REPUBLICA DOMINICANA, 28 oct (EFE).– Amnistía Internacional (AI) alertó hoy de que personas que han denunciado tortura en República Dominicana han recibido amenazas policiales.
AI denunció el caso de una mujer identificada como Ana Patricia Fermín, quien, de acuerdo con el organismo, lleva recibiendo amenazas de muerte de miembros de la Policía desde abril, cuando denunció que dos de sus familiares habían sido torturados bajo custodia policial en la zona norte de las afueras de la capital.
Su esposo y uno de los torturados murieron por disparos de la Policía en septiembre en un supuesto intercambio de disparo, según un comunicado de la organización divulgado hoy en Santo Domingo.
AI explicó que el 29 de abril pasado el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo ordenó la detención preventiva de tres policías por la presunta tortura sufrida el 12 de ese mes por Luis Manuel Lember Martínez y Eduardo Luis Cruz en el sector Los Alcarrizos, en la capital dominicana.
Desde que Fermín denunció la tortura, tanto ella como su esposo, Mélido Florián Peña Rodríguez, y los dos torturados denunciaron públicamente haber recibido amenazas de muerte, pero las autoridades dominicanas no pusieron en marcha medidas de protección, señaló AI en su información.
De acuerdo con AI, el día que el Tribunal ordenó la detención preventiva de los policías, uno de ellos dijo a Fermín y a su espos «Les damos 6 meses de vida».
El 24 de septiembre, la Policía dominicana anunció que había matado a Peña Rodríguez y Eduardo Luis Cruz en un intercambio de disparos cerca de Nagua, en el norte de la República Dominicana.
Los familiares de los dos hombres afirman que ambos fueron secuestrados en la tarde cuando salían de un bar en Los Alcarrizos, por unos individuos encapuchados que viajaban en furgonetas blanca y negra.
Sus cadáveres se encontraron más tarde abandonados junto con los de otros dos hombres cerca de Nagua.
De acuerdo con la información, la familia de la víctima narró que ese mismo día 34 familiares de Peña Rodríguez fueron detenidos por la Policía en su velatorio.
Todos ellos, entre ellos su esposa, quedaron en libertad entre el 25 y el 26 de septiembre.
Fermín aseguró en la información que la Policía la detuvo en otras dos ocasiones y la llevó a la comisaría local, aunque en ningún momento la presentaron ante un fiscal o la acusaron formalmente.
Asimismo, ha asegurado que la Policía registró su casa en nueve ocasiones entre mayo y septiembre, y que ha visto una furgoneta roja sin placas de matrícula aparcada delante de su casa, la última vez el 19 de octubre.
AI denunció que las víctimas de la presunta tortura, sus familias y los testigos aún no han recibido medidas de protección, pese a haber denunciado públicamente amenazas de muerte que pueden proceder de agentes de policía.
Asimismo, dijo que aunque los informes de tortura y otros tratos crueles e inhumanos son habituales en la República Dominicana, no son muchas las víctimas que presentan denuncias oficiales ante las autoridades judiciales.
AI apuntó que muchas de las víctimas argumentan que no presentaron una denuncia judicial porque no tenían fe en el sistema de justicia, sobre todo porque aquellos que habían cometido abusos contra ellas eran precisamente las personas a las que el Estado había encomendado hacer valer la ley.
La entidad defensora de los derechos humanos señaló que sus investigaciones sugieren que en muchos casos los agentes de policía de República Dominicana incumplen las normas internacionales y el derecho dominicano y usan fuerza desproporcionada a la amenaza a la que se enfrentan. EFE