empresa se clasificó bajo la denominación de “ suplidor exclusivo”.

En adición a esa suma multimillonaria, al Grupo Asimra se le pagaron otros cien millones de pesos, sin el amparo de licitación pública ni contrato de ninguna índole por concepto de construcción y reconstrucción de obras viales.

En otro orden, se ha establecido la vinculación entre el Grupo Asimra y la señora Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez, toda vez que esta firmó en nombre y representación de la empresa, con el ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, los dos últimos contratos.

Maybeth Virginia Rodríguez Sánchez es hermana del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, e hija de la actual embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Alemania.

La señora Rodríguez Sánchez laboró por lo menos de septiembre del año 2012 a septiembre del año 2013, como asistente en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, devengando un salario de RD$60,000.00 mensuales, institución que pago RD$40,000.000 a Grupo Asimra, por concepto de construcción de calles, aceras y contenes, sin previa licitación, y sin haber intervenido contrato de ninguna índole.

Los hechos expuestos obligan a la correspondiente rendición de cuentas. Gonzalo Castillo estaba obligado en el ejercicio de sus funciones a cumplir con la constitución y las leyes, pero, sobre todo a cuidar como buen padre de familia el patrimonio público sin consentir los privilegios irritantes e ilegales que cuestionamos públicamente.