REPUBLICA DOMINICANA, 23 sep (EFE).- Menos de un 1 % de las personas a las que está dirigida la Ley 169-14, que establece un régimen especial para nacidos en el territorio nacional inscritos irregularmente en el registro civil y sobre naturalización, ha podido beneficiarse de la iniciativa, según los últimos datos de la ONU a los que tuvo acceso hoy Efe.

Dicha ley, aprobada tras la problemática generada a partir de la sentencia 168-13 publicada hace hoy un año por el Tribunal Constitucional (TC), está dirigida a las personas nacidas en el territorio nacional de padres extranjeros no residentes inscritos en los libros del registro civil y a las personas nacidas en el territorio nacional de padres extranjeros en situación irregular que no figuran inscritos en el registro civil.

Los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que menos de 1 % de estas personas ha podido beneficiarse de dicha ley, mientras que el resto sigue a la espera de que el Estado les dé una solución para obtener sus documentos de identidad.

La ONU atribuyó la situación a que todavía no están todas las unidades de ejecución funcionando o funcionan con mucha limitaciones y de manera lenta.

De acuerdo con el organismo, en 15 de las 32 provincias del país no hay unidades de ejecución para dicho plan.

Al mismo tiempo, dijo, que es recurrente la falta de electricidad y las fallas del sistema informático en los centros, al tiempo que subrayó la fatal de información a la población afectada.

Los datos suministrados por la ONU precisan que a los afectados se les piden requisitos que no estaban previstos en la ley y su reglamento.

Como resultado de estas limitaciones, señaló, hasta ahora, cerca de 30 días para que venza el plazo, solo a unas 500 personas se les ha aceptado la solicitud de inscripción en el Libro de Extranjería para eventualmente optar por la naturalización.

La ONU criticó la lentitud de la Junta Central Electoral (JCE) para devolver las actas de nacimiento y cédulas de identidad a los afectados, de los que solo a 800 se les ha liberado la documentación.

Ante esta situación, la ONU llamó a la JCE, el Congreso Nacional y el Gobierno a extender el plazo de 90 días a mínimo ocho meses, abrir las oficinas del Ministerio de Interior y Policía en todo el país, que aplican la ley 169-14.

Asimismo, realizar campañas para informar a los afectados y dejarles de exigir documentos fuera del marco de la ley.

La ONU pidió específicamente a la JCE devolver rápidamente los documentos a los afectados, al tiempo que abogó porque que la ley beneficie a los nacidos después de 2007.

La ley fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional tras la sentencia emitida por el TC el 23 de septiembre de 2013 que decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos, lo que provocó el rechazo de gran parte de la comunidad internacional y dividió a la opinión publica en el país.

La decisión inapelable del TC fue tomada a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis,dominicana de padres haitianos, contra la JCE por una sentencia de un juzgado de primera instancia de Monte Plata, donde ella nació, que le negó el otorgamiento de la cédula de identidad y electoral.

El TC argumentó en su sentencia que, conforme al artículo 11.1 de la Constitución dominicana de 1966 (vigente a la fecha de nacimiento de Deguis Pierre), a la mujer no le corresponde la nacionalidad dominicana, y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral.

El pasado 1 de agosto la JCE entregó la cédula de identidad y electoral a Deguis tras un proceso de revisión de datos. EFE